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Un juez paraguayo envió un exhorto a la Justicia uruguaya reclamando hacerse cargo de la denuncia que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales presentó contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntos delitos de “estafa” y “lavado de activos”, entre otras figuras penales.
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La jueza de Crimen Organizado, Adriana de los Santos, dictó hace algunas semanas una resolución en la que asumió competencia en la denuncia y citó a declarar como indagado al ex presidente de ese organismo y uno de los actuales vicepresidentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el uruguayo Eugenio Figueredo. La magistrada expresó en esa oportunidad que, si bien no desconoce que la sede de la Conmebol está ubicada en Paraguay, los presuntos delitos cometidos fueron en perjuicio de clubes y futbolistas uruguayos, por lo que estos hechos “merecen investigación” por parte de la sede (Búsqueda Nº 1.783).
En el escrito de apelación que Figueredo presentó ante el juzgado de Crimen Organizado a través de su abogado Gustavo Bordes, se sostiene que no hubo delito alguno. Pero agrega que si llegó a producirse algún ilícito un juzgado de Paraguay ya previno en el tema, por lo que reclama que se le envíe el expediente que se tramita en Uruguay.
“Es de conocimiento del compareciente que ya se encuentra en nuestro país, culminando los trámites de estilo, un exhorto enviado por la Justicia paraguaya”, expresa Bordes en el escrito judicial al que accedió Búsqueda.
“Como puede verse en el mismo, la Justicia paraguaya solicita información de si existe una denuncia que involucre a funcionarios y/o autoridades de la Conmebol y si la misma se encuentra en trámite. Y que en caso de ser así, se le remitan todos los antecedentes al Ministerio Público de la República del Paraguay”, agrega.
Según el letrado, “la Justicia paraguaya no solo es la competente natural para entender estos hechos” sino que ahora “lo declaró por sentencia”, por lo que “reclama el cumplimiento de la misma a través del envío de este exhorto”.
“Comerciales”.
En el extenso documento que presentó ante la sede de Crimen Organizado, la defensa de Figueredo agrega que la denuncia presentada “obedece pura y exclusivamente a cuestiones comerciales” derivadas de los derechos de televisación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
“La pregunta que aparece en primera instancia es si la Justicia Penal uruguaya debe participar en una disputa comercial que se está dilucidando en diversos juicios que se tramitan en estos momentos en la Justicia Civil paraguaya”, se pregunta el abogado.
Señala que incluso la empresa Global (propiedad del empresario Francisco Casal) “ya convalidó la competencia de Paraguay” para entender en las diferentes demandas que se tramitan.
Añade que la ley de Paraguay le otorga a la Conmebol la “inviolabilidad” de su local, bienes, archivos y documentos en un régimen similar al que se establece para las oficinas de las Naciones Unidas, por lo que cualquier medida de allanamiento o intervención podría verse frustrada.
Bordes destaca que estas afirmaciones “no implican la desconfianza en el sistema judicial uruguayo a favor de la República del Paraguay” sino que “simplemente se propugna la aplicación correcta de la normativa penal, procesal e internacional en la materia”.
Según el abogado, la resolución de la jueza De los Santos es errónea porque “da por cierto que el patrimonio de la Conmebol pertenece directa o indirectamente a los clubes y/o en su caso a los jugadores de fútbol”.
“Siendo la Conmebol una persona jurídica, consta de un patrimonio propio, que es independiente del patrimonio de otras asociaciones civiles, sociedades, personas físicas, incluyendo, obviamente, las que integran sus órganos ejecutivos o de decisión, que son las asociaciones nacionales (AUF, AFA, CBF, etc.)”, explica.
“Los clubes uruguayos y mucho menos los jugadores, no integran de manera alguna la Conmebol, ni tienen participación alguna en el patrimonio de la misma, ni directa ni indirectamente”, agrega.
Por lo tanto, “el dinero que paga la Conmebol” a los clubes por la participación en los torneos “no guarda ninguna relación con el patrimonio de la Conmebol ni con los contratos que esta haya firmado o firme en el futuro cediendo los derechos de televisación o de publicidad”.
“No resiste”.
Bordes sostiene que “el argumento de la denuncia no resiste el más mínimo análisis” porque parte del supuesto de que si los clubes reciben mejores ingresos los jugadores también lo harán.
“En esa lógica, tendríamos entonces que como el Club Atlético Peñarol no aceptó la oferta de transferencia de su jugador de fútbol Jonathan Rodríguez por U$S 4 millones, el club se privó de que entrara ese dinero a sus arcas y los jugadores a su vez se privaron de cobrar mejores sueldos y premios”, razona.
Según el letrado, tampoco se comprende por qué la resolución judicial da por cierto que las supuestas maniobras afectan económicamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuando esa institución “integra los máximos órganos de la Conmebol”, por lo que “tuvo y tiene las posibilidades de votar a favor, en contra, pedir informes o lo que considere necesario”. Si la AUF detectó maniobras que la perjudican “debió haber presentado denuncia ante los órganos correspondientes de la Conmebol y/o una denuncia penal”, señala.
Más adelante, en el escrito judicial se rechaza la posibilidad de que este sea un “delito a distancia”, como argumentó la sede. “La denuncia no es presentada por clubes uruguayos ni mucho menos por jugadores, sino por una empresa (Global Sports) que no tuvo éxito en la presentación de ofertas para que la Conmebol le cediera los derechos de televisación, entre otras razones porque los mismos ya estaban cedidos con plazo y contrato vigente a otra empresa”, argumenta.
“¿Sería posible que se instruyera en Uruguay una denuncia de un jugador uruguayo que juega en un club europeo y que afirma que los balances de la federación de dicho país o de la UEFA son falsos?”, inquiere. “¿Y que por ello él se priva de cobrar mejores sueldos? ¿Se podría solicitar la concurrencia a declarar a nuestro país de los presidentes de las federaciones europeas, solicitar el levantamiento del secreto bancario y demás medidas cautelares?”.