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El presidente Luis Lacalle Pou hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo primero a remarcar. El que tiene la última palabra es él. No sus ministros, ni sus socios de la coalición ni sus allegados más cercanos. Es él porque así son las reglas, establecidas por la Constitución de la República. Ejercer el poder en equipo es una ventaja comparativa con respecto a hacerlo solo pero siempre tiene que haber alguien que tenga la decisión final, y ese es el presidente.
Además, en este caso que involucra a la exministra de Vivienda Irene Moreira parecía bastante evidente que el desvío era lo suficientemente grave como para costarle su cargo en el Poder Ejecutivo. Entregó en forma discrecional un apartamento en un barrio céntrico de Montevideo a una militante de su partido. Muy difícil no cuestionarla. Y mucho menos que, una vez conocida la noticia, cuente con el apoyo de todos sus socios en el gobierno. Es inaceptable desde el punto de vista ético y deberían saberlo ella y también todo su partido.
Moreira y su esposo, el líder de Cabildo Abierto y senador Guido Manini Ríos, aseguran que la exministra estaba amparada legalmente para hacerlo. Es más, recurren a una normativa vigente desde las anteriores administraciones frenteamplistas y sostienen que ya se aplicó varias veces en el pasado.
Con todos esos hechos arriba de la mesa, el presidente Lacalle Pou tuvo que decidir si dar por válida la justificación de Cabildo o pedirle la renuncia a Moreira por no estar de acuerdo con su accionar. Optó, a nuestro entender con mucho criterio y liderazgo, por la segunda alternativa.
No es la primera vez que lo hace. Moreira es la tercera ministra obligada a renunciar por el presidente luego de que se conociera públicamente algún hecho reñido a la ética a través de una investigación periodística. Antes habían sido los colorados Germán Cardoso (Turismo) y Adrián Peña (Ambiente). En esos tres casos, los dos primeros fueron informados por Búsqueda y el tercero lo hizo Radio Universal, el periodismo cumplió un rol central, avalado por el presidente mediante sus acciones. También hubo otros ministros y jerarcas sustituidos en este período, algunos de estos últimos luego de notas periodísticas que los involucraban en cuestiones complicadas.
Es algo destacable que así sea. Desvíos, irregularidades, denuncias de corrupción y casos dudosos hay en todos los gobiernos. De eso no se salva nadie. Entonces, lo que pasa a ser más importante es la actitud asumida por el presidente o los principales jerarcas a cargo del poder ante esas situaciones. Si las toleran, se terminan volviendo cómplices. Si las combaten sin dudarlo, pueden al menos empezar a apagar el incendio.
Lo que parece bastante inútil es empezar con comparaciones sobre la cantidad de casos de corrupción actuales y pasados. Algunos, tanto del oficialismo como de la oposición, han instalado como una especie de ranking para ver cuáles de ellos tienen más irregularidades registradas en sus gobiernos. En lugar de escandalizarse con todas ellas, sean del color político que sean, las toman como goles a favor o en contra. De esa forma, se alejan cada vez más de la excelencia y atacan de una manera torpe a la credibilidad de todo el sistema político. No parece ser el camino más indicado.
Hoy lo que corresponde es aplaudir al presidente por haber hecho lo que tenía que hacer, como también correspondía antes, cuando otros presidentes lo hicieron. Y si quieren comparar, comparen la cantidad de aplausos y no los muertos en el ropero. Triste es que lo segundo siga existiendo.
