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Parece claro que la coyuntura internacional se muestra cada vez más incierta. Por un lado, por las idas y vueltas del presidente estadounidense, Donald Trump, en su utilización de la política comercial con diversos objetivos (con el no declarado y final de enlentecer el ascenso de China al rol de “superpotencia” que desafíe la actual hegemonía de su país), las discusiones pendientes en este tema con el área del euro y Japón (principalmente vinculadas al comercio automotor), además de la reciente amenaza de aplicar aranceles a México. Por otro, la incertidumbre que genera en Europa el inconcluso proceso del Brexit.
Todo este “ruido” tiene como lógica consecuencia una significativa desaceleración del crecimiento de la economía mundial. Así, en mayo el indicador global de producción manufacturera compilado por el banco J.P. Morgan alcanzó el menor nivel desde octubre de 2012 y se ubicó en zona de contracción, al tiempo que el indicador compuesto que mide también la actividad en los servicios retrocedió hasta donde estuvo en junio de 2016. El Banco Mundial, por su parte, redujo su previsión de crecimiento para la economía mundial de 2,9% a 2,6% para 2019.
Como consecuencia de esta situación de desaceleración, las miradas se concentran nuevamente sobre los bancos centrales, con la expectativa de que vuelvan a aumentar los estímulos monetarios para contrarrestar el impacto negativo de la “guerra comercial”. En particular, se intensifica la presión sobre la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) para que baje las tasas de interés, tal cual ya había ocurrido sobre fines del año pasado y comienzos de este ante el desplome de los mercados financieros. De hecho, esta semana Trump volvió a lamentarse de que la Fed estaba manteniendo las tasas “demasiado altas”, y por no tener control sobre el organismo como sí lo tiene sobre su banco central el líder chino Xi Jinping, al tiempo que los mercados están descontando entre 75 y 100 puntos básicos de disminución para la tasa de fondos federales en los próximos 12 meses.
Para las economías emergentes en general, y para la región y Uruguay en particular, esta situación genera efectos contrapuestos. En sentido negativo, un menor crecimiento de la economía y del comercio mundial es una mala noticia, que además debería impactar negativamente sobre los precios de las materias primas. En sentido positivo, menores tasas de interés y mayor estímulo monetario en el mundo desarrollado deberían volver a inducir un retorno de los capitales hacia estos países, en particular a aquellos que tengan condiciones de competitividad atractivas.
Lamentablemente, tanto en la región como en nuestro país estamos bastante lejos de volver a ser atractivos para la inversión extranjera, al menos en el corto plazo y hasta tanto no se realicen las reformas estructurales que se han venido posponiendo durante décadas.
Los procesos políticos en curso en Argentina y en Uruguay, así como las demoras y problemas que está teniendo el presidente Jair Bolsonoro en Brasil para implementar su prometida y ambiciosa agenda de reformas “promercado”, son factores adicionales que dificultan un retorno de los capitales a la región. En este sentido, tener una institucionalidad fuerte, una buena distribución del ingreso y una alta calidad democrática ayudan, pero para nada son suficientes para atraer la inversión extranjera en gran escala si al mismo tiempo somos un país caro para producir; tenemos relaciones laborales basadas en la “lucha de clases” en lugar de la cooperación; carecemos del capital humano adecuado por el desastre que es el sistema educativo; tenemos un acceso costoso a los mercados por una equivocada política de inserción internacional; y enfrentamos costos de la energía, combustibles y comunicaciones más caros por la necesidad de financiar el creciente déficit fiscal.
Hasta tanto no solucionemos estos temas estructurales, será difícil que podamos aspirar a recibir una “lluvia de inversiones” independientemente de lo que haga la Fed con las tasas de interés.
