Un fiscal ombudsman

Uno de los científicos, Castelo-Branco, destacó que como en el amor, la pasión por el fútbol puede convertirse en obsesión, nublar el comportamiento racional de las personas y pasar al fanatismo. Así es. En el amor se registran desbordes de machismo y violencia de género y en el fútbol se transita por similares carriles ilegales. Por ello los fiscales deben intervenir dentro del marco de una investigación o un proceso penal.

La violencia no es nueva. Los homicidios por el fútbol comenzaron hace 92 años. En 1924 Uruguay y Argentina empataron a cero y los celestes obtuvieron la cuarta Copa América. Tras el partido se enfrentaron las hinchadas y el uruguayo Pedro Demby fue asesinado a balazos por hinchas argentinos.

En las competencias locales en Uruguay se iniciaron el 22 de setiembre de 1957 cuando en un partido entre Sud América y Progreso el hincha de Sud América Carlos Héctor Gómez fue atacado por una horda rival cuando festejó un gol. Golpes salvajes determinaron su muerte. Desde entonces se han producido varios homicidios, además de otros delitos, como lesiones de diversa entidad, amenazas de muerte y la apología de esos y otros delitos.

¿Qué se puede hacer para terminar con esta epidemia? Algo se ha intentado sin éxito porque la génesis parece estar en las cúpulas. En 2016, en una sentencia de condena por el asesinato a golpes y puñaladas del hincha de Cerro Héctor da Cunha a manos de parciales de Peñarol, el juez Julio Olivera Negrín destacó que los tres asesinos admitieron que recibían entradas del club. Advirtió que en el fútbol existen códigos de silencio para no inculpar a nadie y los calificó como “asociación para delinquir”. No lo dijo, pero esa asociación criminal no es ajena a los miles de millones que mueve el fútbol y a que todos quieren su mordida. Los únicos inocentes son los giles trabajadores que ocupan las tribunas, aunque tengan que comer salteado.

Lo que ocurrió ahora deja un saldo desconcertante. El fiscal de flagrancia Fernando Romano citó a dirigentes de ambos equipos, aunque no para investigar si habían cometido algún delito. Por el contrario, sabía de antemano —así lo dijo— que no aplicaría la ley penal: “La intención de la fiscalía no era penalizar conductas (…), acá intervino el sistema penal. Es otra alerta para ellos. La AUF, clubes, jugadores, jueces y entrenadores deben poner su grano de arena para que termine la violencia en las tribunas”, le comentó a Eduardo Barreneche de El País.

A los jugadores les dijo que no pretendía judicializar sus conductas porque podría entorpecer sus pases al exterior. La intención de Romano, dice el diario, fue “hacerles un llamado de atención sobre su responsabilidad social”.

No actuó como fiscal sino como una especie de ombudsman futbolero. En lugar de investigar si correspondía aplicar la ley ante eventuales delitos admitió que sabía que no existían—, intervino como mediador, gestor, psicólogo o asistente social que aconseja y lanza “alertas” desde el “sistema penal”. Con ese mismo razonamiento podría actuar en conflictos de cualquier otra organización privada como es el fútbol. Dijo que antes de actuar como lo hizo consultó con el fiscal interino de Corte, Juan Gómez. Peor la enmienda que el soneto.

Por otra parte, sorprende que haya convocado a su despacho al secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá. Según una nota de la semana pasada de Juan Pittaluga en Búsqueda, ambos coincidieron en algunos caminos para combatir la violencia. Bauzá declaró que quienes alienten a la violencia en las redes sociales pueden ser incluidos en una lista negra.

Para evitar confusiones extralegales, vale remarcar que un fiscal no es una luz que pueda incursionar en cualquier actividad para solucionar problemas y dar cátedra de moral y principios. Recuerdo un preciso aserto de hace unos años del exfiscal general Jorge Díaz: “Somos la Fiscalía General de la Nación, no la Fiscalía Moral de la Nación”.

Puede que algunos consideren razonable y encomiable la actuación sin precedentes del fiscal ombudsman, pero ninguna norma lo habilita. Debe ceñirse al ordenamiento jurídico. En caso contrario, además, distrae tiempo y atención de asuntos penales de su fiscalía que, como el resto, está desbordada y tiene atraso. ¿Qué justifica que el Ministerio Público intervenga para que los dirigentes se disculpen y exhorte o negocie con un integrante del Poder Ejecutivo tomar medidas sancionatorias? Nada. Se parece mucho a la demagogia.

Así nos va.