Un juez contra el lavado

Desde 1907 se jubilaron de la Corte 77 ministros, y la amplia mayoría se retiró a cuarteles de invierno. No solo eso, sino que de inmediato pasaron al anonimato en la consideración pública. Algunos ejercieron la docencia o el ejercicio liberal de la profesión.

La asunción de Jorge Chediak como nuevo director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (más conocida como Secretaría Antilavado) marca un cambio radical en esa historia judicial de 113 años.

Tendrá a su cargo elaborar e impulsar las políticas nacionales para combatir el lavado de activos y el terrorismo. Sus propuestas deben ser refrendadas por el presidente Luis Lacalle Pou, quien decidirá cómo instrumentar la prevención y la represión, así como diseñar la inteligencia financiera del sistema, como lo establece la Ley Nº 19.355. Deberá coordinar sus acciones con jueces y fiscales.

Como sus antecesores, Carlos Díaz y Daniel Espinosa, el nuevo jerarca deberá enfrentar a poderosas corporaciones y mafias internacionales con notorias ramificaciones locales incluso en el deporte. De su trabajo depende que Uruguay no sea incluido en las listas negras de organismos internacionales si no se combate el lavado de activos.

El país es periódicamente evaluado sobre su cumplimiento de los estándares internacionales para ese combate. Esas directivas surgen de las recomendaciones y posterior control de la organización intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La experiencia de Chediak a lo largo de 41 años en diferentes materias jurídicas, en particular la década como ministro de la Corte, descartan que la suya haya sido una designación improvisada. Todo lo contrario.

De este hecho se desprende otro aspecto que en general se omite: el cese obligatorio de los magistrados cuando cumplen 70 años, como lo estableció la Constitución de 1934 y lo refrendó la actual. Chediak tiene 68 años pero dejó la Corte porque también deben hacerlo quienes cumplen 10 años en el organismo. Ha ocurrido con otros notables magistrados cuya experiencia y talento no fueron aprovechados por negligencia política o porque antes están los amigos.

Esos topes desnudan la pérdida de magistrados en la plenitud de su rendimiento intelectual, una potencialidad que se nutre de una experiencia que puede favorcer la excelencia en el servicio. Con los actuales límites se descarta calidad; priman otros intereses.

Por haber cumplido 70 años o por ejercer el cargo 10 años han quedado por el camino jueces como Leslie van Rompaey, Raúl Alonso de Marco, Gervasio Guillot, Milton Cairoli, Felipe Hounie, Luis Torello y Daniel Gutiérrez, por mencionar solo a unos pocos a los que se deben añadir los ya citados Balbela y Pérez Manrique.

En 1934, cuando se estableció el retiro forzoso a los 70 años, la esperanza de vida oscilaba en 50 años en los hombres y en 52 años en las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2017 la esperanza de vida de los hombres fue de 77,6 años y en las mujeres de 81 años.

En el ranking de la esperanza de vida de las Américas, Uruguay se ubica en el puesto número 20 dentro de los 50 países del continente, con apenas 4,7 años menos que los canadienses, los más longevos.

En los próximos cinco años cesarán siete ministros entre la Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que se rige por los mismos límites. En el pasado en el TCA se han jubilado, entre otros, Manuel Díaz Romeu, Dardo Preza, Eduardo Lombardi, Manuel Mercant, Alicia Castro y Eduardo Brito del Pino.

Llegar a 70 años en las cúpulas jurisdiccionales se considera un demérito, pero en los otros poderes del Estado ocurre lo contrario. No es casualidad. Por ejemplo los expresidentes Jorge Batlle, José Mujica y Tabaré Vázquez terminaron sus mandatos con 78, 79 y 80 años, respectivamente. En el Poder Legislativo ocurre lo mismo: Lucía Topolansky tiene 75 y Julio María Sanguinetti 84.

El Poder Judicial es el conjunto de jueces y tribunales y en consecuencia cada juez es el Poder Judicial. ¿Alguien se atreve a proponer un tope de edad para integrar el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo? Seguro que no. Tampoco tienen tope los ministros de los organismos de contralor: Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.

Veamos unos pocos ejemplos comparativos. En algunos países de la región la edad de cese ha ido aumentando. En Argentina, Chile, Paraguay, México y República Dominicana es de 75 años. En Perú se estudia extenderla de 70 a 75 años y en Estados Unidos los jueces son vitalicios.

La posibilidad de extender la edad de retiro y eventualmente modificar los 10 años es un debate que no se ha dado en Uruguay pese a la preocupación por la baja calidad de los nuevos abogados, quienes serán nuestros futuros jueces. La cuestión parece ser: descartemos el jamón de primera y quedémonos con el salchichón.

Algunos jueces que consulté —especialmente los de los tribunales de apelaciones— se resisten a aumentar la edad de retiro porque cuando cesan los titulares de las cúpulas se les abre el camino para ascender.

La solución no es sencilla pese a que tiene cero costo y no se avizora ni siquiera un debate porque para las organizaciones universitarias, de jueces y abogados, también en esto lo político parece estar antes que lo jurídico. También antes que la excelencia.