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La cédula de identidad era uno de los requisitos para quienes optaron por registrarse como consumidores en farmacias ya que por ahora la ley solo contempla a los ciudadanos uruguayos legales o naturales. Pero para el doctor en Derecho Pablo Galain los turistas podrían estar comprendidos en el registro si se tuviera en cuenta, por ejemplo, la cantidad de días que permanecerán en territorio nacional. E incluso podrían “pagar un impuesto que permita al Estado mejorar los programas preventivos en relación al consumo”.
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En un artículo que será publicado en revistas especializadas, el experto entiende que esto “parece ser necesario para evitar el crecimiento del mercado gris y negro” que “ya se puede observar” en el país. “Este mercado gris se compondría de personas participantes del mercado regulado que ofrecerían parte de su producción a quienes no están regulados o están impedidos de regularse. Una buena parte de esos consumidores pueden ser turistas, menores de edad y personas que usan cannabis con fines medicinales”, estima. Si el combate al mercado ilegal “sigue siendo objetivo prioritario”, entonces “una posible solución” es “modificar la política respecto a los turistas”, apunta.
Con una beca posdoctoral Marie Curie que otorga la Unión Europea, Galain se encuentra analizando la percepción que los visitantes extranjeros tienen del mercado de marihuana local así como sus posibilidades de acceso. Como parte de ese estudio se consultó a visitantes del circuito turístico de la Ciudad Vieja durante el mes de febrero, y el 63% dijo haber accedido a cannabis durante su visita al país. El 50% de quienes utilizaron la droga obtuvieron flores y otro 30% probó comida cannábica; apenas 7% dijo haber tenido contacto con el prensado paraguayo, característico del mercado negro. Amigos o familiares así como hoteles, hostales y growshops fueron las principales formas de acceso. El 68% de los consultados compró la droga; la amplia mayoría consideró que la transacción que realizó para acceder a ella fue “amigable” o “para nada riesgosa”.
“Una política pública basada en la protección de los Derechos Humanos debe proteger la salud del turista que consume cannabis del mismo modo que protege la salud de los ciudadanos que residen en Uruguay. No puede diferenciar el tratamiento de las personas por cuestiones legales o administrativas de ciudadanía o residencia”, argumenta Galain, director del Observatorio Latinoamericano para la investigación en Política Criminal y en las reformas en el Derecho Penal.