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Las “repúblicas bananeras” son aquellas que se dejan influenciar por empresas extranjeras, dictando leyes que las benefician directamente, mientras corre el amiguismo y la corrupción.
El término viene dado por la tremenda incidencia que tuvo la empresa norteamericana United Fruit Company (UFCO) durante la primera mitad del siglo XX en los gobiernos centro y latinoamericanos, mientras comercializaba frutas tropicales —en especial, bananas— bajo un régimen cuasi monopólico.
La izquierda latina siempre utilizó a la United Fruit Company como el prototipo del empresario capitalista ambicioso, sin escrúpulos, imperialista y explotador.
Sin embargo, el acuerdo que acaba de firmar el gobierno frenteamplista con UPM tiene muchos ribetes similares a los que firmaba la United Fruit Company: régimen especial de impuestos, paz sindical, obligaciones del país para hacer obras de infraestructura para que ellos puedan sacar su producción, régimen de zonas francas y otros privilegios.
Es evidente que sin estos “beneficios”, UPM no hace su millonaria inversión, pero tampoco la hacen otros empresarios con menos pretensiones, ya que con los altos impuestos que se cobran en Uruguay, la burocracia y el régimen sindical, hacen inviable muchas iniciativas.
Un país de primera no debería tener “regímenes especiales” para atraer inversores, sino que la regla general debería ser la que pide UPM: contar con una buena infraestructura de carreteras, impuestos bajos, sindicatos civilizados, leyes claras, facilidad para contratar y despedir, protección del derecho de propiedad y libre circulación de bienes y divisas.
Esto no es otra cosa que establecer un sistema capitalista y salir de un régimen socialista. Así lo muestra el ranking Doing Business del Banco Mundial (que tantas veces citamos en esta columna), donde la lista del 2018 la encabezan Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Corea del Sur, Hong Kong y Estados Unidos. Uruguay está en el lugar 94 (siempre a mitad de tabla) y Finlandia en el 13.
Mientras tanto, los empresarios uruguayos, en especial los pequeños y medianos, no tienen ninguno de los privilegios que se le van a dar a UPM, lo cual es muy injusto.
Es evidente que una parte del gobierno frenteamplista se está dando cuenta de que es el liberalismo económico y no el socialismo, lo que genera riqueza y oportunidades. Y dentro de este esquema, son los empresarios, no los gobiernos ni los sindicatos, los que hacen las inversiones y generan empleos genuinos.
Todos dicen estar de acuerdo con la inversión de UPM, resaltando el impacto que tendrá tal inversión en la economía, en especial, en la zona de Durazno, donde se instalará. Pero de lo que no se dan cuenta, o no insisten, es en todas las inversiones que se harían en Uruguay si se flexibilizaran las normas laborales, se construyeran las carreteras que no se construyeron por dilapidar dinero al “prenderle velas al socialismo” o se bajara el “gasto social”, por haber contratado más de sesenta mil empleados públicos o repartir prebendas desde el Mides.
Los empresarios no hablan demasiado de este tema porque están esperando una tajada de los negocios con UPM. Pero si no insisten con que Uruguay deje el socialismo estatista y vaya a un régimen liberal puro, las “tajadas” las van a seguir recibiendo ellos.
