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    Una gestión por lo menos incompetente

    N° 1850 - 14 al 20 de Enero de 2016

    En estas últimas semanas se ha dicho y escrito mucho sobre Ancap. Hubo, como mínimo, una gestión incompetente que se tradujo en daños muy serios a la empresa y a su dueño, el Estado, y en última instancia a los contribuyentes (los que terminan pagando la cuenta: los “nabos de siempre” de Tomás Linn).

    Esta es la conclusión que surge necesariamente de los dichos del partido de gobierno responsable de esa gestión, el Frente Amplio. En él hay al menos dos sectores que se atribuyen la responsabilidad de ese daño: el astorismo por un lado y el MPP y la lista 711 (Sendic) por otro. Se echan las culpas entre sí y, como ya se ha observado, si los propios responsables asumen que hay culpas, las hay.

    Algunos han sostenido, con razón, que incluso pérdidas muy severas (para nuestro medio) en un año en particular no necesariamente prueban “gestión incompetente”. Sin embargo Ancap, empresa monopólica beneficiada por una gran caída del precio de su insumo principal, el petróleo, tuvo pérdidas importantes al mismo tiempo que Antel tuvo ganancias.

    Antel es mucho menos monopólica que Ancap, porque su monopolio, la telefonía fija, tiene una participación limitada y decreciente en su facturación y en sus resultados. En la telefonía celular, que ha crecido espectacularmente en los últimos años, Antel está obligada a competir.

    Del mismo modo que un año malo no necesariamente prueba incompetencia, un año bueno tampoco prueba, necesariamente, que la gestión que produjo ese año bueno haya sido realmente competente o digna de elogio. La política de inversiones de Antel, por ejemplo, también ha recibido críticas (incluyendo el Antel Arena). Pero la comparación entre los resultados de Ancap y Antel prueba que en condiciones mucho menos favorables que las de Ancap, y exactamente en el mismo marco institucional, se podía obtener un buen resultado. También prueba, por lo tanto, que la gestión de Ancap fue al menos incompetente.

    ¿El problema es solo de incompetencia? Se discute si además hubo delitos. Para muchos, desde la oposición, la información disponible sugiere que sí los hubo. El oficialismo piensa lo contrario. Una muestra reciente: “Nadie pudo demostrar que haya corrupción o que (Raúl) Sendic tiene ahora $ 10.000 más gracias al problema de Ancap o que recibió un auto o un apartamento. Hay que separar gestión de corrupción” (Juan Castillo, director nacional de Trabajo, en “El País”, lunes 11 de enero). Quiere decir que se acepta que hay un “problema de Ancap”, pero se sostiene que ese problema no incluye corrupción.

    Llegado el caso la justicia se pronunciará. Pero eso es tal vez lo menos importante de esta discusión. Hay distintas formas de corrupción. Todas las situaciones mencionadas por Castillo ($ 10.000, un auto, un apartamento) son de un tipo específico, el que se suele llamar “meter la mano en la lata”. Los críticos más severos no apuntan a eso. Para ellos, el problema está en el uso de recursos públicos para fines político-electorales. Estas cosas pueden ser muy difíciles de probar y es posible que la legislación no esté actualizada, haciéndolo aún más difícil.

    Aquí no hay novedades mayores: durante décadas blancos y colorados se han criticado mutuamente por estas prácticas. La única novedad sería la incorporación del Frente Amplio al club de los pecadores.

    Para la mayoría de los comentaristas las principales causas de los “problemas” de Ancap serían la incompetencia de los responsables de la gestión y/o sus eventuales delitos. Serían culpas y responsabilidades estrictamente personales: los problemas ocurrieron porque esas y no otras personas fueron las responsables de las decisiones. Algunos de los críticos, sin embargo, apuntan a factores menos personalizados y más “estructurales”. Uno de los más señalados es la práctica sistemática (en los gobiernos de los tres partidos mayores) de designar a personas incompetentes para dirigir esas empresas: personas sin la formación o la experiencia necesarias para asumir esas responsabilidades. Estas prácticas son funcionales para los partidos: recompensan a los cuadros políticos no electos y les brindan exposición pública vital para sus carreras. Hay responsables incompetentes porque la forma en que se seleccionan a esos responsables no estimula la búsqueda de personas capacitadas. Encontrar una solución satisfactoria y final para este problema puede ser imposible. Pero si existiera la necesaria voluntad política (esa es la parte difícil), sería perfectamente posible mejorar mucho la situación.

    Hay al menos otro factor “estructural” importante. La evidencia de los últimos años muestra (creo que concluyentemente) que las empresas industriales del Estado, y más generalmente los entes autónomos, tienen problemas de gobierno resultantes de la forma en que nuestra legislación y sobre todo nuestra cultura política define esas autonomías: en términos absolutos, dicotómicos. O la hay o no la hay.

    El resultado es que las decisiones vinculantes (las que obligan a todos) son tomadas por los responsables de los entes, que no son políticamente responsables (no rinden cuentas a la ciudadanía). Por eso entre nosotros se suele hablar de ministros “floreros” (el de Industria, el de Educación): ellos sí son políticamente responsables y deberían tomar esas decisiones, pero quienes efectivamente las toman son los responsables de los entes.

    Cuando las cosas se complican, estas cadenas de decisión cortadas (y las consiguientes “chacritas”: parcelas aisladas de poder) llevan a prácticas informales que buscan contener los daños. Así, los responsables de la gestión de los entes autónomos son (llegado el caso) disciplinados vía mecanismos político-partidarios. La autoridad partidaria, usualmente el presidente, pero no como presidente sino como jefe de su partido que exige lealtad partidaria, puede pedir la renuncia de los responsables incompetentes.

    Esta “solución”, por muchas razones, no es muy sensata (una de esas razones es la discrecionalidad inevitable del método). Aunque bastante más difícil que en el punto anterior, también aquí, si existiera la necesaria voluntad política, sería posible mejorar mucho la situación.

    Las consecuencias políticas son negativas para el oficialismo. Sobre la realidad de los “problemas de gestión” de Ancap no hay mucha discusión posible. Entonces: que ni siquiera se exijan responsabilidades políticas es inaceptable para el grueso de la opinión informada. Esta insatisfacción se acentúa porque se suma a otras experiencias negativas, como la de Pluna.

    Esta clase de problemas son una consecuencia inevitable de la “autonomía” de las empresas y entes. Si el único método de disciplinar la incompetencia es el “político-partidario”, entonces cuando el partido de gobierno está dividido, como en este caso, no se puede aplicar, o si se aplica arriesga generar problemas políticos graves. En el caso de Ancap hasta ahora no se ha aplicado y los miembros de su Directorio siguen en sus puestos. Y eso no ha dejado feliz a nadie en la oposición, ni a muchos dentro del Frente Amplio.

    © Luis E. González. Derechos reservados (especial para Búsqueda).