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En épocas en las que la liviandad va ganando terreno y casi todo parece vacío de contenido, hay varias instituciones que históricamente han funcionado como garantes de la democracia a las que les está costando muchísimo trabajo sostenerse fuertes. A simple vista, parece como si estuvieran fuera de tiempo o demasiado envejecidas como para seguir el ritmo contemporáneo. Por eso, van perdiendo peso y se diluyen en ese concierto desafinado en el que mandan las grandes plataformas y las redes sociales.
Los ejemplos son varios pero el que a nosotros nos ocupa, porque nos incluye, es el del periodismo independiente y que apuesta por la calidad, y muy especialmente el de la prensa escrita. La pandemia de coronavirus, que ya lleva más de un año destruyendo todo a su paso como si fuera un gran tsunami, dejó bajo agua a varios medios de prensa prestigiosos y de renombre internacional por su gran profesionalismo.
Uruguay no es la excepción. Todos los medios locales sufrieron una reducción considerable en sus ventas, lo cual es lógico en el contexto actual, y eso afecta la calidad. Es muy difícil poder llevar adelante un periodismo de excelencia, como lo requiere cualquier democracia que se jacte de tal, sin recursos. Por un tiempo se puede, pero el sacrificio y el cansancio se acumulan en los pocos periodistas que van quedando y con el transcurso de los años, el deterioro generalizado se vuelve inevitable.
Casi todo el espectro político, incluidos los principales referentes del gobierno y de la oposición, se muestran de acuerdo en la necesidad de conservar al periodismo de calidad y en cuidar a la libertad de prensa. El problema es que eso solo se logra con hechos y no con palabras. Y la verdad es que a muchos gobernantes, nacionales y municipales, no les interesa tener a profesionales de la comunicación que estén constantemente controlando sus movimientos. Por eso prefieren no hacer nada para fortalecerlos. El buen periodismo tiene que ser muy molesto, en especial para el poder, y eso no es para cualquiera.
Sin embargo, en los últimos días surgió desde el sistema político una propuesta muy interesante acerca de este tema. Y no vino desde la oposición, como suele ocurrir en estos casos a escala mundial, sino de un legislador del oficialismo: el senador nacionalista Sebastián Da Silva. Lo que propuso Da Silva mediante una columna de opinión publicada el viernes 23 en el semanario Crónicas es debatir sobre la posibilidad de cobrar un impuesto a las grandes plataformas y administradores de redes sociales para generar un fondo para distribuir entre los medios de comunicación locales, que abastecen con el material que producen a esas grandes empresas.
No es una idea loca ni descolgada. De hecho, ya se aplica en varios países del mundo. Algunos la instalaron luego de un largo debate político, en el que participaron el gobierno y la oposición, como el caso de Australia. Otros, como Francia, lo hicieron mediante un acuerdo directo de los medios de comunicación con Google y Facebook. También hay de los que se encuentran en mitad del debate, como Canadá. Pero ya son varios los que optaron por esa senda.
Da Silva lo define en su columna como “uno de los debates más trascendentes que el mundo no pandémico está discutiendo” y lo explica de la siguiente forma: “La falta de regulación exhibida con orgullo por aquellos pioneros de la era digital, pasó al uso abusivo de los tráficos de los contenidos de publicaciones periodísticas; de la crisis de los medios serios de información y el abuso monopólico de estas plataformas globales (Facebook o Google) a la hora de vender publicidad con creaciones ajenas”.
“El abordaje principal debe de ser filosófico. Los que entendemos al periodismo serio como una forma sagrada de blindar la democracia, debemos de preocuparnos por su supervivencia”, agrega.
Estamos de acuerdo. Es un problema filosófico y de los más trascendentes del mundo contemporáneo. Sin periodismo serio no hay democracia sólida y es hacia ese lugar al que nos estamos dirigiendo. Por eso se trata de un debate necesario. Más que necesario incluso, imprescindible. Y de poder avanzar, Uruguay tiene todas las condiciones, por su tamaño y proyección, de ser un buen referente mundial en este aspecto. Ningún gobierno, ni este ni los anteriores, le han dado importancia a este tema. Pero el tiempo se termina. No dejemos pasar la oportunidad.
