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La votación sobre la reforma constitucional Vivir sin Miedo demostró que casi la mitad de los uruguayos exige cambios de fondo para combatir la criminalidad y la inseguridad. Es indiscutible: 46,7% incluyó la papeleta por el Sí a la reforma que impulsó el senador blanco Jorge Larrañaga. Ese porcentaje equivale al respaldo de 1,1 millones de electores. Para la reforma se requería la mitad más uno de los votantes, que fueron 2,4 millones. Pegó en el palo.
Ese robusto respaldo demuestra —mal que les pese al gobierno y a organizaciones estatales y privadas que viven colgadas de nubes partidarias antes que respaldar a los ciudadanos— que los uruguayos temen por sus vidas, su patrimonio y al tsunami de las drogas.
Es un miedo —que aunque no lo admitan también sienten ellos— que no solo refiere a preservar su actual integridad. También el futuro familiar ante la progresiva degradación cultural y social de los últimos 15 años. En muchos el miedo se transforma en pánico y produce afecciones físicas y psicológicas.
Tras la elección varios alardean con simpleza que el plebiscito sufrió una derrota. Festejan como si fuera un partido de fútbol. Esos militantes fanáticos no admiten que las cifras demuestran que el proyecto tuvo el respaldo de votantes de todos los partidos, incluidos sectores del gobierno.
El apoyo que alcanzó el 46,7% es un porcentaje más que elocuente cuando se lo compara con los obtenidos individualmente en la elección nacional por el Frente Amplio (39,2%), el Partido Nacional (28,6%), el Partido Colorado (12,3%) y Cabildo Abierto (10,9%).
La votación tuvo como mérito el impulso casi en solitario de Larrañaga. En los primeros tiempos los líderes de la oposición, incluso de su partido, lo dejaron a la intemperie. Progresivamente se fueron sumando adhesiones, la última fue la del expresidente Julio María Sanguinetti en forma personal.
Larrañaga no se equivocó. A fines de setiembre, al cabo de un acto de lanzamiento de la Lista 2004 de Alianza Nacional, pronosticó: “La reforma va a ser la opción política más votada”. Lo fue y esa opción política marcó las acciones que los ciudadanos pretenden que se tomen.
Los derrotados más notorios —por la influencia de sus cargos y su campaña contraria— fueron el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el director de la Policía Nacional, Mario Layera; y el asesor de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, candidato de Martínez a ministro del Interior. Se les debe añadir a los organizadores y adherentes de la contracampaña No a la Reforma, el Miedo no es la Forma.
Claro que el miedo no es la forma. ¡Vaya si lo saben los uruguayos! En 1980 mediante un plebiscito la dictadura pretendió crear un régimen constitucional que legitimara al gobierno de facto. Perdió. Desde entonces los militantes políticos y sus líderes deberían tener claro que nada frena la voluntad ciudadana.
Más allá de que es posible identificar (por las listas partidarias) a qué partido votaron quienes incluyeron el Sí, lo relevante es que los sufragios reformistas representan la exigencia de casi la mitad de los ciudadanos. Y estos consideran necesario endurecer las medidas de combate contra la delincuencia al margen del blablablá de argumentos académicos, filosóficos o jurídicos.
La propuesta impulsaba el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados y la reclusión permanente revisable a los 30 años para casos gravísimos, como los abusos sexuales, el sicariato y los homicidios múltiples o con premeditación y alevosía. Para obtener la libertad los condenados deberían demostrar ante la Suprema Corte de Justicia mediante informes técnicos que estaban rehabilitados.
Proponía también crear una guardia nacional integrada con militares como respaldo de la Policía para casos delictivos específicos, así como la regulación de los allanamientos nocturnos.
Algunos, como el colorado Ernesto Talvi, opuestos a la reforma, argumentan que la prisión permanente de alguna manera ya está prevista en la ley que establece máximos de 30 años de prisión y 15 de medidas de seguridad.
Pero en Uruguay los máximos de sanción son virtuales, casi una entelequia. Rara vez se aplican. Mientras los deudos lloran sus pérdidas, los monstruos recuperan su libertad como ocurrió, por ejemplo, con Pablo Goncálvez. ¿Acaso hay que dejar de lado el dolor perpetuo de amigos y familiares y aplicar castigos duros y válidos solo en los casos derivados de las brutalidades de la dictadura?
Otros argumentan que el endurecimiento de las penas no desalienta el delito. Si es así ¿por qué no proponen reducir las existentes, entre ellas los 30 años y las medidas de seguridad?
La reforma no podrá implementarse. Sin embargo, ningún partido ignorará el fuerte respaldo ciudadano de las urnas. Irremediablemente deberá conducir a cambios de fondo para combatir la criminalidad y la inseguridad. Al día siguiente de las elecciones Luis Lacalle Pou dijo que es partidario de considerar la prisión permanente revisable. No podrán dormirse. Si no se votan rápidamente medidas drásticas, el 46,7% de los votos de apoyo a la reforma se desvanecerán.
Un aserto popular metafórico cargado de ironía, establece: “Al que no quiere sopa, dos platos”. Naturalmente que a los contrarios al plebiscito no se les podrán servir dos platos porque no se aprobó. Pero si se votan leyes similares, habrá llegado el momento de servirles, al menos, un plato de sopa espesa y contundente.
