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    sábado 15 de junio de 2024

    Un topo traidor con el presidente

    Nº 2194 - 6 al 12 de Octubre de 2022

    Las prioridades de Luis Lacalle Pou como presidente de todos son la economía, la educación y la seguridad pública. Como político observa a la oposición y timonea las batallas de su partido causadas por el clima electoral. Nada puede hacerlo solo. Requiere de personas con una confianza plena sobre su honestidad y fidelidad. Con el jefe de su seguridad, Alejandro Astesiano, se descuidó y mostró una inusual flexibilidad que nos afectó a todos y sembró incertidumbre sobre qué y quiénes le hicieron confidencias al topo.

    En 2020 y 2021 el presidente no consideró información de Caras y Caretas y Radio Sarandí sobre la ética de su custodio ni una advertencia de Álvaro Garcé, director de Inteligencia del Estado, a quien por algo lo designó. Señalaron 30 investigaciones judiciales a las que Astesiano estuvo sometido entre 2003 y 2018 pero no figuraban los procesamientos por estafa de 2002 y 2013. Una mano negra los eliminó de la Dirección General de Identificación Civil (DGIC).

    La información de la DGIC nunca puede considerarse exacta. La única verdad está en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Técnico Forense, pero es reservada. Según las leyes 19.293 y 19.355 solo pueden acceder jueces y fiscales en materia penal sobre un hecho concreto.

    Como no había sanciones penales, Lacalle Pou aplicó el principio de inocencia y el custodio siguió en su cargo mediante su contrato de adscripción. Hace unos días el presidente expresó su filosofía: “Confiar tiene estas cosas, soy una persona que confía en la gente”. Después admitió su error: “Sí, confié y me equivoqué”.

    El principio de inocencia, un derecho fundamental, garantiza la inocencia mientras no haya una sentencia firme de condena. Que la Justicia no haya probado responsabilidad penal en el reguero de investigaciones a Astesiano no garantiza que fuera confiable. Probablemente al presidente lo sedujo una larga relación personal y partidaria. El corrupto fue colaborador del herrerismo desde 1999. Luego se integró al equipo de Lacalle Pou para sus candidaturas presidenciales y cuando en 2019 fue electo lo designó como jefe de su custodia.

    Esa función requería someterlo a una exigente investigación aun antes de los datos de la DGIC. Como lo precisa un decreto del expresidente Tabaré Vázquez, el 16/006 de 2006, depende del prosecretario de la Presidencia y sus responsabilidades son la seguridad personal del presidente, su cónyuge y sus familiares directos, la seguridad interna de la Torre Ejecutiva y de la residencia de Suárez y Reyes, así como la seguridad de los jefes de Estado y de gobierno extranjeros que lleguen a Uruguay. ¡Casi nada para un profesional de pacotilla!

    El mafioso se infiltró y operó como delincuente. Actuó como gestor de documentos oficiales adulterados para pasaportes uruguayos que llegó a organizar desde su despacho en el cuarto piso de la Presidencia. Quienes los pretendían se amparaban en las leyes 16.021 y 19.362, que habilitan a extranjeros hijos y nietos de uruguayos a obtener la ciudadanía. Lo hacían mediante partidas falsas. Se basaban en datos a los que Astesiano tenía acceso por su cargo y por haber sido funcionario de la DGIC.

    El martes 27 terminó en la cárcel imputado de suposición de estado civil en reiteración real con asociación para delinquir y tráfico de influencias. También fueron a la cárcel Álvaro Fernández, un escribano con el título suspendido dos veces, y dos ciudadanos rusos. Lo ordenó el juez Matías Porciúncula a pedido de la fiscal de flagrancia Gabriela Fossati. Para colmo de este aquelarre, el juez prohibió el acceso de la prensa a la audiencia. Violó la ley y un recordatorio de la Corte de que todos los juicios son públicos. Ni un estudiante de Abogacía de primer año hubiera tomado tal decisión. ¡Ese puede llegar a juzgarnos! Que la Corte lo mande a juzgar partidos de fútbol.

    El fin de la carrera del topo lo marcó Fossati, quien desde 2021 investigaba la trama. El domingo 25 de setiembre Lacalle Pou llegó a la residencia presidencial con sus hijos y Astesiano tras una semana de vacaciones en Costa Rica. Lo esperaba ansioso el director de Inteligencia, Claudio Correa, para informarle que la fiscal había ordenado la detención e incomunicación de Astesiano.  Correa se lo llevó esposado de la residencia que hasta ese momento había estado bajo su custodia. Surrealista.

    Lacalle Pou se mostró dubitativo con algún comentario: “Si hubiera tenido un indicio, no le habría entregado lo más importante que tengo, que es mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo a una persona que puedo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley”. ¿No eran suficientes 30 investigaciones penales? Indicios son señales, evidencias o síntomas. Esas 30 luces rojas (indicios) eran significativas aun sin proceso o condena. En este pequeño país no es difícil averiguar en cada juzgado o jefatura policial de qué se trataban las denuncias.

    Si la DGIC hubiera informado sobre los procesamientos otro gallo cantaría. Lacalle Pou, que desde su asunción se ha desempeñado con honorabilidad y firmeza, debió cesarlo, para protegerse y protegernos. El principio de inocencia es otra cosa.

    Amerita destacar que el presidente dio la cara, admitió su error y la oposición no hizo leña del árbol caído, salvo algunos pequeños militantes que hacen política partidaria.

    Ahora se investiga el origen de algunas propiedades del corrupto a nombre de terceros. Seguramente aparecerán otras maniobras del traidor debido a sus relaciones o información obtenida por su cercanía de varios años con el presidente y políticos de su entorno, quienes, vale recalcarlo, son ajenos a su deshonestidad.

    Antes de asumir todo gobernante debería recordar una referencia literaria y un aserto popular: “Lo esencial es invisible a los ojos” y “la confianza mata al hombre”.