Terceros en discordia.
La frase “Está el equipo completo” impresa en las cajas en las que se ofrecían papas fritas y minichivitos en la fiesta en Paysandú es engañosa, porque en realidad trabajar para Forestal Oriental es algo que muy pocos alcanzan. Según explicó el presidente del Soima, Ruben Silva, uno de los problemas que enfrenta el sindicato es que el 90% de los asalariados no tienen una relación laboral con la filial uruguaya de la empresa finlandesa sino con contratistas.
Esta modalidad muy extendida en el mercado laboral y los conflictos que genera hizo que fuera regulada por ley en 2007. Sin embargo, advirtió el veterano dirigente del Soima Hugo de los Santos, una cosa es la Ley 18.099, que estableció la responsabilidad solidaria de todo patrono o empresario por la actuación de sus subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y otra, la realidad en el terreno.
El fenómeno queda claro en los viveros San Francisco y Santana que UPM tiene en el departamento de Paysandú. Esos son dos de los principales centros de producción de plantines de eucaliptos de la empresa finlandesa en Uruguay. Aunque los predios pertenecen a UPM, en cada uno de esos viveros hay cuatro empresas subcontratadas que son las que en realidad se encargan de realizar el trabajo.
“En el mismo vivero y en las mismas tareas hay cuatro contratistas. Hay diferencias de sueldo y condiciones de trabajo distintas entre las empresas. Un poco se busca eso. Uno percibe que es a propósito ese sistema. Se crea esa rivalidad entre empresas que termina favoreciendo a la que hace un poco mejor las cosas. Se crea esa guerra de desigualdad”, contó el delegado del vivero San Francisco, José Sena.
En los viveros el Soima logró consolidar su presencia. Tanto en San Francisco como en Santa Ana el nivel de afiliación supera el 80%.
El delegado de Santana, Pablo Fagúndez, explica que en sus predios UPM intenta “cuidar mucho la imagen”. Sin embargo, la tolerancia va “hasta ahí nomás” y existen prácticas antisindicales “encubiertas”.
Como ejemplo explicó que, si bien no se persigue la sindicalización de los trabajadores, UPM no permite el ingreso a los predios de dirigentes del Soima. Cuando precisa más personal, lo hace ingresar a través de las empresas subcontratadas que tienen menos “conflictos”, y estas empresas, a su vez, dan incentivos a los trabajadores que no adhieren a las medidas del gremio.
En otras áreas de la actividad como la silvicultura y la cosecha llegar a los trabajadores se hace todavía más difícil para los sindicatos. “Son sectores bien complicados de organizar” porque son cuadrillas que un día están en Paysandú y a los quince días están en Rivera. “Es muy difícil llegarle a esa gente y tener una continuidad con las asambleas”, contó Silva.
Amenazados y “despionados”.
Días atrás, Fagúndez junto a otros dirigentes del Soima fueron a visitar a un grupo de trabajadores de silvicultura. Aunque habían sido ellos mismos los que habían promovido el acercamiento con el sindicato, cuando les ofrecieron afiliarse, prefirieron no hacerlo.
“Tienen mucho miedo a afiliarse. Nos dijeron que fueron amenazados abiertamente por los contratistas de que los echan. El que se afilie, para afuera. Ese es otro factor que hace difícil la organización”, relató Fagúndez.
Además de tratarlos de “chavistas” y “tupamaros”, también existe el sistema de premiar a los no sindicalizados con conquistas que no logran los otros. Por ejemplo, pagar el jornal perdido por lluvia.
Otro fenómeno es que el trabajador rural, por su idiosincrasia, cambia de trabajo sin razón aparente. “Me despioné” es una frase frecuente que dicen como única explicación cuando el trabajador habituado a hacer changas deja el trabajo y se marcha hacia el cinturón de la capital a otra cosecha o incluso al Ejército o la Marina.
Además de esa característica de los rurales, las asociaciones de trabajadores no tienen buena fama. “Acá en el interior todavía hay una cultura de que el que se afilia a un sindicato es un vago, un lumpen. Si además el patrón lo amenaza, se hace más difícil arrimar esos compañeros al sindicato”, explicó Fagúndez.
