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El ajuste de tarifas públicas que entró en vigor este enero volvió a mostrar una situación que no por repetida deja de ser altamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tienen la electricidad, los combustibles y las comunicaciones como insumos en las diferentes actividades económicas.
Particular y lógica irritación generó la decisión de no bajar los combustibles a la luz del desplome que ha tenido el precio del petróleo, que dejó el costo de dicho insumo entre 20% y 25% por debajo de la paramétrica que tenía fijada Ancap. El argumento del gobierno de que el mercado internacional del crudo (que tras haber alcanzado un máximo en más de cuatro años a comienzos de octubre, en menos de tres meses cayó más de 42%), se neutraliza con facilidad si se piensa que se podrían asegurar precios parecidos a los actuales a través de la compra de futuros sobre petróleo (o incluso si se quisiera seguir aprovechando eventuales bajas futuras pero protegiéndose de posibles subas, a través de opciones call sobre el crudo).
La realidad es que el comportamiento de las tarifas de Ancap ha sido totalmente asimétrico respecto a los precios del petróleo: el gobierno “hace caja” cuando el del crudo se abarata a nivel internacional, y la trata de mantener cuando sube.
Algo similar ocurre con las tarifas de UTE, donde la fuerte reducción del costo de generación como resultado del mayor peso que han adquirido las energías renovables —en particular la eólica— ha sido apropiado por la Tesorería y por la propia empresa, sin que llegue a los consumidores. Y otro tanto ocurre con Antel, donde hay que conformarse con que las tarifas suban “algo por debajo de la inflación”, a pesar de que el cambio tecnológico hace que en todo el mundo las tarifas de las comunicaciones se desplomen, a la vez de que la calidad de las mismas mejora exponencialmente.
El país todo se debe una discusión seria en la próxima campaña electoral sobre el rol de las empresas públicas y la política de tarifas a aplicar en insumos clave para la producción. Esto tendría que ser parte de una discusión más global respecto a si es viable seguir manteniendo el actual tamaño del gasto estatal y de presión tributaria formal e implícita.
Es más, no se necesita volver a “inventar la rueda” en materia de esquemas de regulación y control de los entes, ya que hay una extensísima literatura académica sobre regulación de monopolios, así como múltiples experiencias prácticas en diversos países. Lo que se necesita es una fuerte voluntad política de llevar a cabo cambios radicales en el llamado “dominio comercial e industrial del Estado”.
También se precisan cambios radicales para adecuar las funciones y estructura del Estado, así como en la seguridad social.
Si estos cambios no se dan, la perspectiva es la de seguir en un proceso permanente de achique de la actividad privada y del empleo, ya que además el contexto internacional en el corto y mediano plazo aparece mucho más desafiante. El capital humano de los uruguayos irá a aplicarse a otros países donde tengan condiciones más favorables para progresar, y lo mismo ocurrirá con el éxodo de empresarios que de forma lenta pero firme ha comenzado en los últimos años.
¿Estará el sistema político preparado para asumir estos desafíos y la sociedad uruguaya preparada para encararlos? ¿O nos moveremos peligrosamente a algo parecido a lo que fue el trágico error de Mauricio Macri en no “blanquear” la situación? Porque el tema de las tarifas públicas no es más que un síntoma de una de las enfermedades profundas que padece Uruguay que quedó expuesta al finalizar el boom de las materias primas: un nivel de gasto público demasiado grande.
