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Como era previsible, el déficit fiscal tuvo un nuevo aumento en los 12 meses cerrados en abril, alcanzando —sin el efecto “cincuentones”— a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más alto en tres décadas. Básicamente, ello es consecuencia de que los ingresos del gobierno caen ante la retracción de la actividad económica, en un contexto donde los gastos se mantienen o crecen levemente.
Es una dinámica a todas luces insostenible en el tiempo, que genera consecuencias muy negativas para la economía en su conjunto, perpetuando una espiral perversa de menor nivel de actividad y de empleo, menor recaudación, mayor déficit y así sucesivamente.
Es que en algún momento, la actual acumulación de deuda que se ha generado por financiar el creciente déficit fiscal habrá que pagarla, además del desequilibrio que mes a mes se va acumulando. Y si no se baja de manera radical el gasto público, ello implicará todavía mayores impuestos y tarifas públicas a futuro, con lo que será más difícil trabajar y producir en Uruguay en relación con la ya de por sí asfixiante situación actual. Racionalmente, ello desalienta la inversión, salvo que se consigan condiciones similares a las que se le van a otorgar a UPM para su eventual segunda planta, que básicamente implican entre otras cosas el tener una carga impositiva mínima. La caída que viene mostrando la inversión bruta en los últimos trimestres (sin la inversión en construcción, la formación bruta de capital global está en 5,5% del PBI, los niveles más bajos desde por lo menos 1997) es sintomática de la difícil situación de rentabilidad y competitividad que están enfrentando los sectores productivos, una de cuyas causas radica en la excesiva carga tributaria que enfrentan así como en tener que pagar tarifas de energía y combustibles que son mucho más altas que en el resto de la región. Y sin un aumento sustancial de la inversión, será imposible volver a crecer y a generar empleo así como que aumenten los salarios reales. Tampoco será posible que aumenten los ingresos del Estado y se reduzca el déficit, salvo, claro está, que se intente apretar el torniquete con más incrementos de las tasas impositivas y de las tarifas públicas, lo cual en este caso desalentaría la actividad y el empleo.
El gasto público es un componente básico del “costo país”, tanto por su tamaño como por lo que el Estado le devuelve a la sociedad por los impuestos que paga. Y lamentablemente en los últimos 15 años hemos perdido en este sentido por partida doble.
En efecto, durante los tres gobiernos del Frente Amplio el gasto global del sector público aumentó en más de siete puntos del PBI (un Producto que, además, hasta el 2014 creció de una manera muy significativa de la mano del mejor contexto internacional que el país tuvo al menos desde la década de los años 50). En la era digital y del gobierno electrónico, ingresaron unos 70.000 nuevos funcionarios al Estado; y en 2008 se flexibilizaron los requisitos para acceder a la jubilación, lo que se tradujo en un aumento importante del gasto en esta área, a la vez que hubo un significativo aumento del gasto en políticas sociales (que si bien era entendible para paliar las consecuencias de la crisis del 2002, se mantuvieron hasta la actualidad a pesar del continuo crecimiento de la economía).
Además del aumento en el gasto global, tan o más preocupante es lo que ha ocurrido con el deterioro en materia de educación, salud y seguridad públicas a pesar de los mayores presupuestos aplicados en las diversas áreas, así como el magro nivel de la inversión pública en infraestructura, al menos hasta este año electoral. Ello obliga a un doble gasto para el sector privado que lo puede afrontar, ya que después de pagar impuestos debe contratar servicios de seguridad, salud y educación privadas.
Se está gastando mucho y para peor se está gastando mal, en un contexto donde el freno de la actividad económica hace que los ingresos públicos estén retrocediendo. Dados los supuestos contenidos en el Presupuesto y sobre todo en la Rendición de Cuentas que se aprobó el año pasado, es inevitable que el déficit termine este año bien por encima del 5% del PBI. Es decir que se dejará una pesada herencia al próximo gobierno, que, sea quien sea, deberá encarar un ajuste fenomenal del gasto, no de US$ 900 o de US$ 1.200 millones, sino mucho más, si es que se quiere cortar de raíz la actual dinámica negativa que presenta el nivel de actividad y de empleo, y poner a andar nuevamente a la economía uruguaya. Arrancar con un “Presupuesto base cero” debería ser la alternativa lógica, redefiniendo funciones y recursos a asignar en cada área con un objetivo de ahorro global de al menos 3,5% a 4% del PBI, de forma de tener margen para bajar impuestos y tarifas públicas, además de rápidamente aprobar una reforma a fondo de todo el sistema jubilatorio.
