Nº 2201 - 24 al 30 de Noviembre de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa preocupación oficialista se traduce en angustia ante la eventual pérdida del poder: incertidumbre sobre el número de bancas legislativas, riesgo de perder medio centenar de cargos de confianza y una proliferación de candidatos sin enjundia, mientras que la oposición los tiene casi definidos. Son algunas causas que siembran dudas en el gobierno sobre el resultado de las urnas en 2024.
La semana pasada en Búsqueda, Andrés Danza tituló su columna “Más que un rumor”. Señala varios aspectos centrales y desnuda el desconcierto (en algún caso certeza) sobre el futuro. Cita un ejemplo revelador. Un senador oficialista se reunió con inversores en el Palacio Legislativo y estos le informaron al periodista su sorpresa por lo ocurrido: “No se esperaban que uno de los principales responsables de que la coalición multicolor triunfadora en las últimas elecciones predijera que el presidente Luis Lacalle Pou deberá pasarle la banda presidencial a (el actual intendente de Canelones, Yamandú) Orsi”, porque “a esta altura esto es muy difícil de revertir y la oferta electoral del oficialismo no ayuda”. Una encuesta de Equipos le acaba de dar al Frente Amplio 43% en la intención de voto.
La carrera presidencial oficialista —a la que Danza califica como “obsesión contagiosa”— conduce a peleas internas y batallitas externas, a descalificaciones al barrer, y a no admitir errores y horrores por los cuales deberían disculparse en lugar de justificarlos. Estupideces políticas coronadas por senadores oficialistas con encendidos elogios a Danilo Astori tras su renuncia, pese a que desde marzo de 2022 no concurre al Parlamento. No les importa que haya garroneado su sueldo mediante reiteradas licencias de una enfermedad derivada de la pandemia. Astori y su suplente, el diputado Juan Carlos Mahía, cobraron lo mismo. El sueldo mensual nominal de un senador es de $ 309.439 pesos. Se debe añadir una partida para pago de secretarios parlamentarios por un total de $ 191.011, lo que determina $ 500.450 nominales. En diputados el salario mensual nominal del suplente de Mahía durante el mismo lapso fue de $ 309.439. Mientras eso ocurría, se reiteraban reclamos de recursos para la salud, la enseñanza o la seguridad y aumentos salariales en diversos sectores. Lo ocurrido evidencia que muchos políticos aplican el relativismo moral y los electores no son giles.
La adelantada campaña electoral oficialista es el resultado de imprevisiones, de incapacidad o de falta de una visión realista: en lugar de actuar mediante acciones políticas del siglo XXI, reviven el pasado, cuando los insultos y los gritos daban rédito que ahora plasman en efímeras redes sociales.
Estas cuestiones tienen su ejemplo más rotundo en lo que sucede en España, lo que debe observarse con atención. A cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas y a un año de las generales, el presidente socialista Pedro Sánchez tomó medidas inmorales para su reelección. Según diversas encuestas, el opositor Partido Popular (PP) tiene una ventaja de 3,5% sobre un socialismo aliado con el radicalismo de Podemos. Si en mayo se imponen los populares, será casi imposible la reelección de Sánchez.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, seguro candidato presidencial, además del combate político interno desarrolla una campaña en diversos países sudamericanos —acaba de visitar Uruguay— para captar votos. En Uruguay hay casi 60.000 españoles habilitados y aunque no voten todos, son muchos.
Aunque con menos tiempo de maniobra que el gobierno uruguayo, Sánchez también apela a medidas desesperadas para conformar a los socialistas, a Podemos y a partidos o grupos autonómicos. Comenzó por indultar a nueve políticos catalanes que en 2017 se rebelaron contra el gobierno y declararon la autonomía. Los nueve habían sido condenados por esos hechos a entre nueve y 13 años de prisión. Sánchez los indultó para calmar las aguas y evitar el hostigamiento independentista. Ahora propone una reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de malversación de dinero público.
Al mismo tiempo evalúa si acepta el pedido de indulto para los corruptos expresidentes socialistas de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenado por malversar fondos de los trámites finales de regulación de empleos conocidos como ERE. Los socialistas acaban de perder por primera vez el gobierno de Andalucía, ganado por el Partido Popular.
El mayor escándalo lo generó la llamada Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El gobierno la presentó como un logro del feminismo que lideró la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Podemos, pareja de su líder, Pablo Iglesias. La nueva ley endureció la persecución contra las violaciones y abusos sexuales, pero por no escuchar el alerta de especialistas se tradujo en excarcelaciones debido a una rebaja de penas. Quien fuera condenado por una agresión sexual a la pena mínima de ocho años, la verá rebajada a seis. ¿Ni el gobierno, dos ministerios, el Congreso, el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Fiscal se dieron cuenta de que faltaba una disposición transitoria para combatir efectos indeseados en la revisión de condenas? La responsabilidad es de Sánchez y de su Consejo de Ministros, que impulsó la ley ante el Congreso.
Los jueces ya la aplican y varios condenados por delitos sexuales han quedado en libertad mientras un centenar reclama en los tribunales igual medida. Montero y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, rechazan admitir el error. Replican con arrogancia: la culpa es de los jueces que “no interpretaron la ley”; son jueces “fachos”; “deciden por machismo”. Rosell fue jueza durante 18 años hasta que optó por ser diputada de Podemos. Ahora embiste contra sus excolegas. Esperan que la Suprema Corte de Justicia enmiende la barrabasada, pero aun así las libertades concedidas dentro del marco de la ley no tendrán marcha atrás. Sin embargo, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, salió al rescate del gobierno que lo designó y este lunes 21 les ordenó a los fiscales oponerse a las libertades en contra de lo sucedido hasta ahora.