Sin moña, un niño es un paquete

La columna de Gabriel Pereyra

7 minutos

Nº 2187 - 18 al 24 de Agosto de 2022

Aún recuerdo la satisfacción de mi madre cuando llegaba el día de cobrar la Asignación Familiar (AF) que le pagaban cada dos meses por enviarnos a mi hermano y a mí a la escuela, y que significaba un alivio económico, más no fuera para reducir la eterna deuda con el almacenero. Y eso que no formábamos parte de la legión de chiquilines que, hace ya medio siglo, solo comían lo que le daban en el comedor de la escuela, y además vivíamos como a tres cuadras de donde empezaban los ranchos de lata. Hace medio siglo, y la sociedad ya pedía a gritos un yeso para enmendar la fractura.

En estos días el gobierno anunció que les suspenderá el pago de AF a las familias de 11.000 niños porque estos no van a la escuela o al liceo. No es un asunto de este gobierno.

En 2013, cuando esta asistencia se empezó a controlar, durante uno de los gobiernos del Frente Amplio, se les suspendió la AF a 32.558 familias.

Este asunto de las AF plantea, por un lado, el manido debate de si las prestaciones sociales deben estar condicionadas al cumplimento de contrapartidas, pero por otro lado se trata de una asistencia que tiene directa relación con la que posiblemente sea, o debiera ser, la principal política social: la educación.

Sobre lo primero, están las dos bibliotecas acerca de los beneficios o no de pedir contrapartidas a la hora de conceder una prestación social.

Antoni Manzi, director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, escribió en su cuenta de Twitter que “la evidencia muestra, en general, impactos favorables en matriculación/asistencia”, pero que “diferenciar” el impacto de la transferencia con el que tiene la condicionalidad “no es tarea fácil”.

Lo que quizás sí sea fácil de advertir es el impacto que tiene para una familia pobre la suspensión de este beneficio. ¿Y si mi madre no nos obligaba a ir a estudiar?, ya fuera por irresponsable o por el exceso de las responsabilidades que recaían sobre sus hombros al tener que trabajar, cuidarnos y mantenernos en soledad ¿qué culpa teníamos mi hermano y yo? ¿Y qué culpa tenía mi hermana, que no estaba en edad escolar pero que también se alimentaba de ese dinero? ¿Por qué el Estado castiga con más pobreza a niños que no son responsables de la decisión de ir a estudiar?

El 70% de las AF que se suspendieron en 2013 lo fueron por jóvenes que no asistían al liceo. ¿Cómo hace una madre sola, en un contexto de vulnerabilidad social, para obligar a un adolescente de 16 o 17 años a que vaya al liceo? Y si no lo logra, entonces el Estado no le paga la AF y con ello sufren todos: ella, los adolescentes en edad liceal y la legión de hermanos de todas las edades que, otra vez, sin comerla ni beberla son empujados a más pobreza por una decisión política tomada hace décadas, que se mantiene, y cuya eficacia es discutible.

“¿Qué razón de fondo podría esgrimirse para no asegurar un mínimo nivel de consumo básico a los hogares con niños fuera del sistema educativo? ¿El acceso a umbrales de consumo alimentario o vestimenta es un derecho condicionado?”, se preguntaba el economista Rodrigo Arim, actual rector de la universidad pública, en un artículo publicado en la diaria en 2017.

Es de suponer que aquellos hogares donde sus integrantes estudian, tendrán un futuro con más posibilidades de movilidad social. Los que, por las razones que sea, se alejan del estudio, se verán más perjudicados. ¿No? Bueno, ¿hacia dónde se enfoca esta política social de la AF?, a sancionar a los que se verán afectados por la irresponsabilidad de los adultos, o por tener estos demasiadas responsabilidades, o por una decisión consciente y presuntamente errada; presuntamente porque es muy fácil teorizar sobre el impacto futuro que tendrá la educación cuando el hambre, el frío y las cuentas golpearán a la puerta mañana por la mañana, y muchos adolescentes se verán obligados a salir a trabajar para ayudar a parar la olla. A mí, por ejemplo, me pasó a los 13 años.

Es paradojal que se les suspenda el pago a familias pobres por una prestación que está directamente vinculada a la educación, a la desastrosa educación pública que el Estado les da a los más pobres.

Cuando en 2013 el Frente Amplio suspendió el pago de la AF a más de 30.000 familias pobres por incumplir su obligación de enviar a sus hijos a estudiar, el entonces presidente del Codicen, Wilson Netto, “resaltó las dos características principales de la educación uruguaya”, informó el portal de Presidencia: gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria, Ok, ¿y buena? El Estado reclama a los pobres cumplir con sus obligaciones, pero no se impone a sí como una obligación el dar a los más débiles una educación digna, para que en el futuro no necesiten de la caridad estatal ni de la decisión de gente que del hambre solo sabe que está en el diccionario antes que la palabra urna, o voto. Bueno, deberían saber.

Una de las razones que antecede al abandono educativo son las altas tasas de rezago y repetición. ¿Qué ayuda les da el Estado a estos estudiantes para que sigan adelante a pesar de que de pronto sus problemas devienen de una primera infancia donde la asistencia llegó tarde o mal y ya no podrán alcanzar el tren?

Casi nueve de cada 10 centros educativos carecen de materiales para trabajar con alumnos con problemas graves de aprendizaje.

Dos de cada 10 escolares terminan la escuela en los grados más bajos de lectura según las pruebas Aristas. En Matemática son tres de cada 10. Si en vez de las Arista nos remitimos a las Pisa, entonces en Matemática son cinco de cada 10 los que terminan en el fondo de la tabla. Eso si tomamos los datos generales, porque si separamos a los alumnos por contexto socioeconómico, las diferencias son de casi 35 puntos porcentuales.

Otros países de la región tienen niveles similares, pero en ellos terminan la secundaria entre 60% y 86%, mientras que en Uruguay solo concluye un 40%.

Podría seguir citando datos de este tipo. Lo que no podría citar son demasiados actos de responsabilidad política en torno a este asunto.

A este sistema educativo es que les pedimos a los más pobres que se comprometan a enviar a sus hijos, y si no lo hacen, le cortamos los víveres.

Algunos pobres no cumplen con su obligación de enviar a sus hijos a estudiar. La mayoría de los dirigentes no cumplen con la obligación, que deberían asumir, de generar las condiciones para ofrecer una educación digna.

Para cerrar, ¿saben de cuánta plata hablamos en las AF? Viendo los montos, la vida de los niños en Uruguay debería considerarse no tanto bajo las leyes de la democracia, ante las que todos somos iguales, pero algunos, lo sabemos, son más iguales que otros, sino bajo las leyes del mercado, donde se supone que los bienes escasos son los más valiosos, y vaya si en este país los niños son un bien escaso. En las AF, las combinaciones en caso de tener un hijo en Primaria y dos en Secundaria, y así, son infinitas. Simplificando: si tiene un hijo en Primaria, la AF es de $ 2.158; ya por un segundo hijo en la escuela no se cobra lo mismo sino $ 1.563, y por el tercero $ 901. ¿Quién habló de fomentar la natalidad? Si por esas cosas de la biología decide tener siete hijos y los manda a todos a la escuela, por el séptimo cobrará $ 612. En tal caso, permítame un consejo: si le salen todos varones, aléjelo de la luna llena, porque con esa plata un lobizón se le muere de hambre.