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Después de largas y ásperas discusiones —al punto de amenazar la continuidad de la coalición oficialista—, el 27 de abril el Parlamento terminó de aprobar la ley que instalará un sistema previsional único. Se trata de una reforma que, si bien empezó siendo mucho más ambiciosa de lo que al final resultará, pone proa gradualmente hacia un nuevo régimen que asimilará parámetros entre los distintos subsistemas, creará un ingreso mínimo jubilatorio, a la vez que admitirá la flexibilidad para jubilarse y poder seguir trabajando, entre otras cosas.
Sin entrar en detalles técnicos, corresponde ponderar algunos aspectos de esta reforma y reconocerle al gobierno el coraje de haberla encarado.
Con conocimiento de primera mano y honestidad intelectual, el contador Danilo Astori, siendo ministro de Economía en el último gobierno del Frente Amplio, admitió que era imperioso encarar cambios profundos en la seguridad social. Esas palabras no encontraron apoyo político entre sus compañeros de partido y el problema de solvencia financiera del sistema, así como sus injusticias, quedaron allí.
En la pasada campaña electoral Luis Lacalle Pou y sus socios multicolores se comprometieron a hincarle el diente al asunto. Por varios meses trabajó en eso una comisión técnica multipartidaria y con representación social que discutió un diagnóstico y elaboró propuestas. Surgió un previsible desacuerdo del Frente Amplio, pero el Poder Ejecutivo siguió adelante, redactó un borrador de proyecto, que luego de debatirlo y ajustarlo con aportes de todo el oficialismo fue al Parlamento. Ya en ese ámbito el texto tuvo más retoques, varios fueron técnicos y otros atendieron visiones filosóficas de algunos socios del oficialismo. Como ha reconocido el propio presidente, todo ese proceso fue como echarle “agua a la leche”, diluyendo parte de los efectos que se perseguían para darle sostenibilidad financiera al sistema y estabilizar a largo plazo su peso sobre las finanzas públicas. Incluso, algunos técnicos ponen en duda que esta cuestión central quede resuelta de forma definitiva, ya sea porque la ley deja en manos de los gobiernos de turno ciertas definiciones relevantes —como el ajuste del “suplemento solidario” que se crea— o por la evolución, en los hechos, de las propias tendencias demográficas que están en la raíz del problema. También quedan dudas sobre si se avanzó lo suficiente en cuanto a las situaciones de algunas “cajas”, como la militar; para las de Profesionales y Bancarias habrá otras leyes particulares.
Entre otras críticas, el Frente Amplio cuestiona que esta reforma pone toda la carga sobre los asalariados y plantea que podría haberse pensado en repartir el esfuerzo con los empleadores u otras alternativas. ¿Era eso políticamente viable? Y, en un país cuya economía tiene un crecimiento potencial muy modesto y el nivel de la inversión es relativamente escaso, ¿subir la carga a las empresas hubiera sido un mejor camino?
Está claro que este tipo de reformas, que afectan directamente los bolsillos de la gente en lo inmediato o a mediano y largo plazo, son por naturaleza impopulares. Eso lo tuvo claro el anterior gobierno frenteamplista cuando prefirió postergarla, y también lo saben Lacalle Pou y sus socios. La diferencia es que, aunque quizás esté lejos de ser la transformación ideal, el presidente y la coalición multicolor tomaron la responsabilidad de ejecutarla. Bienvenida sea.
