Síndrome de Estocolmo

El episodio que dio nombre a este desorden psicológico ocurrió el 23 de agosto de 1973, cuando Jan Erik Olsson intentó asaltar un Banco de Crédito en Estocolmo, Suecia. Al verse acorralado, tomó de rehenes a cuatro empleados, tres mujeres y un hombre. Pese a haberlos atado y amenazado de muerte, dos de las rehenes se pusieron de su lado y lo protegieron de la Policía. Con el tiempo, los especialistas se dieron cuenta de que esa situación se repetía una y otra vez y respondía a una reacción involuntaria, que hoy afecta a uno de cada cuatro secuestrados, según datos del FBI.

Y no es que abolir el Estado sea la solución. Lejos de eso, con él se consolidó la civilización actual y su fortaleza y eficiencia son las características de los países más prósperos del mundo. El problema es otro. La enfermedad se produce cuando ese cimiento tan necesario para el progreso es utilizado para construir edificios con materiales muy poco fiables o para generar un techo que solo es disfrutado por unos pocos.

Lo que hay en Uruguay es un Estado envejecido y desaliñado, que en las últimas décadas ha servido para alimentar la “viveza criolla” de jerarcas de todos los partidos. Es cierto que desde ese mismo Estado se han concretado algunos de los cambios contemporáneos más importantes, pero el problema es que casi nada se ha hecho para eliminar lo que está mal.

Desde la restauración democrática en 1985, todos los partidos han ostentado el gobierno y ni uno solo logró terminar con las ineficiencias y pequeñas corruptelas de los jerarcas de alto y mediano rango a cargo de tomar las decisiones. Cada uno de ellos carga con episodios de desvíos en el manejo de la cosa pública. No se salva nadie. El problema parece estar incorporado a la idiosincrasia nacional y eso es lo que hay que cambiar en forma urgente.

Solo para poner algunos ejemplos, uno de cada color político, los colorados cuentan en su haber con autoridades de bancos estatales otorgándoles préstamos hipotecarios sin garantías a sus hijos; los blancos, con otros jerarcas también de la banca oficial utilizando las tarjetas corporativas de esa institución para financiar a su propia colectividad, y los frenteamplistas, con un vicepresidente recurriendo al dinero público para gastos personales.  

No son actos de corrupción a gran escala, es cierto. Comparado con lo que ocurre en otros países de la región, parecen minucias, pero evidencian un problema no menor. A veces la sumatoria de esos asuntos, pequeños a simple vista, es la que termina frenando cualquier intento de evolución. Porque los “vivos” que los protagonizan están tan naturalizados e incorporados a la estructura política que nadie se anima a eliminarlos.

La realidad muestra que todos esos partidos que llegaron a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo prometieron reformas estatales que terminaron en fracasos. Algunos planificaban cambios profundos y otros no tanto, pero una vez en el lugar de las decisiones, cada uno de esos proyectos quedaba en la nada. Se terminaron imponiendo los que cada día alimentan al torpe y grotesco elefante en el que se ha transformado la administración pública. Son ellos los que siguen ganando y los que han sobrevivido a todos los gobiernos.

El próximo año asumirán nuevas autoridades y este es el período de las promesas. Mucho se discute sobre qué hacer para tratar de favorecer un mayor crecimiento del país, que parece esquivo. Algunos hablan de recortes al gasto; otros, de redistribuir los recursos o hasta de reformas impositivas, pero nadie aclara cómo intentará erradicar la cultura del empate y de la “viveza criolla” en la estructura estatal. Ningún precandidato promete punto final a eso porque sienten que hacerlo en tiempos electorales sería un suicidio político.

Está claro que el problema no son ellos, sino la mayoría de los uruguayos que padecen ese síndrome de Estocolmo con un secuestrador que de a poco los va dejando sin aire. Los postulantes presidenciales adaptan su discurso a los votantes y por eso basan sus plataformas en las empresas públicas, en mantener y cuidar a todos los empleados estatales y en continuar con algunos privilegios, por más que esté comprobado que son contraproducentes.

Es cierto que hay otros que han propuesto cortar beneficios pero lo hacen en el año electoral y dejan en evidencia un aroma a oportunismo que condena las iniciativas al fracaso. Sugieren, pero cuando hay que votar en el Parlamento, miran para el costado. Se cuidan, como si todos fueran parte de una misma clase. Para cambiar es necesario concretar, apostar por la excelencia una vez a cargo del poder y no seguir alimentando la mediocridad. Antes hay que cortar en serio con la herencia maldita, que involucra a todos, y reconstruir en función de la eficiencia y no de la conveniencia de unos pocos.

No hacerlo es caminar hacia el fracaso y dejar que los secuestradores se sigan abriendo paso, hasta que unos y otros terminen desplazados por algún supuesto salvador descontaminado y mesiánico, a la sombra de otros que ya abrieron el camino en el continente.

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