Transferencias monetarias deberían “incrementarse significativamente” para mejorar la situación de los indigentes, según una investigación

“Pese al notorio crecimiento económico y los importantes esfuerzos realizados en Uruguay en los últimos años para reducir la pobreza y la extrema pobreza, un conjunto significativo de hogares aún perciben ingresos por debajo de los mínimos determinados por el Instituto Nacional de Estadística, al tiempo que enfrentan privaciones en otras dimensiones del bienestar, tales como vivienda, educación y acceso al sistema de cuidados de salud”, sostienen Dean y Vigorito en la investigación.

Según los investigadores, eso permite “comprender las causas de la persistencia de situaciones de privación, con el objetivo de asegurar la llegada de los diversos programas sociales a esa población, cuya situación se origina tanto en condiciones estructurales de difícil reversión como en el alcance de las políticas públicas”.

Por eso se analizó el impacto de dos programas: la Asignación Familiar Plan de Equidad (AFAM-PE) y la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

El programa AFAM-PE es una partida para familias que se encuentran por debajo de la pobreza que va de los $ 1.096 a los $ 6.800, según la cantidad de niños y adolescentes en el hogar y el nivel educativo que cursan. Este sistema abarca unos 381.000 beneficiarios. En tanto, la TUS es una tarjeta que reciben los hogares en situación de pobreza que les permite comprar alimentos y productos de limpieza. En este caso los montos varían según la cantidad de hijos en el hogar: un mínimo de $ 800 para quienes tienen un hijo o ninguno, hasta $ 2.000 para los que tienen cuatro o más. Estos montos se duplican para los hogares que están en peor situación. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementó un ajuste respecto a quienes se beneficiaban de esta tarjeta. Eso llevó a que 74.936 hogares mantuvieran su situación, 33.846 tuvieran una mejora en la prestación que recibían y 26.087 la perdieran porque no les correspondía.

El 85,2% de la población estudiada por Dean y Vigorito se ubica por debajo de la línea de pobreza, mientras que casi el 6% está en la indigencia.

Reducción.

Entre las transferencias que llegan a esos hogares, predomina la AFAM-PE, seguida por la TUS.

Los investigadores afirman que las “transferencias producen una reducción de la indigencia a la tercera parte”, mientras que las prestaciones “impactan en la pobreza en forma más moderada, pues reducen su incidencia en tres puntos porcentuales para el conjunto de la población y en seis para la muestra estudiada”. Por eso concluyen que los montos transferidos “deberían incrementarse significativamente para acercar a los hogares a la línea de pobreza”.

“Estos resultados están en línea con lo observado para otros países de América Latina. Si bien los programas de transferencias condicionadas en la región se han traducido en un aumento del ingreso de los hogares, los resultados han sido poco significativos en términos de la incidencia de la pobreza, dada la magnitud de las transferencias. Sin embargo, Oportunidades en México reduce la incidencia de la pobreza en aproximadamente 20% y en Brasil, las transferencias de ingreso aproximadamente un 15%, pero actúan más sobre su severidad e intensidad. Aquí importan también los puntos de partida, pues en los países citados la incidencia de la pobreza es considerablemente mayor”, afirman.

Se constató que los hogares estudiados “enfrentan fuertes carencias estructurales, en términos de condiciones de vivienda y del nivel educativo de sus integrantes. A diferencia de los ingresos, estas han cambiado muy poco en los últimos años. Esto implica desafíos de política cuyas respuestas requieren de fuertes acciones complementarias a las transferencias monetarias”.

Los investigadores realizaron una simulación de la devolución del IVA sobre las transferencias de TUS y AFAM-PE. “Para ello se supuso que todo el ingreso de los hogares por este concepto se destina al consumo de bienes gravados, lo cual constituye una hipótesis de máxima. Los resultados indican que estas medidas no alterarían la condición de indigencia y pobreza tanto para el conjunto de los hogares como para los hogares incluidos en la muestra entrevistada”.

La encuesta preguntó por los deberes y obligaciones a los que se comprometen cuando acceden a la prestación por AFAM-PE. “Aproximadamente la mitad conocía las exigencias en materia de escolarización. Si bien esto significa una mejora considerable respecto al Panes (Plan de Emergencia), donde solo el 20% de los hogares declaró que los niños debían asistir al sistema educativo, aún se observa una importante falta de información sobre las exigencias que conlleva recibir el beneficio. En general, en este aspecto, no se encontraron diferencias entre el conjunto de los encuestados y la población perteneciente a hogares indigentes, salvo en referencia a los controles pediátricos periódicos: en este caso, este último grupo dio una respuesta afirmativa en mayor medida que el resto de los entrevistados”.