N° 2015 - 04 al 10 de Abril de 2019
La cuestión era política pero también una batalla militar. El lunes 1º el presidente Tabaré Vázquez lanzó una granada de fragmentación para exterminar a generales enemigos y traidores. Aniquiló a media docena de encubridores de violaciones a los derechos humanos con criterios fascistas y mafiosos. Fue el golpe a militares en actividad más relevante desde el retorno a la democracia. Tal vez desde siempre.
También cayeron el ministro de Defensa, Jorge Menéndez (Partido Socialista) —de licencia por una enfermedad grave—, y Daniel Montiel (MPP-609), ministro interino. Montiel, fiel a la línea de su sector, pretendió no malquistarse con las Fuerzas Armadas. Esta orientación la impulsaron desde 2010 el expresidente José Mujica y el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Eso desató la ira del presidente.
Montiel y los mafiosos pretendían evitar que trascendieran las declaraciones en el Tribunal de Honor y mantener los hechos lejos de la Justicia.
Todo marchaba entre gallos y medianoche, pero la noticia de Leonardo Haberkorn en El Observador, el 30 de marzo, con las declaraciones al tribunal de José Nino Gavazzo y Jorge Silveira desató el escándalo. Gavazzo admitió haberse deshecho del cadáver del torturado y mutilado Roberto Gomensoro, y Silveira le atribuyó a su camarada responsabilidad en el secuestro y muertes de Eduardo Pérez Silveira y María Claudia García de Gelman.
Fue cuando el presidente decidió recurrir a la granada. La metralla exterminó a los militares pero Vázquez resultó chamuscado.
Los integrantes del tribunal no solo conspiraron para ocultar el horror sino que, confiados y “solidarios”, sostuvieron que Gavazzo y Silveira no afectaron el honor militar en esos casos aunque sí en permitir que un coronel, Juan Carlos Gómez, permaneciera en prisión siendo inocente. Vale más el honor de un militar que el de los secuestrados, torturados y asesinados.
Por todo, Vázquez cesó al reciente comandante en jefe del Ejército, José González (también integrante del tribunal), al jefe del Estado Mayor de Defensa, Alfredo Erramún, y a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo. Los cuatro últimos pasarán a situación de retiro cuando el Senado conceda la venia.
Sumados a la destitución del ex comandante en jefe Guido Manini Ríos, son seis los integrantes del grupúsculo totalitario aunque quedan pústulas enemigas del Estado de derecho, de la democracia y ajenos al honor. Una afrenta para los militares respetuosos de la Constitución y las leyes.
Los mafiosos pretendieron ocultar las declaraciones de Gavazzo y Silveira. Tanto confiaban en la impunidad que Manini aprovechó la entrega de su informe para acusar de corruptos a jueces y fiscales. Vázquez lo cesó solo por eso. Desconocía el resto.
¿Gavazzo y Silveira hubieran confesado sin confiar en el secreto de sus testimonios y en el respaldo de Manini y del Tribunal de Honor? Seguramente, no. Ante la Justicia probablemente negarán sus declaraciones administrativas. Aunque la confesión tiene el mayor peso, la semiplena prueba y el cúmulo de indicios es tan fuerte que no evitarán una nueva condena. Canallas en reiteración real.
El desarrollo de lo ocurrido es complejo. Surge de un comunicado de la Presidencia cuyo contexto establece que a Vázquez lo desacomodó la noticia de El Observador porque en el “informe administrativo” que le pasó Manini y él firmó, esos detalles no estaban.
Sin embargo, fuentes socialistas, del gobierno y del Ministerio de Defensa confiaron a El País que a mediados de febrero Menéndez, acompañado de los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, le entregó personalmente el expediente al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, tras informar por teléfono a Vázquez. Le advirtió que era necesaria una denuncia penal como establece la ley.
¿Toma le pasó el expediente al presidente sin precisarle esa información y lo firmó en barbecho agobiado, como dijo luego, por la cantidad de documentos que cada día debe firmar? Menos pesca y más trabajo. ¿Fue informado adecuadamente por Toma y le pidió a este que tramitara la denuncia a través de Montiel y el ministro interino lo escamoteó? Puede ser.
De cualquier manera, ante un hecho de importancia militar, política e histórica sin precedentes, Vázquez debió controlar personal y minuciosamente el informe. Ningún oncólogo diagnostica un cáncer terminal tomando la fiebre o con información de la enfermera. Tampoco le pide a esta que trate el tumor maligno. Su responsabilidad política es de primer orden en un tema que ha conmovido y enfrentado al país durante décadas.
El fiscal general, Jorge Díaz, se movió veloz. Antes de recibir oficialmente los documentos les había pasado los antecedentes públicos a los fiscales de Derechos Humanos, Ricardo Perciballe (por la comisión y encubrimiento de delitos de lesa humanidad) y al de Flagrancia, Rodrigo Morosoli (por las omisiones de militares y gobernantes en comunicar los delitos confesados).
El artículo 177 del Código Penal establece para los funcionarios la obligación de denunciar los delitos que conozcan. Si no lo hacen, la pena oscila entre tres y 18 meses de prisión. Pese a estar obligados no lo denunciaron ni los integrantes del Tribunal de Honor, ni Manini, ni Toma, ni Menéndez, ni Montiel. Tampoco Vázquez.
Díaz recordó que según el reglamento de los Tribunales de Honor, cuando sus integrantes conozcan la existencia o la presunción de un hecho delictivo, hay que suspender las actuaciones y se deben comunicar los hechos al superior. Tampoco ocurrió y si ocurrió, no pasó nada.
Lo ocurrido marcará un punto de inflexión en el debate político sobre el papel y el número de integrantes que deben tener las Fuerzas Armadas en un país minúsculo sin guerras desde hace bastante más de un siglo y con un presupuesto abultado.
En 2017 los efectivos del Ejército eran 13.565, en la Armada 4.076 y en la Fuerza Aérea 2.216. El total de 19.857 efectivos y sus familiares son el objetivo de muchos políticos de cara a la campaña electoral. Por ejemplo, el 13 de marzo la senadora Verónica Alonso, precandidata blanca, para congraciarse consideró que Manini sería un “excelente” ministro de Defensa en un próximo gobierno.
Desde esta semana Manini, el encubridor, el enemigo de la Justicia, sin un atisbo de vergüenza, se postula para la presidencia. ¡Menudo aliado para la democracia y el Estado de derecho!
Así nos va.
