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    Una nueva marcha multitudinaria, avances casi “nulos” en la búsqueda de desaparecidos y un proyecto de ley que genera dudas

    Aunque los distintos actores ven con buenos ojos la propuesta del gobierno de hacer públicos los documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de derechos humanos, constitucionalistas plantean algunos reparos para la protección de datos personales y familiares dicen que no aportan información nueva

    Con 18 de Julio colmada por miles y miles de personas, la Marcha del Silencio volvió a demostrar en la noche del sábado 20 el amplio respaldo social que tiene el reclamo de los familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Fue la 27ª edición de la manifestación y en el año de un aniversario significativo: cinco décadas desde el golpe de Estado de 1973. La multitudinaria convocatoria de cada año contrasta con los magros avances en la búsqueda de desaparecidos.

    Días antes de la marcha, el ministro de Defensa, Javier García, anunció que junto con la cartera de Educación y Cultura remitieron un proyecto de ley al Parlamento para que los documentos relativos al pasado reciente y sobre las violaciones de los derechos humanos estén disponibles a los ciudadanos, con “mínimos o nulos requisitos y exigencias”.

    El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró en declaraciones a Telemundo durante la Marcha del Silencio que se trata de un asunto “delicado”. Dijo que esos archivos tienen un contenido con el que se debe ser “cuidadoso” y aclaró que se refería, “sobre todo”, a información personal de las víctimas del terrorismo de Estado. “Hay que cuidarlas, no exponerlas”, afirmó.

    Expertos en derecho constitucional consultados por Búsqueda coincidieron en que la publicación de los documentos es un tema “complejo” y “delicado” por referirse a violaciones de derechos humanos. Por un lado, la legislación consagra el derecho “fundamental” de las personas al acceso a la “información pública”, toda la que se encuentra en posesión de organismos públicos, pero también establece el derecho a la “protección” de los datos personales.

    “Hay que ponderar derechos” porque hay una “colisión”, afirmó el abogado constitucionalista Carlos Correa Freitas, exdirector del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. En su opinión, el Parlamento deberá “analizar” qué es lo “más importante”, si el conocimiento de la opinión pública de todos los datos relativos a la dictadura militar y las violaciones a los derechos humanos o los derechos de las víctimas y los familiares a que no se conozca información que pueda vulnerar su “honor” o “privacidad”.

    Para evitar esa situación, el catedrático en Derecho Constitucional Martín Risso consideró que “no se puede publicar todo” sin un “control previo”. El experto entiende que esta tarea de revisión general debería ser realizada por un equipo de expertos que determine si hay información confidencial o personal que “debería tacharse” en los documentos a ser publicados.

    “No se oculta la información, sino que se trata o suprime lo que no se quiera divulgar”, indicó. Si bien considera acertado que el ministerio proponga hacer pública la información, recordó que la Ley 18.331, de Protección de Datos Personales, determina que son considerados “datos sensibles” los que revelen “origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual”.

    Reserva limitada

    El proyecto de ley remitido a la Asamblea General propone que el acceso a los documentos sea “libre”, sin perjuicio del mantenimiento “en reserva” de los datos vinculados al “entorno familiar o la vida privada”, o la que sea considerada “sensible” o que pueda afectar a terceras personas.

    En ese sentido, el profesor adjunto de Derecho Administrativo y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Pablo Schiavi consideró que de aprobarse masificaría el acceso a datos vinculados a la dictadura y les daría “publicidad”, por lo que hay que ser “sumamente cuidadosos con el alcance”. En relación con la reserva, señaló que en el articulado debería quedar definido cuál sería el órgano del Estado que se encargaría de clasificar la información.

    Para Schiavi, estas excepciones tendrían que “estar limitadas” y habría que tener “mucha ponderación” entre lo que es clasificado como reservado y lo que se mantiene como público. Al respecto, explicó que podrían realizarse “excepciones parciales” y que los documentos sean liberados pero se mantengan en reserva los nombres de las víctimas, por ejemplo, por lo que se trata de un trabajo “muy minucioso”.

    Más allá de que la normativa vigente establece que quien resuelve que cierta información es determinada como reservada debe ser el organismo que la posee, el experto en derecho constitucional destacó que, en caso de haber reclamos formales, existe una instancia para que esa declaración sea revisada por el Poder Judicial, que puede mantener la reserva o levantarla. “La primera instancia es administrativa, pero la Justicia tiene la última palabra y es una garantía para el ciudadano”, afirmó Schiavi.

    Según la Ley 18.381, puede ser clasificada como reservada la información que comprometa la seguridad o la defensa nacional, menoscabe la conducción de negociaciones o las relaciones internacionales, dañe la estabilidad financiera del país, desproteja descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales o ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona.

    La normativa también establece que no se puede invocar esa clasificación en casos de violaciones a los derechos humanos o cuando “sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones” de estos.

    Insumo histórico

    El integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea dijo a Búsqueda que ven con “buenos ojos” la determinación del gobierno de crear una sección en el Archivo General de la Nación destinada a “reunir, organizar y conservar” los documentos sobre el pasado reciente, pero que hay “muchísima información” que refiere a la operativa durante la dictadura militar que “no aparece” y es “la parte más importante para ubicar a los desaparecidos”.

    También consideró que se deberá discutir dónde están los “márgenes” de esta política, entre la protección de los datos personales y el derecho a la información pública, para evitar “revictimizar” a las víctimas y teniendo en cuenta que hay declaraciones de interrogatorios que fueron firmadas por las personas que se encontraban bajo tortura.

    Sin embargo, según Errandonea, facilitar el acceso a los archivos es relevante para el “contexto histórico” pero “no aporta para la búsqueda”, porque la documentación que se conoce la han revisado “por todos lados” desde la organización, pero también desde la Universidad de la República, la Secretaría de Derechos Humanos, la Institución de Derechos Humanos, y la conclusión es la misma: “No aporta nada nuevo”.

    El representante de la organización, que nuclea a los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura, considera que para avanzar “deberían sentarse” todos los partidos y “definir una política de Estado de búsqueda de la verdad, sin tratar de sacar ventaja político-partidaria, porque no aporta”.

    Para Errandonea “es importante que se sepa todo” y que los datos “no estén encerrados entre cuatro paredes”, y cuestionó que “desde la salida de la dictadura no hubo una exigencia a las Fuerzas Armadas de entregar toda la información por parte de Presidencia y del Ministerio de Defensa. “Hasta que eso no suceda, estamos en el horno”, indicó.

    Los últimos restos hallados de los desaparecidos durante la dictadura fueron los del odontólogo y militante comunista, Eduardo Bleier, que fueron encontrados en agosto de 2019 en el Batallón de Infantería Nº 13.

    Las excavaciones en el predio lindero, donde funcionó el centro clandestino de torturas conocido como “300 Carlos” fueron suspendidas a mediados del año pasado, luego de que durante los trabajos se rompiera un cable de alta tensión. Actualmente continúa la búsqueda en el Batallón Nº 14, luego de que un militar retirado lo señalara como un lugar de posibles enterramientos, y en la chacra de Pando.

    “El avance es muy lento, prácticamente nulo, en la medida que no hay información oficial y se tienen datos por terceros”, afirmó Errandonea.

    Información Nacional
    2023-05-24T22:39:00