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Llegará el día, esperemos que no muy lejano, en el que todos los uruguayos terminemos de asumir que vivimos en un país muy pequeño, con un mercado insignificante en el mundo actual pero ubicado en un lugar de privilegio, entre dos potencias importantes como Argentina y Brasil, aunque no estén en su mejor momento. No debería ser tan complicado coincidir en eso. Basta con mirarse al espejo e incorporar lo que devuelve sin prejuicios ideológicos ni relatos preestablecidos.
El problema es que varios dirigentes políticos, en especial de la actual oposición, asumen la política exterior como si fuera un campo de batalla, cuando debería ser todo lo contrario. Es absolutamente imprescindible que la estrategia que sigue Uruguay en sus relaciones con otros países sea asumida como una política de Estado. No hay otra forma de que un país que tiene la misma cantidad de habitantes que un barrio de San Pablo o de Buenos Aires pueda crecer.
La rotación de los partidos políticos en el gobierno es siempre muy bienvenida. Sirve para combatir la tentación de los desvíos de poder y la corrupción y para darle mayor solidez a la democracia. Pero eso no quiere decir que los que llegan tengan que deshacer todo lo que hicieron los que estuvieron antes. Elegir ese último camino es condenarse al estancamiento eterno.
Muchos de los países exitosos alrededor del mundo manejan desde hace décadas las relaciones exteriores como una política de Estado. Decidieron abrirse al mundo, tener la mayor cantidad de clientes posibles para lo que ellos producen y utilizar siempre la misma línea negociadora, esté quien esté a cargo del poder. No lo tomaron como una cuestión de izquierda o de derecha sino como un asunto que excede lo ideológico, de carácter pragmático. Los ejemplos son muy variados: desde Chile hasta Vietnam, pasando por Costa Rica, Nueva Zelanda y muchos más. Lo único que tienen en común es ser países chicos que necesitan el comercio exterior como el pan de cada día.
Uruguay también debería tener una política de Estado en materia exterior. Al menos en eso, todos —oficialismo y oposición circunstanciales— tendrían que estar de acuerdo. Salvo por algunas excepciones de radicales y fanáticos, que no son representativos de la mayoría de la población, las líneas generales sobre qué hacer son compartidas por los principales líderes políticos. Pero igual no se logra el acuerdo necesario como para poder avanzar.
Lo que está ocurriendo con Uruguay y China en estos momentos es un ejemplo muy claro al respecto. Existen posibilidades reales de avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, según comunicó el Poder Ejecutivo durante las últimas semanas. Lo hizo el presidente actual Luis Lacalle Pou pero antes, en el anterior período de gobierno, se habían manifestado de una manera similar el entonces mandatario Tabaré Vázquez y su ministro de Economía, Danilo Astori. Es más: hasta llegaron a negociar con la potencia asiática la posibilidad de avanzar en el camino de un TLC.
Lo extraño entonces es la actitud asumida por la actual oposición, especialmente por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Al hablar públicamente sobre el tema, planteó serios cuestionamientos a un eventual TLC con China y se quejó de los perjuicios que podía llegar a tener esa posibilidad para la economía local. Algo similar hizo la central sindical, el PIT-CNT.
El presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Ope Pasquet, también realizó un cuestionamiento pero de otro tipo. Se refirió a la oportunidad estratégica de acercarse a China en un momento de alta tensión mundial y de una clara disputa entre esa potencia asiática y Estados Unidos y Europa. Ese es otro tipo de discusión, que podría ser atendible, aunque no parece ser un verdadero problema.
Pero la actitud de parte de la izquierda local es mucho más preocupante. En especial porque cuando estaba en el poder se manifestó unánimemente a favor de un TLC con China. Negarlo o obstruirlo ahora es atacar el ADN de cualquier política de Estado que pueda tener Uruguay. Sería una pésima señal hacia el futuro. Hay que ver qué pasa si el TLC avanza y llega al Parlamento. ¿El Frente Amplio votará en contra de sus convicciones? ¿Seguiremos tan lejos de los consensos necesarios por priorizar siempre el cortoplazismo? Un verdadero dilema chino que se acerca.
