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Uno de los temas centrales de la agenda del gobierno es el tener que definir qué hacer con Alur y los biocombustibles en Uruguay. Es un tema complejo porque nos lleva a mirarnos a nosotros mismos como sociedad.
Empecemos por lo obvio. Para un país de base agrícola, con historia y capacidad en la producción de oleaginosos, es lógico subirse a la ola de los biocombustibles. En el papel, tenemos la materia prima y es una buena forma de agregarle valor. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Para mejorar las cosas, tiene beneficios ambientales que colaboran en la visión de cuidar el planeta en el largo plazo. También puede ser una más que interesante plataforma para el desarrollo de capacidades científicas y técnicas locales que son de interés para el futuro (tampoco creo que nadie se anime a discutir el valor de tener buenos científicos locales luego de la pandemia).
Todo radica en el cómo se hace. El corazón del asunto es quién paga la cuenta. ¿Quién no quiere una empresa como Alur, que traslada costo más utilidades al comprador sin que nadie le discuta? No importa que sea eficiente o no, traslada todo al consumidor final. Y ahí estamos todos los que echamos combustibles y pagamos el sobrecosto que conviene revisar. Hasta ahora al consumidor final de combustible le echaron en la mochila el subsidio al transporte y a los biocombustibles. Es hora de revisar ambos por un elemental criterio de justicia social.
En lo personal, creo que esa tradición que tiene la clase política de endosar subsidios que no se revisan debería tener un plazo en el cual deba reconsiderarse en forma obligatoria. Naturalmente a Bella Unión le va la vida con el etanol producido con caña de azúcar, pero cuando la sociedad uruguaya pone recursos en eso hay que preguntarse si esa es la única opción productiva o si no podemos hacer otra cosa con nuestros impuestos. Los subsidios deberían revisarse cada cinco años en forma obligatoria, para saber si están cumpliendo bien su función o no.
Es de buena administración el explicarles bien a los contribuyentes en qué se invierten sus recursos. Los subsidios no son derechos adquiridos, siempre tiene que pesar el riesgo de perderlos si se usan mal. Cuando a un sector como el agropecuario se le pide que apoye al transporte público del área metropolitana, nadie le pregunta al agricultor si tiene rentabilidad pagando el combustible (y todo lo que gira a su alrededor) a lo que lo paga por el subsidio. Me podrán decir que soy poco solidario, pero en una democracia liberal no hay derechos de primera y derechos de segunda.
Entre otras cosas, porque Uruguay como país, si bien es una joya en términos de igualdad social y acceso a servicios públicos, arrastra una pesada deuda externa y condiciones complicadas para sostener su desarrollo económico sin grandes traumas internos. Crecer no se nos hace fácil si no tenemos una alineación astral peculiar. Somos un país caro para producir y para dar empleo. Hay también un punto en poder presentar al ciudadano de a pie por qué se asignan recursos de una determinada forma, quiénes son los destinatarios y sobre todo el efecto que se pretende lograr. En eso, es muy fácil caer en la prédica de Robin Hood de hay que quitarle (o no darle) al rico para darle al pobre. Por ese motivo se debe tener mucho cuidado en cómo se plantea la asistencia estatal, a quiénes se les destina, cuál es el objetivo y qué se pretende lograr (con acciones concretas y objetivos específicos).
Dejando de lado la revisión de los biocombustibles, tenemos en el tapete el tema de los subsidios en los seguros agrícolas para sequía en soja. Hay que analizar todas las ideas para darle a los agricultores las herramientas para manejar sus riesgos, pero si se van a destinar recursos públicos de los impuestos de todos se tiene que ser muy cuidadoso con el diagnóstico y presentarle a la sociedad cómo se usarán esos recursos (a quiénes se destina, por qué se los tiene que subsidiar y con qué objetivos).
