Tareas subsidiarias de los militares

Situaciones difíciles de imaginarse con claridad —en especial para aquellos compatriotas menores de 50 años o amnésicos— en este Uruguay de hoy en el que la ingenuidad o indiferencia generalizada y la demagogia mesiánica utilizada por la pancista izquierda marxista y sus acólitos, bosquejan una sociedad idílica, disonante con la sensatez y alejada de la comprensión de la naturaleza humana.

Otros simplemente no valoraron —ni valoran— ese denuedo. Y entre copas burbujeantes, fuegos artificiales y festejos (en una clara señal de sometimiento epicúreo), demostraron su indiferencia e irresponsabilidad como conciudadanos, volviendo a verter sus residuos pocas horas después, allí donde habían sido recogidos. Seguramente porque les guste vivir entre la mugre o, tal vez, porque la mediocridad racional y espiritual que los contiene no les permite proyectar sus propias vidas más allá de la inmediatez de sus vacuos deleites. Las autoridades de gobierno y los educadores debiesen tomar nota y preocuparse más por revertir estos bajos niveles de consideración y convivencia social.

Pero lo más triste es ese acontecer que se oculta tras los desencuentros de los protagonistas genuinos. Por un lado, quienes deben cumplir con su rol y no lo hacen, los recolectores municipales. Porque más allá de su derecho a reclamos y acciones de presión ante sus autoridades —lo que reconocemos y no discutimos, y mucho menos censuramos— estos funcionarios no tienen derecho a perjudicar a la población, adoptando medidas exacerbadas que solo atentan contra la salud de las personas. Esa actitud deja en evidencia que a estos empleados públicos no les importa la gente y sus intereses —reñidos con el provecho general— pasan a ser extremadamente egoístas, espurios y cuasi vandálicos. Y en consecuencia, sus actos debiesen ser denunciados ante órganos jurisdiccionales que los llame a responsabilidad para con el bien superior general que se ve agredido y dañado.

Claro, podrán argumentar lo que deseen, apelando a la libertad de expresión que la generosidad del Estado de derecho les brinda. Pero dice mucho más un hecho que mil palabras; y su conducta revela el atropello y la violación de derechos vitales de los montevideanos. ¿Cuál autoridad hará y qué?

Y más indignante es la incapacidad de un gobierno que, cortando el hilo por la fibra más fina, intenta disimular su incompetencia y sus propias contradicciones entre el discurso cautivador de votos y el ejercicio de la autoridad que concrete sus arengas; ya se por temor, ineptitud o necedad. Nos preguntamos si cuando los oficinistas municipales realicen extensivas huelgas: ¿se llamará a las Fuerzas Armadas para resolver la ineficacia institucional? O, ante un paro en el ámbito de la enseñanza y de análogo salvajismo al de los recolectores: ¿será convocado el cuerpo de docentes militares para cubrir las clases en escuelas y liceos? Quizá, cuando la Dirección de Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo se niegue a cumplir con sus obligaciones, pueda declararse una emergencia ante el inminente peligro de múltiples y graves colisiones de vehículos y posibles accidentes generalizados con un sinfín de lesionados; y entonces: ¿será un puñado de soldados que fiscalice el tránsito, tome exámenes de conducir y atienda demás menesteres de esos municipales?

Los gobernantes debiesen asumir adecuadamente sus deberes y actuar en consecuencia a través de mecanismos pertinentes. Y no emplear a las Fuerzas Armadas en tareas que le son ajenas, aunque se intente justificarlo mediante “timbrados” artilugios dialécticos.

