Sin controles, abusos y caos

Cada vez más las empresas invierten en controles para evitar lo que admitió Rivero: “Sobró confianza y faltaron controles”. Cuando eso ocurre en el Estado, el exceso de confianza se apoya en afinidades partidarias que le impide a la administración proteger el dinero de todos. La diferencia con las empresas privadas es que las pérdidas del Estado salen del bolsillo de los contribuyentes.

Alguna información ha permitido avanzar, como en la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec). Un video muestra a un funcionario que sustrae y destruye documentos que presuntamente comprometían al exdirector del Frente Amplio, Nicolás Cendoya. El fiscal Diego Pérez solicitó formalizarlo por tres delitos de abuso de funciones; también pidió formalizar a Gabriel Lombide, expresidente del organismo, por abuso de funciones.

Para acercarnos en el tiempo, la gestión del diputado colorado y exministro de Turismo, Germán Cardoso, derivó en una denuncia penal del Frente Amplio. El punto de partida fueron declaraciones a Búsqueda del exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, quien, debido a que controló, reveló irregularidades de Cardoso y precipitó su renuncia. La investigación en notas sucesivas de Guillermo Draper y Santiago Sánchez dejaron al diputado en falsa escuadra, por decir lo menos.

El Ministerio del Interior, el de antes y el de ahora, acumula descontroles con tres fugas notorias. La del mafioso Rocco Morabito el 24 de junio de 2019 de la Cárcel Central, la de Hugo Pereira del ex-Comcar el 14 de agosto de 2021 y la de Stefanía Quirque el 14 de setiembre. Quirque estaba en prisión domiciliaria y la jueza dispuso que se le colocara una pulsera electrónica y en caso contrario se efectuara control policial. Ni una cosa ni la otra. El ministro Luis Alberto Heber responsabilizó a la jueza porque “debería haber tenido alguna medida cautelar más importante”.

El colmo del descontrol fue el descubrimiento de un recluso del ex-Comcar que durante 60 días fue “secuestrado” por otros reclusos, torturado y sometido a pasar hambre. Lo descubrió la dirección del centro carcelario y el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, formuló la denuncia en la Fiscalía General. Las autoridades deberían hacer cola para renunciar.

Dos hechos recientes en el Poder Judicial y otros similares en años anteriores llevan a preguntarse si no es necesario que los jueces sean sometidos a pericias psicológicas durante su carrera. Hoy solo se perician cuando pretenden ingresar al Centro de Estudios Judiciales. Luego de ingresar se convierten en los funcionarios del país con más poder: deciden la prisión de las personas, montos para indemnizar, conflictos laborales y destinos de menores, entre otros. Acostumbrados al ejercicio de un poder casi sin límites, su personalidad puede cambiar al igual que su evaluación psicológica. La psicología estudia la conducta humana y los procesos mentales que pueden cambiar con el transcurso del tiempo.

Dos juezas con más de 10 años de ejercicio han sacudido recientemente a la opinión pública. María Sánchez Ruiz, letrada de Rivera, fue procesada por peculado, reiterados delitos de abuso de funciones y violencia privada. Encubrió a su pareja, que había robado en el juzgado, y esgrimiendo su condición de jueza amenazó a varias personas para que no formularan otras denuncias contra el hombre.

En Salto, la intendencia denunció que el 24 de agosto la jueza penal María Berenis Peinado circulaba como acompañante de un auto que conducía su pareja, un abogado. Inspectores municipales le hicieron al hombre una espirometría que dio positiva, por lo que correspondía la incautación del vehículo. La jueza intercedió para que no le retiraran el coche y mantuvo “un entredicho” con los inspectores y policías, relató a El País Henry Albuquerque, director de Movilidad Urbana de la comuna. Opinó que “su intención de amedrentar a los trabajadores por ser magistrada no fue una actitud correcta”.

La Corte hizo propio el Código Iberoamericano de Ética mediante la Acordada 7.688 del 28 de julio de 2010, que establece las pautas de comportamiento de los magistrados. Sus normas de conducta deben ceñirse a honestidad profesional, diligencia, prudencia, transparencia e integridad.

El amor y el ejercicio del poder parecen nublar la razón.