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En más de un sentido, la campaña que está en curso de cara a las próximas elecciones nacionales resultará bien diferente a las de los años 2009 y 2014.
No se trata solamente de que por primera vez desde que accediera al gobierno el 1º de marzo de 2005, el Frente Amplio tiene un riesgo cierto de perder el poder, según las distintas encuestas de intención de voto. A diferencia de las dos instancias electorales anteriores, la “ola progresista” que se había adueñado de la mayoría de los países de América del Sur se ha venido replegando. Pero quizás la mayor diferencia radica en que el contexto económico en el que se desarrolla el actual proceso electoral es totalmente otro, tanto por el cambio en el entorno regional e internacional como por los problemas propios en la economía: un crecimiento muy modesto que no genera empleos; baja rentabilidad y competitividad de varios sectores productivos; escasa inversión —y con el Ferrocarril Central y la eventual segunda planta de UPM como apuesta de esperanza—; así como un déficit fiscal récord en décadas.
Este panorama difícilmente mejore en los próximos meses y podría mantenerse incluso durante buena parte del 2020; por lo pronto, ni los gobernantes actuales ni quienes aspiran a sucederlos tienen ningún espacio para vender “espejitos de colores” y realizar promesas de cambios fáciles e indoloros. Hacerlo sería irresponsable.
Con un déficit fiscal que se mantiene por encima de 4% del Producto Bruto Interno (quitando la distorsión de los ingresos extraordinarios por la desafiliación de las AFAP de los llamados “cincuentones”), es difícil poder asegurar, como ocurrió en el 2014, que no habrá a mediano plazo un ajuste fiscal. Si el Frente Amplio insiste en “profundizar” sus “políticas sociales” en un eventual cuarto período, tendrá que decir con claridad qué impuestos debería aumentar para conseguir los recursos para poder hacerlo y para hacer frente a la deuda acumulada en estos últimos años. Porque una reaceleración significativa del crecimiento económico como para financiar eso con más ingresos, parece improbable.
La oposición está algo mejor parada en este sentido, ya que al fin y al cabo todas las decisiones de gasto en estos últimos 15 años fueron realizadas por el Frente Amplio en gobiernos con mayorías parlamentarias. Decir que es muy difícil bajar el gasto porque 80% es “endógeno” —como ha señalado el ministro Danilo Astori en varias oportunidades— es, en este contexto, políticamente inconsistente, ya que una parte sustancial de la “endogeneidad” la creó el propio Poder Ejecutivo aumentando el número de funcionarios públicos, con la “flexibilización” del régimen jubilatorio y por una permanente compulsión a gastar cualquier aumento de ingresos generada en la época de alto crecimiento económico. Con ese tipo de decisiones, los supuestos “espacios fiscales” se transformaron en los agujeros negros actuales.
Pero si la oposición se queda solamente en el discurso de que “vamos a mejorar la gestión”, y esa será la forma de mantener las actuales políticas sociales, bajar impuestos (desde el IASS a las tarifas públicas, como algunos precandidatos han comenzado a prometer) y volver a poner las cuentas del Estado y la deuda pública en una trayectoria sostenible, seguramente arrancará con un déficit muy grande de credibilidad, más allá de que, a la luz de los resultados que ha conseguido el gobierno en materia de educación, seguridad y salud, habrá mucho por corregir.
No se vislumbran salidas fáciles frente al actual estado de las cosas, y todos los que están participando en la disputa electoral deberían ser conscientes de ello. Basta mirar lo que está pasando en Argentina para ver lo que puede ocurrir en caso de generar expectativas desmedidas.
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