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Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial
En un simposio organizado por Búsqueda, expertos coincidieron en la necesidad de una regulación digital integral que garantice derechos, promueva la innovación y limite el poder de las grandes plataformas
Simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda
A Daniel Mordecki todavía le sorprende que casi nadie sepa que Uruguay ya tiene una ley que regula algunas plataformas digitales. Aprobada durante el período pasado, la norma establece derechos y obligaciones para servicios como Uber y PedidosYa: exige que haya humanos que expliquen decisiones automatizadas, garantiza que los reclamos puedan hacerse en la Justicia uruguaya y obliga a las plataformas a decir con claridad por qué se sanciona a un trabajador. “Está en vigor y, sin embargo, nadie habla de ella”, dijo el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) durante el simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda, en el que el eje fue claro: el país debe avanzar hacia una regulación digital más amplia, que también abarque la inteligencia artificial (IA).
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El evento, centrado en los desafíos que plantean la desinformación, los algoritmos y el poder de las grandes plataformas tecnológicas, reunió a Mordecki, a la doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre y al jefe de la sección Política de la delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay, Jan Mikolaj Dzieciolowski. Los tres coincidieron en que Uruguay necesita reglas claras para proteger derechos, fomentar la innovación y no quedar rehén de sistemas que nadie controla del todo.
Mordecki confirmó que el gobierno prevé impulsar una ley específica sobre IA, como parte de la nueva agenda de políticas digitales anunciada tras el primer Consejo de Ministros de Yamandú Orsi. La intención, según explicó, es que la norma sea aprobada por amplio consenso político, tal como ocurrió con las leyes de acceso a la información pública y protección de datos personales. El objetivo será establecer responsabilidades “claras” sobre el uso de sistemas automatizados y fijar límites a determinados usos de la tecnología, tanto para proteger derechos como para promover la innovación.
“La regulación no es mágica, pero es imprescindible. Cuando no hay reglas, gana el más fuerte. Y los más fuertes ya están jugando con ventaja”, señaló. Por eso, sostuvo, es fundamental establecer límites, ya que la ausencia de regulación deja el campo libre para que los algoritmos operen sin controles ni transparencia.
A diferencia del enfoque centrado en los contenidos falsos o dañinos, Mordecki apuntó al corazón técnico del asunto: la capacidad de los algoritmos para clasificar personas, predecir comportamientos y amplificar mensajes de forma segmentada e invisible para el usuario. “Sin algoritmos, Twitter (X) sería Wikipedia”, dijo. Lo que cambia todo, explicó, es el sistema automatizado que decide qué se ve y qué no, en el que ciertos contenidos se multiplican no por su valor, sino porque sirven a determinados intereses.
La mesa estuvo antecedida por una conferencia de la exrelatora para la Libertad de Expresión y académica colombiana Catalina Botero, quien también abogó por una regulación de las plataformas, porque la “autorregulación” no parece suficiente. El evento de dos días en la Universidad Católica fue organizado por Búsqueda, en alianza con Chequeado (Argentina) y con financiamiento de la Unión Europea. El simposio fue parte del programa regional europeo “Promoviendo información confiable y abordando la desinformación en América Latina”
Simposio sobre Desinformacion
Jan Mikolaj Dzieciolowski, Daniel Mordecki y Carolina Aguerre protagonizaron la charla sobre la regulación y las tensiones con la libertad de expresión y las plataformas
Valentina Weikert
Europa como guía (y como aliado)
Tanto Aguerre como Dzieciolowski compartieron experiencias sobre el enfoque europeo, centrado en marcos, como el Digital Services Act (DSA), que impone obligaciones a las grandes plataformas (más de 45 millones de usuarios), exige transparencia algorítmica y establece mecanismos de apelación para los usuarios.
El delegado europeo explicó que el foco está en combatir la “manipulación extranjera de información” (o lo que Europa llama FIMI, por sus siglas en inglés), una forma organizada de desinformación que ha influido en elecciones, guerras y decisiones políticas. “No se trata de una persona diciendo una pavada. Hablamos de esquemas diseñados para desestabilizar democracias enteras”, alertó. En ese marco, la UE promueve también una regulación basada en riesgos, que distingue el tratamiento de plataformas grandes, medianas y pequeñas.
Regular desde el sur: posible, pero no solos
Tanto Aguerre como Mordecki coincidieron en que Uruguay no puede enfrentar estos desafíos en soledad. “Las empresas no tienen fronteras, pero los ciudadanos sí. Y si alguien quiere denunciar a Facebook, no puede viajar a Seattle. Es inviable”, graficó el director de Agesic.
Ante esa desventaja, propuso avanzar hacia un acuerdo regional con normas mínimas, al estilo de una ISO latinoamericana, “que está ahí y no es obligatoria”. Entre los requisitos estarían la presencia legal en cada país, atención humana garantizada, explicaciones transparentes y el derecho a reclamar en la jurisdicción del usuario. “Google dice que está a favor de la regulación. Bueno, que lo firme”, desafió.
Aguerre reforzó la idea de que la única salida es una respuesta regional con alianzas estratégicas. “Hoy, el socio natural de América Latina es la Unión Europea. Ni China ni Estados Unidos comparten nuestro marco ético ni nuestra visión de derechos”, sostuvo.
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Una red de legitimidad
Más allá de las leyes, Aguerre remarcó que regular las plataformas no alcanza si no se fortalecen también los procesos democráticos que las rodean, como la participación ciudadana, el pluralismo de medios y el rol activo de la sociedad civil. “No es solo una ley. Tenemos que fortalecer los otros procesos democráticos asociados a la diversidad, a la pluralidad de contenidos”, afirmó.
Señaló, además, que América Latina ya cuenta con redes regionales valiosas —como la red iberoamericana de protección de datos personales— que han demostrado capacidad de incidencia. Desde la academia, dijo, se ha visto cómo la sociedad civil y las redes de conocimiento generan legitimidad propia “para afrontar estos problemas específicos”, como la regulación digital.
