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    Un error de Lacalle

    Columnista de Búsqueda

    Nº 2163 - 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2022

    Hace pocos días el ministro de Defensa, Javier García, recordó a Búsqueda algo que es evidente pero que se suele olvidar: en una democracia no existen presos políticos porque en una democracia impera el Estado de derecho. Si existieran presos políticos, no seríamos una democracia y, lo recordó García en su comentario, Uruguay es una de las pocas democracias plenas del orbe. Por eso creo que la reunión del presidente Luis Lacalle Pou con el grupo Familiares de Prisioneros Políticos Uruguay fue un error. No me interesa mirar el asunto desde la perspectiva de la validez humana o ideológica que tengan o no los argumentos de dicho grupo. Sí me interesa, en cambio, mirarlo desde la perspectiva de la democracia y la República, que es, en definitiva, la que nos afecta a todos en tanto ciudadanos.

    Lo primero es recordar en qué consiste el Estado de derecho, es decir, en qué se distingue la legalidad democrática de la de una dictadura. La definición de la muchas veces denostada Wikipedia parece bastante ajustada: “El Estado de derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad (incluidos aquellos en el gobierno) se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente; es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. El Estado de derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores, encargados de hacer cumplir la ley y jueces. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos”.

    En resumen, que los derechos de cada ciudadano del país están sujetos a un sistema garantista que impide que quienes detentan el poder puedan actuar por fuera de las leyes vigentes. Exactamente lo contrario de lo que hacen las dictaduras. Por eso, si bien no es lo mismo democracia y Estado de derecho, en la realidad la primera suele implicar al segundo. Dependiendo, claro, de la calidad de esa democracia. Por eso el señalamiento del ministro de Defensa resulta especialmente adecuado: que Uruguay sea considerado en los rankings internacionales una democracia plena se debe, entre otras cosas, a la completa vigencia de su Estado de derecho y de las garantías que este otorga a los ciudadanos. Y, en particular para el caso que nos ocupa, a la existencia de distintos poderes del Estado que actúan de manera independiente y autónoma.

    Es precisamente por este último aspecto que aquella frase de “lo político está por encima de lo jurídico” resultaba chirriante en boca de un presidente democrático y constitucional como lo era José Mujica. Y es justo por esa misma razón que creo es un error que el presidente Lacalle Pou, máxima autoridad de la República, se reúna con un grupo que lleva en el nombre la afirmación de que en Uruguay existen presos políticos. Vamos otra vez a la denostada Wikipedia: “Un preso político o prisionero político es cualquier persona física que pertenezca a un partido político o sector político a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo, bajo arresto sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea”.

    Entiendo que el presidente Lacalle Pou pertenece a una estirpe de políticos caudillos que, como su bisabuelo Luis Alberto de Herrera, reciben a todo el mundo y están dispuestos a dialogar con cualquiera. Y esto pese a que Crysol Asociación de Expres@s Polític@s de Uruguay (un nombre basado en hechos y no en lecturas de la realidad) le ha solicitado una audiencia que aún no se ha concretado. Entiendo también que a través del diálogo amplio, especialmente entre aquellos que piensan distinto, es cómo se logran de manera pacífica las transformaciones de largo aliento. Pero ese diálogo no ocurre en el vacío, ocurre dentro de un marco institucional y dentro de un acuerdo compartido: en Uruguay existe el imperio de la ley y los presos lo son por sus acciones, no por sus ideas. Cuando el presidente se reúne con quien afirma que en Uruguay se encarcela a gente por sus ideas, de alguna forma está cuestionando su propia legitimidad y, con la suya, la de todo el sistema republicano. En ese sentido, si el grupo se llamara Familiares de Quienes Creen Haber Sido Juzgados de Manera Injusta por el Sistema, la reunión habría sido perfectamente aceptable. Y no por una cuestión formal, sino por el contenido que carga esa forma.

    Así, la idea de que “el tema es político” y que por tanto su “solución es política” no resulta especialmente democrática y es prima hermana de la citada “lo político está por encima de lo jurídico”. Podemos discutir todo lo que haga falta sobre la calidad de la ley o sobre la mejorable independencia del Poder Judicial. Podemos incluso cambiar la ley. Pero para seguir siendo una democracia plena la conversación no puede ir en el sentido de debilitar la separación de poderes o de subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo. Eso es lo que hacen las democracias de peor calidad que la nuestra. Y de alguna forma ese es el camino que, queriendo o sin querer, marca el presidente Lacalle Pou al reunirse oficialmente con quien afirma que en Uruguay se encierra a la gente por sus ideas. Por suerte García estuvo ahí para recodar lo que todos los rankings internacionales señalan: eso no es verdad, ya que para ser una democracia plena se necesitan, entre otras cosas, separación de poderes e imperio de la ley. El Estado de derecho funcionando.

    En su cuento Un error de Ludueña, Elvio Gandolfo narra la historia de un ladrón profesional que es reclutado por una organización política para ayudarlos en el escape de un robo. Los miembros de esa organización intentan convencerlo de las bondades de su causa y reclutarlo para ella. Ludueña, viejo cínico, les agradece, se niega y les recuerda el dinero que le deben. En la escena final, esperando el dinero en un bar, Ludueña entiende que fue entregado a la Policía y decide abrirse paso a los tiros, sabiendo que el error de confiar en quienes lo contrataron le va a costar la vida. Lo que intenté explicar como un error del presidente obviamente no nos va a costar la República, que históricamente ha demostrado tener unos mimbres fuertes y confiables. Pero es bueno recordar que la investidura presidencial es un elemento central en esa República y que ninguna convicción ideológica o personal puede estar por encima de ella.