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“Si yo fuera el presidente del PIT-CNT le pediría al gobierno: ‘Bajen estos costos porque eso es lo que nos está jorobando’. Claramente veo un Estado que no es responsable y que carga con esos costos a las empresas. Y si no hacemos cambios en la conducta del gobierno en lo estructural, no habrá mejores resultados. Hay paquetes de medidas para determinados sectores que son aire que se necesita; pero son paliativos. Hay que ir a los problemas de fondo en la competitividad. Si no, lo que tenemos es una economía con una cantidad de distorsiones que se busca solucionar con más distorsiones, en vez de resolver el tema estructural. ¿Es tan fácil? No. Pero no se empieza nunca”. Esas palabras, dichas a Búsqueda en 2018 por Azucena Arbeleche, entonces asesora del presidenciable blanco Luis Lacalle Pou, describen con claridad uno de los problemas centrales de Uruguay: es un país caro para producir debido a ciertas ineficiencias, muchas por responsabilidad del propio Estado. El sector empresarial, en general, se sintió interpretado por el discurso de campaña de la coalición multicolor y le prestó su voto. Pero el episodio del ajuste de las tarifas de los combustibles que acaba de entrar en vigor, y las reacciones de algunas organizaciones rurales, son una señal de alerta para el oficialismo.
De hecho, más allá de que debió hacerse cargo de una crisis por la pandemia, el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou tuvo que moderar sus expectativas reformistas en torno al sector de los combustibles al no encontrar consensos entre sus socios. Así, no se liberó la importación de las naftas como se planteó durante la campaña electoral, sino que en la Ley de Urgente Consideración (LUC) estableció que el Poder Ejecutivo tiene que ajustar las tarifas con una periodicidad máxima de dos meses, tomando como referencia el precio de paridad de importación (PPI), un valor teórico que surge de calcular el precio en el mercado local de productos de similar calidad producidos por Ancap, en la hipótesis de que puedan ser importados sin restricciones. Con el nuevo esquema, si no se abarata el petróleo, para que bajen las tarifas —que en Uruguay son de las más caras en la región—, la empresa estatal de refinación debe sacarse el lastre de ciertos subsidios y sus negocios ineficientes. Pero ese es un proceso que lleva tiempo y que no se dio de manera simultánea con la puesta en vigor del criterio de ajuste según el PPI: así, como el petróleo aumentó su cotización y Ancap está lejos de poder mostrar resultados significativos en términos de eficiencia, las tarifas de las naftas subieron en julio y otra vez en agosto. Nuevamente, los que pagan las ineficiencias del sector público son los contribuyentes. Eso parece que no cambia, esté quien esté en el gobierno.
Ciertamente, el nuevo esquema es más transparente que el anterior, pero la reacción de rechazo por parte de la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Federación Rural y la Asociación Nacional de Productores de Leche le señala al oficialismo la necesidad de medir bien el alcance y ritmo de sus futuras reformas, a riesgo de socavar la base de apoyo ciudadano que requerirán para tener éxito.
Es posible que la futura carrera administrativa en el Estado no les guste a muchos empleados públicos, pero probablemente sea uno de los cambios que se precisen para, como decía Arbeleche, poder ir sacando piedras a la producción. Y seguro que muy pocos querrán tener que trabajar hasta los 65 años, aunque está claro que la seguridad social hoy no es sustentable con sus parámetros actuales y la perspectiva de una población cada vez más envejecida.
Para el tramo que viene del período de gobierno, cuando tendrá que defender la LUC y poner en práctica las acciones programáticas postergadas ante la pandemia, el oficialismo deberá volver a ser asertivo en la comunicación pública y política, como en varios momentos lo logró durante la crisis por el Covid. En caso contrario, el riesgo de fracaso puede ser alto.
