Socios de la coalición buscan marcar la “cancha” al gobierno y no hay acuerdo para cambio sobre gestión de programa de asentamientos

Fuentes de la coalición dijeron a Búsqueda que hay un “choque” de intereses. El Partido Nacional respalda el deseo del presidente Lacalle Pou, que quiere tener cerca el programa para atender la situación de los asentamientos. Cabildo Abierto tiene el mismo objetivo y entiende que el Ministerio de Vivienda es el lugar natural para la tarea. En filas coloradas, un legislador señaló que si el programa va a Presidencia, allí no se podrá realizar un control parlamentario como sí sucede si está en el ministerio.

De esta manera, buscan dar el mensaje al gobierno de que los socios quieren tener incidencia en las decisiones. Uno de los planteos que han trasladado es que exista una mesa de la coalición para que negocien entre todos, agregó el informante.

El viernes 9, en una entrevista concedida al semanario Crónicas, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló que falta un ámbito dentro de la coalición de gobierno en el que los socios puedan analizar situaciones o recomendar medidas en conjunto. “Quizás a futuro se pueda instrumentar algo para aceitar mejor el funcionamiento de la coalición o para que no haya contradicciones que surgen públicamente. No es bueno que un sector de la coalición diga una cosa y otro diga lo contrario”, afirmó.

Hasta anoche seguían negociando dentro de la coalición para llegar a un acuerdo sobre el PMB. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que el presidente mantiene su decisión de coordinar el programa desde la Torre Ejecutiva. Hay un propuesta intermedia que plantea que el programa esté en Presidencia, pero que sea dirigido por una comisión de cinco integrantes en la que el Ministerio de Vivienda tiene dos representantes, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto uno, al igual que el Ministerio de Economía, y el titular de ese grupo lo designaría la Presidencia de la República. En Cabildo Abierto esta solución, al menos hasta ayer, no conformaba.

Poder Judicial

En cuanto al trabajo en la comisión de Diputados, integrantes de la coalición destacaron el buen nivel de coordinación que hubo para aprobar el proyecto, que tuvo varios cambios respecto a lo que propuso el Poder Ejecutivo. “Hubo menos problemas que con la Ley de Urgencia”, comentó un legislador colorado.

Además del problema con el programa sobre asentamientos, la otra diferencia grande que surgió entre los socios se generó con la propuesta que llevó el ministro de Industria, Omar Paganini, respecto a liberalizar la importación del combustible que abastace a los buques. Entre los socios de la coalición hubo dudas con esta propuesta de los blancos, pero finalmente la apoyaron luego de hacer una serie de consultas.

También hubo acuerdo en la coalición sobre el artículo que modifica la gobernanza de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM). El proyecto original quitaba el gobierno a la intendencia y se lo daba al Poder Ejecutivo. Luego de quejas del Frente Amplio, la coalición modificó el texto y propuso que el gobierno nacional tenga la presidencia del organismo y la intendencia, la secretaría general. Esto no conformó al Frente Amplio, que criticó con dureza la “usurpación” que está realizando el gobierno. Desde el oficialismo, el diputado Álvaro Viviano (Partido Nacional) se mostró confiado en que se llegará a un acuerdo con la coalición de izquierda y dejó abierta la puerta para que se termine de negociar en el Senado.

El oficialismo acordó además redireccionar más recursos para la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y el Instituto Clemente Estable.

Los diputados de la coalición negocian desde hace días cómo resolver un conflicto con el Poder Judicial. Según participantes en la negociación, se está cerca de contemplar el pedido del Poder Judicial de otorgar un aumento salarial a los distintos gremios que lo integran para buscar una “solución definitiva” al conflicto que se generó a partir de la Ley de Presupuesto 2011-2015. Esa norma, aprobada durante la administración de José Mujica, aumentó 26% los salarios de los ministros y produjo una serie de “enganches” inesperados en el Poder Judicial.

En su momento el gobierno no reconoció ese aumento y, tras un largo conflicto, la mayoría optó por firmar un convenio que les reconoció un incremento del entorno del 18%. Sin embargo, cientos de funcionarios iniciaron juicios y lograron fallos que ordenaron al Poder Ejecutivo a pagar. La situación derivó en que hoy el Poder Judicial tiene disparidades salariales en todos los cargos.

Los diputados tienen la intención de “arreglar el problema” y conceder un aumento que equipare los salarios y ponga fin a los juicios. La fórmula para resolverlo aún está en discusión, aunque en principio los legisladores prevén utilizar los $ 800 millones que el gobierno previó en el proyecto de Presupuesto para pagar los juicios de los funcionarios judiciales. El Poder Judicial estima que el costo de otorgar el aumento reclamado es de $ 630 millones por año.

La coalición dará sus votos hoy jueves al artículo que, a pedido de la Suprema Corte de Justicia, acota la competencia de los Juzgados Especializados en Violencia de Género, eliminando de esta manera una de las innovaciones centrales de la Ley 19.580. Esta medida ha sido cuestionada por el Frente Amplio y organizaciones sociales. En filas de la coalición de gobierno también hay discrepancia con este artículo. La diputada colorada María Eugenia Rosello dijo a Búsqueda que votará por disciplina partidaria este artículo y espera que haya algún cambio en el Senado. A la vez, Rosello destacó que el actual gobierno dio recursos para los juzgados contra la violencia de género y señaló que el Frente Amplio no otorgó el dinero cuando estuvo al mando del Poder Ejecutivo.

Los legisladores derogarán en estas horas dos artículos que fueron incluidos por error y afectaban al Poder Judicial. Se trata de dos artículos que disponían el congelamiento de las partidas de perfeccionamiento académico y de vivienda.

En el debate general, el oficialismo planteó que el Presupuesto apunta al ahorro debido al “despilfarro” de recursos que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio. “Se tienen que corregir las cuentas públicas” para “tratar de bajar el déficit fiscal”, dijo Sebastián Andújar (Partido Nacional).

En diversas intervenciones, legisladores del Frente Amplio denunciaron que la administración de Lacalle Pou está realizando una serie de recortes. “El gobierno nos dice que va a cambiar su paradigma. El cambio de paradigma nosotros lo comprendemos: es que prendieron la motosierra”, aseguró Alejandro Sánchez.