Toma y Daca

Argumentó que el juez atacó “directamente (su) reputación (para) pretender destrozar una prestigiosa carrera profesional de más de 35 años de ejercicio, prestigio y reputación ganados, entre otros motivos, no solo por su (la de él) recta e intachable conducta ético-profesional, sino también y especialmente fruto de los reconocimientos que le han valido en carácter de representante del Uruguay ante emblemáticos casos internacionales, como Philip Morris International, Aratarí, Italba Corporation y Plan Cóndor”, según informó la periodista Georgina Mayo.

A partir de ahí, con el apoyo incondicional de Vázquez todo fueron mieles. Cuando Vázquez cesó de su primer mandato Toma dejó la secretaría y fue fiscal de Gobierno, cargo que no requiere venia del Senado. Reasumió la secretaría en el segundo gobierno de Vázquez y dejó en reserva la fiscalía de gobierno, que ahora retomó. Aunque no se requiere venia, ¿tiene virtudes morales para continuar tomando como fiscal decisiones sobre actos administrativos cuestionados?

Volvamos al comienzo. La denuncia de Toma al juez Aguirre tuvo como detonante una audiencia de conciliación en un amparo presentado por el Partido Independiente. Reclamaba que la página web de la Presidencia había sido utilizada como publicidad electoral y pedía que cesara. El juez propuso que para salvaguardar la figura de la presidencia de la República como garante institucional democrático se quitara de la página web la publicación y se ordenara que el secretario de comunicación de la Presidencia, José Luis Veiga, se abstuviera de publicar temas con contenido electoral.

En esa audiencia, ante la propuesta del juez, la abogada de la Presidencia, María del Carmen González, respondió que debía consultar a Toma. Por teléfono su jefe le dijo que rechazaba la propuesta del juez. Este le comentó a la abogada: “Se ve que no era alguien entendido en derecho al que usted se lo transmitió”.

Las publicaciones de la web referían a opiniones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para cuestionar declaraciones de Azucena Arbeleche, entonces potencial ministra de Economía en un gobierno del Partido Nacional. Arbeleche dijo que junto con el candidato presidencial Luis Lacalle Pou se había reunido con las calificadoras de riesgo internacionales y les había pedido “tiempo” para que el nuevo gobierno adoptara medidas que evitaran perder el grado inversor del país.

Tras la negativa de conciliación el juez ordenó retirar los artículos publicados por “ilegitimidad manifiesta”. Cualquier jurista, aun de medio pelo, hubiera adivinado tras la propuesta conciliatoria, que el juez tenía una posición formada. En consecuencia, la negativa de Toma fue política y no jurídica.

La cuestión también podría mirarse desde otro ángulo: la denuncia a la Corte fue efectuada poco antes del fallo del juez. ¿Tuvo Toma intenciones intimidatorias?

La Corte cuestionó las expresiones del juez y archivó la denuncia.

Seis meses antes de esos hechos Toma había archivado su “prestigio y reputación” así como “su recta e intachable conducta ético-profesional”. Tal vez porque la emoción nubló su razonamiento. Toma y Daca.

En abril había digitado un contrato temporal para que la contadora Giuliana Pérez Muñiz ingresara a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La joven se había recibido en 2018 y es hija de un amigo de Toma.

La semana pasada en Búsqueda una nota de Guillermo Draper desnudó ese turbio camino que se inició con un correo anónimo al vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Daniel Borrelli. El remitente pedía que se averiguara sobre “viajes y misiones oficiales”. La Junta abrió una investigación a la que Draper accedió mediante un pedido de acceso a la información.

“Averigüe quien fue a Roma por el juicio contra los militares y cuánto cobraron y va a ver lo que le digo. Hay gente que fue a pasear” (sic), decía el mail. A ese viaje y a otros concurrió Pérez Muñiz, convertida por Toma en sabia asesora.

La Jutep inició una investigación y en la respuesta recibida el 7 de enero Toma dijo que a Roma también concurrió un escribano, que Pérez Muñiz lo hizo como asesora en daños civiles derivados de delitos penales y destacó que la contadora investiga la ruta de dinero que podría estar financiando a los investigados en el marco del Plan Cóndor.

Con los votos de Borrelli y de la vocal Matilde Rodríguez la Jutep consideró satisfactoria la respuesta. El presidente, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. Cuando regresó, el 22 de enero, dejó constancia de su discrepancia con la decisión de Borrelli y Rodríguez.

El titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, sembró otras dudas. Dijo a Búsqueda que su oficina no colaboró en la investigación de un delito económico vinculado al Plan Cóndor y que la integración de Pérez Muñiz a la delegación fue por expresa decisión de la Presidencia, la cual le comunicaron luego de haberla tomado.

Además de viajar a Roma, Pérez Muñiz acompañó a Toma en tres ocasiones a Washington D.C. por el juicio entablado por la minería Aratirí contra el Estado uruguayo. Esos tres viajes no fueran analizados por la Jutep porque no integraban la denuncia inicial, dice la investigación de Búsqueda. Obviamente, los pasajes (los de Toma en primera clase) y la estadía salieron de las arcas del Estado.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, remitió los antecedentes al fiscal Ricardo Lackner, en cuyas manos está determinar si existió una infracción penal.

Por su parte, el presidente Lacalle Pou dispuso una investigación administrativa para recabar más información y detalles sobre las misiones oficiales en las que participó Toma. Sutil como un esgrimista aclaró que la investigación no referirá a dudas morales, sino legales.

Hay quienes sostienen que para el exsecretario de la Presidencia esto recién comienza y que derivará en investigarse toda su gestión. Si aplicara algunos gramos de la vanidosa dignidad que desarrolló ante el juez Aguirre, debería renunciar e irse para su casa. Pero es pedirle peras al olmo.