• Cotizaciones
    miércoles 12 de junio de 2024
    • Temas del día

    Una ley con objetivo electoral

    Nº 2224 - 11 al 17 de Mayo de 2023

    En el caso de aprobarse una ley que establezca la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, como propuso Cabildo Abierto, o para mayores de 70 años, como corrige el Partido Nacional, los militares violadores de los derechos humanos procesados o condenados dentro de ese rango de edades, que amparados por el Estado secuestraron, torturaron y asesinaron durante la dictadura, dejarán sus confortables cárceles para que les ceben mate en sus domicilios. Tal vez porque se entiende que luego de sembrar el terror merecen una muerte en paz, sin rejas que los estigmaticen.

    Esa ley haría preceptiva la reclusión domiciliaria. Vale decir que sería obligatoria y debe ser obedecida por la Justicia. Las prisiones que albergan a esos militares quedarían casi vacías. Mientras, más de 14.000 reclusos (400 cada 100.000 habitantes, el triple de la media mundial, según Naciones Unidas) continuarían hacinados, con carencias sanitarias y riesgo de vida carcelario. Porque las prisiones que eventualmente los militares abandonen no serán para esos presos. Al menos nadie lo ha propuesto.

    También los reclusos mayores de 65 o de 70 años encarcelados por “delitos comunes” pasarían preceptivamente a prisión domiciliaria; el resto continuaría en las mismas condiciones que hace una década, las que denunció el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, Manfred Nowak. Fue terminante: “Los detenidos son alojados en condiciones deplorables, en celdas sobrepobladas que no tienen las instalaciones sanitarias adecuadas ni lugares para dormir (…). El pueblo de Uruguay, un país reconocido por su democracia y desarrollo social, no merece este sistema penitenciario”. Algo cambió, pero poquito.

    En 2021 hubo 86 muertes en las cárceles: 45 fueron muertes violentas entre 21 homicidios, 18 se suicidaron y hubo seis en accidentes. Las restantes fueron muertes por causas naturales.

    Quienes se oponen a ese beneficio han argumentado que no todos los militares presos han sido enviados a la cárcel por delitos de lesa humanidad. Desde el punto de vista legal les asiste razón. Es que la lesa humanidad se codificó a partir de los tribunales de Núremberg y Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dependía de haberse cometido en vinculación con otros crímenes que estaban bajo la jurisdicción del tribunal, como los crímenes de guerra o la agresión.

    Varias décadas más tarde los estatutos de los tribunales Penales para Ruanda y la antigua Yugoslavia desarrollaron el concepto de crimen de lesa humanidad y cómo debería perseguirse. Todo ese proceso culminó en 1998, con la creación de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, en vigor desde 2002. Bajo su artículo 7, los crímenes de lesa humanidad son: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, privación de libertad fuera del derecho internacional, tortura, violación u otros crímenes sexuales, persecución por motivos discriminatorios, desaparición forzada, apartheid y otros actos considerados inhumanos. No obstante, distintos Estados ya se habían pronunciado contra estos crímenes, por lo que la prohibición derivó de esa costumbre hasta formalizarse en el derecho internacional.

    En 2006, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay aprobó la Ley 18.026, que avaló el Estatuto de Roma. Los militares procesados o condenados antes de esa fecha no están formalmente incluidos dentro de los delitos de lesa humanidad, pero la naturaleza de estos crímenes es indiscutible por su condición de aberrantes, con un total desprecio por el respeto de los derechos humanos, y en muchos casos esos reclusos los siguen justificando como actos de guerra. Vale decir que esos delitos son imprescriptibles y no son amnistiables, mal que les pese.

    En noviembre pasado el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, se mostró contrario a un régimen legal “de prisión domiciliaria para un determinado grupo de población. Tiene que ser resuelto caso a caso. Al hacerlo con un automatismo de que sea obligatorio para el juez se rompe con toda la lógica del Código de Proceso Penal (CPP), que al país le costó décadas superar”.

    La situación es grave y nadie le pone el cascabel al gato. Petit considera “necesario” que el Poder Ejecutivo declare la emergencia en algunos módulos carcelarios y que un equipo de trabajo implemente acciones, como por ejemplo obras de mantenimiento.

    El proyecto para otorgar prisión domiciliaria en forma preceptiva lesiona la separación de poderes y es redundante respecto de las posibilidades que ya tiene el Poder Judicial. Existe otro riesgo. Uruguay puede ser pasible de una condena internacional contra el Estado. Esa es la opinión reciente del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, remitido la semana pasada al Parlamento.

    El informe del instituto ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado señala que en el actual ordenamiento jurídico se incorpora una solución al tema que “permite la necesaria ponderación entre la independencia del Poder Judicial, el debido proceso, los derechos de las víctimas y la situación de la persona imputada”. Advierte además que el artículo 228 del Código del Proceso Penal indica que entre los elementos de “especial relevancia” que un magistrado debe considerar a la hora de dictar este beneficio está el caso de los presos mayores de 70 años, “cuando ello no involucre riesgos” y atendiendo a las “circunstancias” del delito cometido. También señala al artículo 276 de ese código que el procedimiento será siempre por vía incidental, con participación de la defensa y del Ministerio Público.

    Dicho informe indica a su vez que una ley como la que se proyecta le “impone” al juez competente a disponer “de oficio y sin más trámite” la prisión domiciliaria para los detenidos mayores a esa edad. “La separación de poderes y la independencia del Poder Judicial es una condición sine qua non para la vigencia efectiva de los derechos humanos y del Estado democrático de derecho”, subraya. Este proyecto lesiona esa garantía y derivará en “graves efectos” sobre la totalidad del sistema de defensa y la protección de los derechos fundamentales.

    Poco más para decir, salvo que de nuevo lo político pretende imponerse sobre lo jurídico. Los militares retirados y en actividad y sus familiares también votan.

    Sin embargo, con el cese dispuesto por el presidente Luis Lacalle Pou de la cabildante ministra de Vivienda, Irene Moreira, lograr un acuerdo para aprobar esa ley no será sencillo. Moreira atropelló principios éticos y políticos sin considerar el contexto. Puede llegar a salir muy cara la jugada.