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    jueves 06 de junio de 2024

    Una torre polémica

    Sr. Director:

    Además de no cumplir con  la Ley 18.308 (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible), al aprobar la consulta que habilita la construcción de una torre de 20 pisos, en el padrón 11.493 de Punta del Este, el Gobierno Departamental de Maldonado tampoco cumplió el Decreto 3.932/2015, que establecía parámetros de edificación, muy privilegiados exclusivamente para ese predio, las condiciones que el edificio debía cumplir y el trámite que se debía realizar.

    La única disposición que el decreto establecía, y que fue cumplida, fue la de presentar el anteproyecto en consulta previa, incumpliendo groseramente las demás. Es inexplicable y muy deshonesto que el Gobierno Departamental no derogara el decreto que no cumplió, sino que lo usara como coartada.

    En efecto, la torre aprobada, además de tener 20 plantas altas en vez de las 8 establecidas por el Decreto 3.932; tiene 54,24 m de altura, en lugar de 26 m; supera el factor de ocupación total (FOT) por algo más de una vez y media lo establecido, y lo peor: incumple totalmente con la “Norma Especial”.

    “Norma Especial: Por tratarse de un terreno con características particulares es obligatorio el trámite en consulta previa, en el que las oficinas técnicas deberán verificar que la obra propuesta no afecta al edificio histórico de la estación de servicio y que desde el punto de vista urbano se integra sin conflictos al entorno. Se deberá evaluar el diseño, el programa y los materiales a emplear”.

    La evaluación de la Dirección General de Urbanismo no analizó si el edificio propuesto afectará o no al Monumento Histórico, ignorando que el volumen y la ubicación del edificio en relación con aquel lo afectan enormemente al destruir el espacio urbano en el que se ubica y del que es el protagonista principal, tal como lo puntualiza la Resolución que lo declara Monumento Histórico en el “Resultando IV: que prioriza la relación con el entorno de Punta del Este empleando materiales de fuertes texturas y conformando una esquina de transición volumétrica y funcional a través del mirador, adaptándose de este modo a la escala e imagen del balneario”; limitándose a referirse al material con el que se  lo revestirá, la “envolvente formada por una grilla sólida de ladrillos”, no analiza el impacto de la torre encimada al monumento. Lo cierto es que la torre lo afecta y muy negativamente, tanto es así que el ministro de Educación y Cultura y el presidente de la Comisión de Patrimonio han declarado enfática y públicamente: ¡La torre afecta muy negativamente al Monumento Histórico!, aunque la DGU no se diera cuenta.

    La torre tampoco cumple con la segunda condición: No se integra sin conflictos en el área urbana.

    Además de afectar al Monumento Histórico, la torre destruye  el espacio urbano icónico que caracteriza el acceso a la península por Gorlero; al estar ubicada en el corazón de la manzana, introduce una tipología edilicia totalmente ajena a la península y a Punta del  Este e incompatible con las características de la urbanización; bloquea el sol y las vistas de centenares de apartamentos de los edificios Michelangelo, Mesana, Torre del Sol y Santos Dumont, afectando su valor y por ello el patrimonio de sus propietarios; aumenta la densidad de edificación de la zona y la de población, permanente y transitoria, limitada desde 1978 para evitar los problemas que la densificación de la zona ya mostraba, así como los de sus accesos, no ampliables por falta de espacio, ya saturados en temporada alta y que actualmente están mucho peor; incrementa la circulación vehicular por la saturada calle 30, único acceso al predio de la torre; no analiza si las redes de suministro de agua potable y de saneamiento de OSE tienen capacidad para satisfacer los incrementos que la torre implica; pone en riesgo a las personas que habiten, trabajen o se encuentren en la torre, ya que el pasaje que la conecta con la calle 30, su único acceso, de 25.56 m de largo por 7.74 m de ancho, hace muy difícil, si no imposible, el acceso de los auxilios en caso de un siniestro (como incendios, riesgo que es incrementado por las cocinas comerciales del hotel, explosiones o choques de vehículos) o un acto criminal; por último, pero no es un aspecto menor, ignora totalmente los impactos de la torre en el ambiente como: cambios en los vientos, usuales en la península y en esta zona en particular, no estudiados; de las sombras que producirá y que afectarán a los edificios vecinos, que tampoco han sido estudiadas ni tenidas en cuenta; de la contaminación lumínica con las luces permanentes en las fachadas, actualmente de moda y que todos los edificios construidos en Punta del Este por la empresa Zulamian tienen y de la contaminación sonora resultante del incremento de población, del incremento de la circulación de vehículos y de las actividades que en el edificio, fundamentalmente en el hotel.

    En síntesis, la torre aprobada en el marco del Decreto 3.932/2015, que beneficia de forma extraordinaria a la empresa Zulamian, no solo no cumple con sus disposiciones sino que las viola groseramente, como lo hace con la Ley de Ordenamiento Territorial, por lo que se trata de un acto arbitrario, que causará importantes perjuicios a muchísimos particulares, afectando el patrimonio de centenares de propietarios de apartamentos de los edificios Michelangelo, Mesana, Torre del Sol y Santos Dumont, así como a vecinos de la península, a los habitantes de Punta del Este y a los uruguayos todos, al afectar el patrimonio y atractivos de Punta del Este, despreciando la enorme importancia que tiene para nuestro país.

    La arbitrariedad de este acto del Gobierno Departamental de Maldonado y los daños que de él resultaran tienen apariencia de delito, tal como lo establece el Artículo 162 del Código Penal: “(Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley) El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”.

    ¿La arbitraria aprobación de la torre no es lo suficientemente grave como para que la Justicia investigue a todos los que la aprobaron?

    Es claro que la torre no debe construirse, como lo es que el Gobierno Departamental no solo mantendrá la autorización para su construcción sino que la promueve. La aprobación de la consulta fue realizada incumpliendo las normas nacionales y departamentales ¿No amerita que la Justicia impida su construcción?

    Arq. Juan Andrés Sienra

    CI 998.166-3

    Cartas al director
    2024-05-01T21:39:19