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La tradicional Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, que acaba de llegar a su vigesimoctava edición, es un buen termómetro del ánimo del sector productivo. De cara al año que se inicia, el sondeo pregunta qué expectativas tienen para sus propios negocios y para la economía del país, y se les pide que juzguen la gestión del gobierno, entre otras interrogantes, algunas que van incorporándose en función de la coyuntura (como, esta vez, el signo de los efectos que prevén para Uruguay ante el cambio de gobierno en Argentina o quién creen que ganará las próximas elecciones nacionales).
Algunos resultados han sido repetitivos a lo largo de la historia del relevamiento, que es respondido cada diciembre por más de un centenar de dueños, presidentes, directores o gerentes de compañías privadas que operan en el país y que en varios casos están entre las principales de sus sectores de actividad: agropecuario, industria manufacturera, construcción, finanzas, comercio y servicios. Es el caso de la preocupación por el elevado “costo país”, el peso sobre el sector privado de los impuestos o las tarifas públicas, así como la burocracia estatal, lo que en ciertos momentos de baja competitividad o malos precios internacionales se vuelve un problema más evidente para muchas empresas. Aun con el panorama mayoritariamente optimista que surgió del sondeo — casi dos tercios prevé aumentar su producción o nivel de ventas en 2024, y más de la mitad mantendrá el personal y tres de cada 10 considera aumentar su plantilla —, estos temas volvieron a surgir de manera directa (la competitividad y el “atraso cambiario” fueron el problema de cara al nuevo año con mayor cantidad de menciones) como indirecta.
Es una realidad que el actual gobierno está entrando en un tramo del período donde los tiempos se van agotando y, además, muchos en el oficialismo se vuelcan a la campaña electoral, por lo que pretender que se hagan cosas que no se hicieron antes quizás sea una esperanza vana. Pero, en vísperas de un proceso electoral, sería deseable que los distintos partidos con aspiraciones de ser gobierno a partir de 2025 incorporen en sus programas algunas acciones en dirección de reducirle la carga al sector productivo.
Por fuera de nuestra encuesta, algunos empresarios uruguayos han visto el incipiente proceso de reordenamiento en Argentina como un fenómeno para tener en cuenta. “Sorpresa? ¿Admiración? El discurso de (Javier) Milei, más que un listado de medidas a adoptar es una lección de política, y un llamado a un cambio cultural profundo. Su visión y valentía son la chispa para proyectar una nueva Argentina, donde las promesas se alinean con acciones”, reflexionó en la red X el presidente y fundador de Zonamérica, Orlando Dovat. Otros referentes empresariales han elogiado al libertario devenido en presidente argentino y pidieron para Uruguay algo de su medicina.
Sin llegar a nada extremo, como ha propuesto la novel administración en Argentina — que habrá que ver cómo gestiona políticamente y qué resultados efectivamente logra —, la agenda de un futuro gobierno podría incluir el propósito de eliminar regulaciones innecesarias que solo generan ineficiencias en ciertos mercados y, en definitiva, hacen caro a Uruguay. Un poco de valentía no vendría mal.
