Estaba claro que el asunto de los presos de Guantánamo se iba a meter en la campaña electoral. Y estaba claro porque el tema es grave en sí mismo y, además, porque quien deberá lidiar con él no es el presidente que hizo un arreglo secreto con el gobierno de Estados Unidos, sino el presidente que sea electo en las elecciones de octubre/noviembre.
Ahora Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga —integrantes de la fórmula presidencial nacionalista que, según las encuestas, tiene chances de competir en serio con el binomio oficialista Tabaré Vázquez-Raúl Sendic— le dijo públicamente a la ciudadanía y al gobierno de Estados Unidos que, si los blancos ganan, no aceptarán en Uruguay a los seis presos de Guantánamo que el presidente José Mujica acordó con Barack Obama recibir.
Uno debería suponer que el ex presidente Vázquez coincide con Mujica, puesto que ambos integran el Frente Amplio. Pero esta ha sido una jugada tan “mujiquista” que hay lugar para la duda, aunque Vázquez haya dicho en las últimas horas que se trata de una decisión “humanitaria” y “por la positiva”.
Luego de que Lacalle Pou rechazara la llegada de esos reclusos —apresados por las fuerzas militares norteamericanas, torturados y detenidos ilegalmente desde hace años bajo la sospecha de que integraban o estaban cerca de organizaciones terroristas islámicas—, Larrañaga intimó esta semana a Vázquez y a Sendic a que digan si están de acuerdo con lo que llamó “el pacto gringo”.
Hay, desde ya, una evidente intencionalidad política en el planteo blanco; prácticamente todo lo que se diga durante las próximas tres semanas, de un lado y de otro, estará teñido de electoralismo. Y es lógico que así sea.
Pero dejemos por un momento a los candidatos fuera del asunto. Este tema no es importante sólo, ni principalmente, para los candidatos. Este tema es importante para la sociedad uruguaya. Y la sociedad uruguaya no sabe nada sobre el acuerdo, convenio, tratado o lo que sea que hayan suscrito los gobiernos de Estados Unidos y de Uruguay, si es que suscribieron algo.
La embajadora Julissa Reynoso dice que su gobierno entiende que tiene un trato con Uruguay como país; no con un partido político. Pero en Uruguay, excepto algunas personas en el Poder Ejecutivo, nadie sabe cómo es ese trato. No lo sabe el Poder Legislativo, donde está la representación más genuina de la ciudadanía. Y si los representantes de la ciudadanía desconocen todo, mucho menos saben los representados, donde reside la soberanía.
Algo molesto con preguntas de periodistas, Mujica ha dicho en los últimos días que él solo va a decidir “con la almohada” cómo y cuándo llegarán esos reclusos. Y, además, ante el rechazo de Lacalle Pou, lo llamó a callarse porque, según el presidente, nadie invitó a esta “fiesta” al candidato blanco.
No señor. Lo que digan los candidatos es problema de los candidatos. Pero a esta “fiesta” estamos invitados los 3.400.000 uruguayos. Mujica y el Poder Ejecutivo tienen la obligación de informar a todos los uruguayos —no a los candidatos; a todos los uruguayos— cómo es todo este extraño negocio con Estados Unidos. Es por lo menos curioso que un gobierno del Frente Amplio coopere con el tan odiado “imperialismo” para sacarle las castañas del fuego en una situación por la cual Estados Unidos ha recibido una generalizada condena internacional. Y es rarísimo que lo ayude a resolver su problema de la peor manera: esto es, permitiéndoles al gobierno de Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas evadir su responsabilidad por haber secuestrado a cientos de personas en el extranjero, por haberlas encerrado sin ningún proceso judicial durante años en una cárcel semi clandestina y por haberlas torturado.
Si tanto han dicho (y algo han hecho) los gobiernos del Frente Amplio para combatir la impunidad en Uruguay, ¿a santo de qué sus gobernantes están dispuestos ahora a contribuir con la impunidad de políticos y militares norteamericanos bajo el pretexto “humanitario” y aceptando la excusa de que los presos de los cuales el presidente Obama se quiere desprender no pueden ingresar a Estados Unidos porque “el Congreso no lo deja”? Es precisamente a Estados Unidos donde esa gente debería ir porque, si de verdad son inocentes, allí tendrían que ser resarcidos por el enorme daño recibido.
