Nº 2148 - 11 al 17 de Noviembre de 2021
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSi se hiciera una encuesta entre los que deciden cosas en Uruguay y se les preguntara cuál es el principal problema que enfrenta el país de cara al futuro es probable que muchos mencionaran asuntos económicos como mejorar la productividad, diversificar las exportaciones, lograr buenos acuerdos comerciales, etc. Es probable, no estoy seguro, que alguno de esos decididores preocupados por el futuro lograra conectar estos asuntos con uno de los factores que son claves para su resolución: la educación. O, dicho de manera mas precisa, eso que hay que hacer para superar el déficit que presenta la educación, especialmente la media, respecto al resto de los indicadores sociales que tiene Uruguay.
También es probable que muchos de esos encuestados en nuestro relevamiento ficticio perdieran interés por el asunto en cuanto este derivara en el tema educativo. Por un lado, no es su zona de expertise (suele haber pocos docentes y pedagogos entre los decididores de cosas, en el país y el mundo), por otro el vínculo no siempre es claro (se educa para muchas más cosas que mejorar la eficiencia de la economía), y por otro es un tema complejo, que implica una gran cantidad y diversidad de actores y, lo sabemos, resolver asuntos complejos es un embole que siempre nos suena o nos parece lejos de nuestro alcance.
Como cada vez que se nos presenta un tema complejo, tenemos al sistema político partidario listo para plantearlo como un asunto sencillo que depende más de la buena o mala voluntad que como el problema social que en realidad es. Ojo, desde la lógica del sistema político partidario tiene todo el sentido pensar los temas en estos términos: los partidos buscan votos y nadie vota a quien le promete complejidad y trabajo tedioso sino al que ofrece soluciones como quien ofrece crecepelo a los calvos. Esto no quiere decir que los partidos no tengan nada para decir o hacer al respecto. Al revés, es a través de los partidos que gobiernan que aquello que se entiende debe hacerse, debe ser hecho. Pero aquello que se debe hacer no puede simplemente dejarse en manos de los partidos, que no tienen demasiado incentivo para pensar o imaginar ningún asunto más allá de los cinco años que tienen asegurados en el poder.
Una de las mejores cosas que tienen democracias como la nuestra es que distribuyen el poder en distintas zonas del cuerpo social. El gobierno gobierna, sí, pero no es el único poder en liza. Lo estamos viendo con el debate (es un decir) sobre la LUC: el movimiento sindical decidió hacer “política de las intenciones” y pararle los pies a una ley que aún no se ha desplegado del todo y sobre la cual aún es difícil hacer balance. El PIT-CNT incluso logró que el Frente Amplio, que había votado varios artículos a los que hoy se opone, lo acompañe en su cruzada. Y en términos de poder democrático está bien. Que el poder se distribuya en muchos sitios en una democracia, es algo sano. También es verdad que quien no vota suele tener poco peso dentro de esos poderes. El sistema político no tiene demasiado interés en quienes no pesan en las decisiones que se toman a través del voto. Su permanencia en el poder, por ejemplo.
Tal parece ser el caso de los estudiantes, que aunque son el sujeto de la educación, suelen ser de hecho omitidos cuando se habla del asunto. El problema educativo, como muchos otros, suele plantearse o bien como un problema de voluntad (“estos son burgueses, quieren un país de pobres”, “estos son comunistas, quieren un país de sumisos”) o de gobernanza, pero muy pocas veces como una constelación de factores que se entrecruzan a lo largo del tiempo, siguiendo distintas lógicas sectoriales que chocan unas con otras. Recursos, autoridades, derechos laborales, elección de horas, directores, representantes, una constelación de intereses en lidia que no siempre logran estructurarse en una trayectoria. Y así, mientras todos aquellos que pertenecen a la órbita de interés del sistema político (y con el que se enlazan a través de puertas giratorias ideológicas e institucionales) no logran ponerse de acuerdo para dar un par de pasos en alguna dirección, aquellos que son el sujeto omitido en el problema, quienes le dan sentido (sin estudiantes, no tiene sentido la educación), obtienen los peores resultados de la región. Unos resultados inadmisibles si se los compara no con Dinamarca o con Perú sino con el resto de los indicadores sociales del país.
Resultados que dicen que nueve de cada 10 jóvenes uruguayos que pertenecen a los hogares más pobres van a seguir perteneciendo a esos hogares más pobres. Que al no terminar en tiempo y forma el bachillerato, algo que desde hace ya unos años es el mínimo obligatorio de nuestra educación, tienen una altísima probabilidad de trabajar el resto de sus días en los peores empleos. Cobrando los peores salarios, muy por debajo de los que cobran quienes discuten el futuro de la educación. Y eso si hay suerte y esos peores empleos siguen existiendo en los próximos años. Es muy probable, nos diría alguno de nuestros decididores del comienzo, que esos empleos desaparezcan cuando alguna tecnología logre desplazar a los brazos humanos que se necesitan para la tarea. Porque así funciona también la búsqueda de la eficiencia, sin un modelo ético detrás.
Los estudiantes están tan omitidos como sujeto, que incluso en la zona media alta de la tabla pasamos por alto que tres de cada 10 estudiantes que deberían aprobar sin mayor drama, tampoco lo hacen. Es decir, tenemos un sistema educativo medio que logra expulsar incluso a quienes llegan a él con suficiente capital cultural y social para completarlo. Por supuesto, más allá de autoridades, sindicatos y partidos, parte de la responsabilidad de que esto sea así es de las propias organizaciones estudiantiles, concebidas desde su creación como brazo juvenil de los partidos políticos antes que como brazo organizado de los estudiantes, más allá de su pelo político.
En una nota reciente el economista Gabriel Oddone apuntaba que en el contexto internacional actual, para Uruguay “aumentar la productividad de los factores y promover la igualdad deben ser las prioridades. Lo primero requiere aumentar y potenciar nuestro capital humano y mejorar la eficiencia del sector no transable. Esto último incluye promover la competencia en muchos mercados regulados y reformar el Estado de manera profunda. Aumentar la igualdad hace necesario fortalecer los mecanismos de protección a la población vulnerable focalizando mejor, combatir la segregación espacial, dar condiciones para la empleabilidad y lograr que los mecanismos de remuneración aseguren una distribución equitativa de los resultados”.
Sin una mirada ciudadana que restituya su rol central al estudiante, el debate educativo seguirá manejándose en el nivel de lo meramente político y eso fue precisamente lo que nos trajo hasta aquí. Si no se reconoce la necesidad de amplios acuerdos que superen el marco ideológico convencional, seguiremos repitiendo recetas mecánicas y superficiales con las que difícilmente el país logre plantarse en ese lugar en donde se puede crecer y fortalecer la igualdad al mismo tiempo.