Una cosa es lo que ocurre en Forestal Oriental y otra en las empresas contratistas.
La experiencia de los dirigentes del Soima es que “donde hay concentración de gente es más fácil” la actividad sindical, pero ocurre al revés “con esas cuadrillas que están una semana acá y la siguiente en otro lado, y esos son la mayoría de los trabajadores”.
La próxima oportunidad para mejorar tanto los jornales, que rondan los $ 650, como las condiciones de trabajo, es el Consejo de Salarios 2018. De cara a esa negociación, el Soima, con apoyo del Sunca, busca fortalecerse y elevar el nivel de afiliación, que apenas es de 600 en unos 15.000 trabajadores.
“El año que viene tenemos que negociar en los tres sectores: carpintería, industria y forestación”, contó Silva. Además de una mejora salarial, los forestales intentarán llegar a acuerdos que permitan ampliar sus “libertades sindicales” y les permitan, por ejemplo, desarrollar asambleas en los centros de trabajo.
La cadena forestal.
Según el estudio Contribución de la cadena forestal a la economía uruguaya, que la Sociedad de Productores Forestales y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentaron la semana pasada, en Uruguay hay unas 800.000 hectáreas plantadas por ese sector de actividad y el nivel de extracción de madera está por encima de los 14 millones de metros cúbicos anuales. El análisis, realizado por la consultora CPA Ferrere, sostiene que el país no tiene capacidad industrial para absorber la cantidad que se cosecha y, a su vez, estima que la extracción podría crecer hasta los 25 millones de metros cúbicos en la próxima década.
En 2016 las exportaciones del sector forestal alcanzaron los US$ 1.534 millones. Esa cifra equivale al 17,5% del total de exportaciones de bienes y ubica la actividad como la segunda cadena productiva más importante para el país. En el Producto Bruto Interno (PBI) la incidencia de la cadena forestal corresponde al 3,6%.
En cuanto a empleo, el estudio de CPA Ferrere asegura que el sector genera 25.500 puestos. En detalle, son 3.524 los empleos directos y 12.937 los indirectos. Esos son los 15.000 forestales a los que se refiere el sindicato. Luego el estudio habla de 8.905 puestos de trabajo inducidos.
Cerca de la mitad de esos puestos forestales (unos 7.000 trabajadores) corresponden a la actividad de los viveros, la silvicultura y la cosecha. Estas dos últimas son las áreas donde el sindicato encuentra más dificultades para llegar a los trabajadores y fortalecer su organización.
El estudio de la consultora también refleja en números el fenómeno de los contratistas que el Soima ve como un problema. Basándose en datos del Banco de Previsión Social, el análisis afirma que hay unas 1.750 empresas vinculadas al sector, de las cuales el 93% son micro y pequeñas empresas.
Un estudio presentado por la misma consultora en junio de 2016 sobre el impacto económico de UPM Uruguay arrojó que existían apenas 560 puestos de trabajo directos, 3.681 indirectos y 2.736 inducidos por el crecimiento de la zona donde operan, en un total de 6.976.
Búsqueda intentó consultar a autoridades de UPM para esta nota pero no obtuvo respuesta.
Cama caliente y falsas 8 horas.
Otra diferencia entre las plantaciones y viveros de UPM y sus contratistas es la conquista de la jornada de 8 horas con descanso los domingos. El beneficio se logró hace unos dos años no sin fuertes discusiones entre empleados y empleadores.
Pero mientras en UPM rigen los tres turnos (6 a 14, 14 a 22 y 22 a 6) el coordinador del Soima, De los Santos, sostuvo que el régimen conquistado es “un muy mal ejemplo”, porque muchos contratistas trabajan con el sistema de cama caliente (uno se levanta y otro se acuesta), organizando dos turnos de 12 horas y alojando a los trabajadores en casas alquiladas cerca del frente de cosecha.
“El trabajador se vuelve el verdugo de sí mismo, porque para ganar un poco más acepta el trabajo a destajo e informal y la jornada de 12 horas se convierte en obligatoria. Lo más importante es que la máquina no quede parada. Es un sistema perverso”, opinó De los Santos, y explicó que para que se cumpla la ley hacen falta más inspectores.
