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El movimiento social Un Solo Uruguay (USU) celebra sus primeros tres años de existencia. Surgió en 2018 a iniciativa de un grupo de “autoconvocados”. Se tuvieron que convocar a sí mismos para defender —a viva voz— el valor del trabajo, la austeridad para administrar la cosa pública, el rol del emprendedor en la sociedad, la meritocracia, la responsabilidad individual, el trato fiscal igualitario (para el gran inversor y para la pyme) o terminar con los privilegios de todo lo vinculado a lo estatal. Si alguien estaba haciendo estas tareas, estaba haciendo poco o lo estaba haciendo mal.
Los que trabajan de sol a sol, invirtiendo, arriesgando y ganándose el sustento intercambiando bienes de mejor calidad o precio, se cansaron de ser “el caballo que tira del carro” y solo ser vistos como “la vaca a la que hay que ordeñar” (con impuestos) o “el lobo al que hay que abatir”, como bien decía Winston Churchill.
Es importante entender que será el sector privado (y no el Estado) quien genere inversión, empleos genuinos y mayores ingresos fiscales para poder salir de la crisis pospandemia y de la recesión que se arrastra desde 2017. Ya hemos visto como “el Estado presente” en Venezuela y Argentina, no solo no lograron mejorar la condición “de los más débiles”, sino que destruyeron la economía y el empleo. No deberíamos seguir ninguno de sus ejemplos.
En Venezuela la pobreza superó el 80% de la población y en Argentina ya cruzó la barrera del 50%. Ambos países tienen de las inflaciones más altas del mundo: en Venezuela es casi incalculable (llegó a más de un millón por ciento anual) y en Argentina se estima se dispare a más del 60%. Es evidente que el modelo intervencionista no funciona. Pero muchos siguen insistiendo con esta idea equivocada.
Un camino de solución objetivo, documentado y basado en la dura evidencia de los datos, lo ofrece el Banco Mundial con su ranking Doing Business, donde recoge las mejores prácticas mundiales que facilitan la labor a los empresarios, eliminando trabas burocráticas absurdas, en especial para el micro, pequeño y mediano productor.
Muchas de estas recomendaciones que hace el Banco Mundial (desde hace casi dos décadas), fueron perfectamente recogidas en el contrato entre el gobierno frenteamplista y UPM: bajos impuestos, no rigen los monopolios estatales, acceso fácil a energía, permisos de construcción aprobados en tiempo récord, facilitación del comercio exterior o un sistema sensato para simplificar la contratación y despido de trabajadores (sin que los sindicatos le paren el negocio). Si estas mismas condiciones se las dieran a cualquier uruguayo, tal vez USU no tendría necesidad de existir. Pero la sigue teniendo.
Desde aquel primer encuentro en 2018, aún se sigue cargando con casi todas las “mochilas” que detalló Eduardo Blasina en su alocución: tipo de cambio desfasado, deuda elevada del sector agropecuario, precios de los servicios públicos, más empleados públicos y menos privados, impuestos altos, pocos acuerdos de libre comercio y la inflación rondando el 10%.
Hay un Uruguay que ve en estas mochilas un verdadero lastre al crecimiento. Pero otro Uruguay ve allí “justicia social”, “redistribución de la riqueza” y “no tienen miedo a endeudarse y gastar más”.
Dos visiones bien diferentes que afectan nuestro futuro. ¿Cuál prevalecerá?