Y si el Congreso de Estados Unidos lo impide, ¿por qué será? ¿Será porque simplemente el “imperio” quiere sacudirse de encima su propio problema por la puerta trasera, para que ningún gobernante, ex gobernante, funcionario o ex funcionario estadounidense tenga que enfrentar responsabilidades? ¿O será porque los “expertos” norteamericanos están mintiendo al decir que se trata de personas “de baja peligrosidad”? Hace sólo 11 años, el gobierno de Estados Unidos le mintió al mundo entero afirmando rotundamente en las Naciones Unidas que era su deber invadir Irak porque el régimen del dictador Saddam Hussein poseía un arsenal de “armas de destrucción masiva”. ¿Por qué habría que creerle ahora?
El lunes 29, después de que el gobierno de Chile que preside la socialista Michelle Bachelet dijera que no está entre sus prioridades colaborar con Estados Unidos para llevar a su país a los presos de Bush y de Obama, el ubicuo secretario general de la OEA José Miguel Insulza —también chileno— salió como abogado de Washington a solicitar “respetuosamente” (¡faltaba más!) que los países latinoamericanos acepten el pedido de la Casa Blanca. Insulza argumentó que los prisioneros de Guantánamo que están “en condiciones de ser liberados” no recuperaron todavía su libertad “por falta de un país que los acoja”.
A ver si nos entendemos: Estados Unidos atrapó a esos individuos, les arrebató la libertad, los destrató, les negó el derecho humano básico a un juicio justo y, por supuesto, los mantiene en la cárcel. ¿E Insulza dice que no pueden ser liberados “por falta de un país que los acoja”? No, Insulza: no pueden ser liberados porque Estados Unidos los mantiene presos y porque, después de cazarlos en otras partes del mundo, no los deja entrar a ese país, como debería, para someterlos a un proceso judicial independiente. Por eso no están libres aún.
Pero Insulza repite los salmos de los norteamericanos como si fueran la verdad revelada. Dice que los prisioneros que podrían salir —entre ellos, los que quiere traer Mujica— son personas “que no han sido juzgadas, ni lo serán”. ¿Y por qué no exige a Estados Unidos, miembro de la OEA, que las juzgue? Dice que no han cometido “crimen alguno”. ¿Cómo lo sabe? ¿El secretario general de la OEA ahora es también un tribunal judicial? Y dice que “las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidos (esos presos) por parte de las autoridades de Estados Unidos, han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja”. Así que lo que digan la CIA, el FBI, las FFAA norteamericanas y la Casa Blanca es “la verdad”. Tan es así que Insulza dice que “no presentan riesgos graves para la seguridad” de Estados Unidos pero, otra vez, omite exigirle a su gobierno, responsable único de la situación, que resuelva su problema dentro de su territorio. Impresentable.
En agosto, en este mismo espacio y antes de cualquier planteo de algún candidato, varias preguntas fueron formuladas. “¿En condición de qué llegarán a Uruguay los seis presos de Guantánamo? ¿Llegarán como refugiados políticos? ¿Llegarán como turistas? ¿Podrán movilizarse libremente por Uruguay? ¿Tienen familiares? Si los tienen, ¿vendrán con ellos? ¿Podrán salir del Uruguay cuando se les antoje? ¿Podrán ser visitados o reunirse en Uruguay con sus amigos sirios, palestinos o tunecinos? Y si resulta que esos amigos militan en Medio Oriente en organizaciones de fanáticos islamistas, ¿Uruguay estará preparado para transformarse en un paraíso de terroristas que no dudan en inmolarse “por Alá” para matar “infieles” al mismo tiempo?”.
No ha habido ninguna respuesta oficial a estas preguntas. Pero la activa embajadora Reynoso, figura principal en este espinoso tema, dice que su gobierno tiene un “arreglo” con el uruguayo. Si eso es verdad, será uno que eluda o viole la Constitución. Porque la Constitución uruguaya dice que el presidente y sus ministros pueden “concluir y suscribir tratados” con otros países, “necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo” (artículo 168). Pero también dice que el Poder Legislativo puede “aprobar o reprobar” las “convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras” (artículo 84). No sería serio imaginar que se trata de un acuerdo meramente verbal o que ha sido suscrito en una servilleta de papel.
La “almohada” fue un gran invento para el ser humano. En su primera acepción, la Real Academia Española la define como un “colchón pequeño que sirve para reclinar sobre él la cabeza en la cama”. Pero en su acepción coloquial —la que empleó el presidente—, dice: “meditar con el tiempo necesario algún negocio, a fin de proceder en él con acierto”.
Pues bien; ¿qué sería para el gobierno “proceder con acierto” en este caso? Sería, como mínimo, dejar de mantener en ascuas a los ciudadanos sobre lo que está haciendo en la materia. Y, ni qué hablar, sería también asumir la responsabilidad elemental de informar a quienes pueden ser los futuros gobernantes del país sobre el fardo que les va a dejar desde el 1º de marzo de 2015.