No discutimos la orientación de esfuerzos castrenses en apoyo a la comunidad. Lo elogiamos, distinguimos y celebramos, pues entendemos que ello es parte inherente a la ética y moral de las Fuerzas Armadas. Y ello nos honra y enaltece. Además, por si hubiese alguna duda, en nuestro país está definido en las misiones que por ley le son impuestas. De manera que no admite pendencia. Lo que sí es pasible de controversia es cómo se atienden dichos fines y el contexto de la prestación del servicio. Por ejemplo, no cuestionamos la custodia de cárceles que brindan las fuerzas militares, y aunque en su momento haya sido un asunto polémico, lo apreciamos como adecuado ya que en definitiva, esos efectivos realizan tareas específicas pertinentes a su idoneidad. En todo caso lo censurable sería que dejó de ser algo circunstancial y pasó a ser permanente, por ahora; pero parece acompasar los tiempos de marcada inseguridad ciudadana que en los últimos 10 años se ha intensificado, de forma que es como vivir en una situación de emergencia continua al respecto. Pero no creemos que sea consustancial ni oportuno distraer nuestros exiguos recursos militares en actividades de naturaleza impropia, sustituyendo a los legítimos obreros de la referida faena. En particular cuando con ello, en cierto modo, la institución armada se inmiscuye en conflictos laborales entre autoridades lícitamente constituidas —aunque sean incapaces— y funcionarios que gozan de sindicatos genuinos para desenvolver su contraste en un Estado democrático; aunque aquí en Uruguay, en algunas ocasiones, estas organizaciones poco aportan al desenlace de la pugna de sus intereses evitando lacerar a la ciudadanía.

Algo muy diferente fue el operativo de limpieza en Salto, que nos muestra una disparidad sustancia con respecto a lo ocurrido en Montevideo.

En Salto, luego del apoyo de las Fuerzas Armadas a los damnificados por las inundaciones —tarea con cristalino perfil humanitario y de indiscutible aporte real ante una emergencia— hubo un esfuerzo de limpieza compartido y coordinado y con auténtica entereza solidaria se fusionaron las energía de todos (incluso del Ejército Nacional), en pro del bien común. Este ejemplo dignifica, enorgullece y es indudable símbolo de mancomunidad interinstitucional, de integridad cooperativa y de efectiva responsabilidad en aras de un capital superior colectivo: la felicidad del pueblo. Aquí aplaudimos doblemente la labor consumada.

Conclusiones:

1) Una vez más la irresponsabilidad de un grupo de funcionarios públicos, aglutinados en un sindicato, con su imprudente conducta afectan negativamente a la ciudadanía y exponen su salud a riesgo sin miramiento, a pesar que el sustento de sus haberes proviene de ella.

2) Una vez más se evidencia la incapacidad de gestión del gobierno de Montevideo. En los últimos 25 años los diversos intendentes no supieron resolver algo tan sensible para la población y en la acumulación de su propia apatía y negligencia, dejaron evolucionar una situación hasta los límites de la eventualidad de la emergencia sanitaria. Cuando el agua le estaba llegando al cuello, el actual intendente de la capital al mejor estilo Poncio Pilato, recurrió a un enredo de corte stalinista para salvar su imagen, intentando ocultar la ineptitud de su liderazgo y evidenciando su cretinismo para gobernar sus auténticos recursos. Debiese, mejor, adoptar como modelo a la jefa comunal de Lavalleja, que ante un paro de Adeom, reaccionó y salió a recolectar los amontonados residuos de las calles. O tomar el ejemplo del alcalde de municipio CH de Montevideo, que para mitigar el riesgo sanitario, también salió a recoger basura apilada en los contenedores de su zona.

3) Una vez más es un pelotón de soldados que con abnegación y sacrificio silencioso brindaron sus energías para el bienestar de sus compatriotas. A pesar de los permanentes agravios desde ciertos sectores de la sociedad y de bastardas voces que reclaman su supresión, las Fuerzas Armadas seguirán siendo puntal de las más caras tradiciones y valores que identifican y sustentan a la nación. Y empresas como las asumidas recientemente por el Ejército Nacional, confirman la necesidad de su existencia para una comunidad vulnerable y que finalmente será un pelotón de soldados el que asegure a la república.

Por todo ello, nosotros también vitoreamos: ¡Salud Ejército Nacional!

Gustavo Papuchi

Coronel de Caballería en situación de retiro

Salinas (Canelones)