Socialismo y corrupción

El abuso de poder, las conductas ilegítimas por parte de quienes ejerciéndolo buscan obtener algún tipo de ventaja personal o para grupos políticos, para familiares o amigos, no son hechos nuevos.

Pero estos comportamientos impropios, éticamente reprobables, no involucran solamente a funcionarios públicos. Porque cuando desde el Estado se concede un beneficio hay privados beneficiados, que por otra parte muchas veces son quienes recurren a influencias o vínculos con la administración para obtener beneficios.

“Destapado el tarro” y ante la imposibilidad de asumir públicamente la defensa de este tipo de conductas, en el debate político suele apelarse a justificaciones, subterfugios o pretextos tratando de explicar lo inexplicable. Asumiendo la defensa de quienes aparecen involucrados, que suelen ser correligionarios o jerarcas que muchas veces siguieron instrucciones de un superior político o administrativo. Se pretende así entreverar las cosas para evitar la condena social y eventuales “costos políticos”. Existen suficientes ejemplos de ello en el pasado y en el presente. Se mire para donde se mire.

Durante la conferencia que pronunció hace un par de meses en el ciclo “Personalidades”, organizado por Búsqueda, el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, aludió a las tramas de corrupción urdidas durante los gobiernos de Lula Da Silva y de Dilma Rousseff (“mensalão”, “caso Petrobras”) como un intento de “construcción de hegemonía” política. Tramas en la que aparecen acusados prominentes personajes del oficialismo, jerarcas de la administración pública y poderosos empresarios.

Debe apreciarse entonces como una reacción saludable la aprobación por parte de la Coordinación Socialista Latinoamericana (CSL) de un documento en el que se señala que “los controles democráticos, fundados en la legalidad, la justicia y la transparencia” constituyen el camino que debe recorrerse para hacerle frente a la corrupción.

Representaciones del Partido de los Trabajadores de Brasil, y de partidos o corrientes socialistas de Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, aprobaron un texto presentado por el Partido Socialista de Uruguay durante una reunión que tuvo lugar en Río de Janeiro a principios de mes. (Búsqueda, 12/11/2015)

El documento supone un planteo genérico cuyo mérito es no dar la espalda a situaciones que se viven en la región y que involucran a gobiernos o políticos con quienes se tiene una cierta afinidad.

“Se suponía que la izquierda no caería en la corrupción, por principios y porque el costo sería mucho más caro que para las derechas. Sin embargo, lo que no podía pasar sucedió y no como un hecho aislado o secundario. Generó graves problemas y crisis políticas y pérdidas de confianza”, sostiene. Y añade con total franqueza: “Podemos seguir ocultando el tema hasta que nos explote de manera incontrolable o enfrentarlo, analizarlo, combatirlo y derrotarlo”. Propone optar por este último camino.

Afirma que “la izquierda más ‘dura y pura’ supuso que el cambio político y económico”, el advenimiento en la región de gobiernos “progresistas”, “generaría un ‘hombre nuevo’, cosa que, obviamente, no sucedió”. Hoy, reconoce, “la corrupción se abre paso en los gobiernos de izquierda dañando presentes e hipotecando futuros”.

No hay que ponerle nombre; se trata apenas de seguir la información básica que difunden a diario los medios de comunicación. En Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua y en Venezuela se suceden historias de corrupción basadas en el abuso de poder.

El documento incurre en un traspié cuando alude a “travestismo político” para referirse a lo que siempre ha sido conocido como oportunismo.

Se refiere a “sectores, grupos o individuos que ante la victoria de las izquierdas se ‘travisten’ asumiendo discursos, estilos, formas y maneras izquierdistas pero que buscan obtener ventajas, privilegios o ganancias”. Quienes, sin dejar “de ser conservadores (…)  ante ‘la realidad de los hechos’ se disfrazan para seguir adelante. Así operan dentro de las estructuras de los Estados y los gobiernos de izquierda medrando con sus posiciones para satisfacer su interés personal”.

La afirmación pretende seguir sosteniendo la idea de la superioridad moral de los valores de la izquierda y de quienes adhieren y asumen esos valores. Una tesis difícil de mantener si se aprecia la realidad sin anteojeras porque ignora el factor condición humana.  Desconoce que se cede —o se encuentra justificación— a la tentación de retener el poder a cualquier precio y por cualquier medio. Lo cual se justifica precisamente al creer en la supuesta superioridad moral de sus ideas y propuestas.

Una vez más el documento reflota esa mezcla de ficción y de utopía que es el “hombre nuevo”. En este caso para explicar la supuesta impaciencia y el “travestismo” que lleva a algunos a suponer que “un fin superior y loable habilita conductas inmorales”. Que “el fin justifica los métodos”.

El documento, afortunadamente, se reencarrila cuando concluye que “la corrupción tiene un antídoto, la democracia”, porque “solo los controles democráticos, fundados en la legalidad, la justicia y la transparencia son fundamentos hábiles” para combatirla. Como corresponde en un Estado de derecho.