Un aval feudal

Casi todo se ubica en el subsuelo de las anécdotas cuando para discutir el futuro y admitir errores e ilegalidades, se requiere grandeza y dignidad. En lugar de eso se banaliza.

Sin argumentos para rebatir la sentencia intentan que la gente crea que son intachables patriotas que delinquieron para solucionarle un lío al gobierno (L´État, cés moi) y en beneficio del interés nacional. El tribunal tuvo otra óptica.

Dice que el aval de US$ 13,6 millones que arbitrariamente digitaron para que la empresa Cosmo pudiera participar en 2012 en el remate de aviones de Pluna, fue abusivo. Pese a la idoneidad técnica y experiencia de los condenados —o tal vez por ello— se desviaron del camino lícito. Por eso los considera culpables y los condena a 20 meses de prisión en libertad, inhabilitación especial de dos años y una multa de 1.000 unidades reajustables.

Como ocurrió durante toda la investigación, vuelven a quebrar lanzas políticas por los condenados. El expresidente José Mujica admite ahora que les ordenó “sacarse el problema”. En buen romance, les dio una orden: hagan lo que sea y como sea. Los incitó a delinquir aunque en su declaración judicial había dicho que nunca dio instrucciones para que se saltaran los procedimientos para el aval (Búsqueda Nº 1.886).

Tan responsable como Mujica es su vicepresidente Danilo Astori. Resulta obvio que digitaba, ordenaba, timoneaba el Ministerio de Economía y el BROU a través de dos de sus hijos políticos dilectos. ¿Alguien con un mínimo de sentido común puede creer que estuvo al margen de la maniobra o que no la aprobó (o sugirió)? ¿Es posible suponer que Lorenzo y Calloia le ocultaron al vicepresidente lo que les pidió Mujica? Quien lo crea es nabo al cubo.

Aunque Mujica admite que ambos hicieron la maniobra siguiendo sus instrucciones, sostiene que actuaron de “buena fe”. ¡Menuda contradicción! Buena fe (y honradez) hubiera sido negarse a otorgar el aval. Lo que ocurrió, dice el tribunal, fue “viabilizar de manera claramente abusiva (abusar implica ir más allá de lo permitido, sobrepasar los límites de las funciones que le competen), a la vez que arbitraria (esto es: contra todo derecho y contra toda lógica y razón)…”. Obediencia debida. ¡Cómo se iban a negar al pedido de Mujica y Astori!

Vázquez también se subió al carro de la “buena fe” y dijo que les tiene “plena confianza”. Uno duda si es una broma más del predicador o les toma el pelo a los ciudadanos.

La frutilla de la torta la puso Martínez. Depositó su “plena confianza en la idoneidad moral” de Lorenzo y Calloia. De todo entiende poquito: idoneidad es tener aptitud para determinada cosa, y la moral es lo que permite distinguir las acciones buenas de las malas. ¿De verdad cree que Lorenzo y Calloia no tenían aptitud para digitar el aval y que no sabían distinguir entre el bien y el mal?

El tribunal señala que el gobierno pretendía que la subasta fuera exitosa y considera “una obviedad tener que resaltar que ello no explica, ni justifica, la forma como idóneamente presionó para que se eludiera la aplicación de normas mínimas imprescindibles de control”. Lorenzo “no podía ignorar que no era factible (que el beneficiario) reuniera los requisitos necesarios u ofreciera una contragarantía exigible”. Por eso se salió de cauce e hizo gestiones “en nombre del gobierno, en nombre del Poder Ejecutivo”.

Sobre Calloia dice que “al amparo de la tosca excusa de estar desempeñándose en función del supuesto ‘interés nacional’” (el bien común de toda la sociedad), ordenó a los servicios técnicos del banco que presidía que se “saltearan todas y cada una de las más elementales reglas de prudencia que deben presidir la actividad bancaria, con la finalidad de viabilizar el irregular otorgamiento de un aval”.

La sentencia es elocuente. Vale la pena leerla para tomar consciencia de que la cuestión se manejó como si el BROU fuera un feudo privado del gobierno o una parcela de la chacra de Rincón del Cerro1.

La propuesta para derogar o modificar el delito de abuso de funciones se propone a raíz de este hecho por enésima vez; una anécdota dentro del marco delictivo. La corrupción es el principal problema para las democracias y el abuso de funciones la integra. Habrá que ver qué ocurre a partir de 2020 cuando se corra la manta.

En su primera resolución sobre este caso el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, recordó que “la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida (México) en 2003, y aprobada por Uruguay por Ley 18.056, de 20 de noviembre de 2006, enumera distintos delitos de corrupción, entre los que incluye en su artículo 19 el delito de ‘Abuso de Funciones’, al que define como ‘la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido, para sí mismo o para otra persona o entidad’”.

(1) Sentencia disponible en poderjudicial.gub.uy: Noticias judiciales. El TAP 1º condenó a exministro de Economía y a expresidente del BROU por actuación en aval bancario de Pluna.