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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáUruguay posee una gran tradición en ser el socio garante de su población. Desde aquella época de vacas gordas, durante mediados de los años treinta hasta fines de los cincuenta, en la que nuestros antepasados se acostumbraron a un Estado amparador que siempre estará ahí para cuando necesites algo; siempre el gobierno estuvo presente.
Quizá en aquel momento, dada aquella pequeña burbuja económica, Uruguay podía permitirse gastar recursos en contratar empleados estatales y crear entes a rolete. De ese problema endémico, el Partido Colorado, junto con el neobatllismo, es el gran culpable.
El problema, sin embargo, comenzó cuando la economía doméstica entró en declive. Claro, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y las divisas, provenientes de los países en conflicto, se esfumaron. Uruguay se encontró como el elefante en la habitación de su propio pueblo: nadie hablaba de él, pero estaba ahí.
Las deudas se acumulaban, el estancamiento colocaba un pie dentro del territorio nacional. Fue allí cuando comenzó un problema que persigue al país hasta la actualidad: Uruguay se convirtió en un Estado interventor muy grande, altamente recaudador, que no innova en beneficio de su propio pueblo.
Este problema de actualidad se acrecentó y se hizo más evidente luego de la pandemia, momento en el que la industria minorista sufrió una gran caída —con miles de comercios cerrados— y hubo un récord de emigraciones en 2022 histórico: desde la crisis del 2002 no se produjo un fenómeno igual.
Es claro que, para lograr el cometido de ser un Estado contemporáneo, se debe mirar el lugar en el que se recaudan los impuestos. No es lógico que, en un país tercermundista como Uruguay, se recaude un 22% de Impuesto al Valor Agregado —IVA— de toda su población.
Tampoco es lógico que los pocos profesionales que quedan, porque los demás se fueron del país y se dedican a extrañar su patria, no puedan tener los recursos necesarios para innovar y sacar el país adelante. ¿Por qué? Porque siempre existe un privado que se adelanta —gracias a un convenio con el Estado, por supuesto— e investiga para llevarse el producto de esos estudios y a los profesionales uruguayos que fueron los responsables de ese avance.
Pero claro, a los señores del poder les conviene mantener la misma silla que les dejaron como herencia sus abuelos y bisabuelos con el correr de los años.
Es más fácil mantener al pueblo en la chiquita, con un sueldo que, aunque para el extranjero pueda parecer muy bueno, tiene su engaño: no se corresponde con la sobrecarga de impuestos que recupera el Estado desde los descuentos en cada recibo de sueldo hasta cuando el uruguayo promedio compra un paquete de galletitas cric crac en el kiosquito de su barrio.
Hasta aquí, lo que se puede deducir es que los políticos y muchos empleados públicos que se dedican a comprar los bizcochos y repartir el cafecito de la mañana no quieren perder su trabajito de toda la vida, para hacer un mínimo esfuerzo en sacar al elefante hacia el sol y mostrar esos problemas polvorientos que tiene el Estado uruguayo.
Por eso es que la tarea de la economía innovadora debe llegar desde el mismo pueblo. Pero ¿está listo el uruguayo promedio para dejar de depender de planes sociales, su trabajo cómodo en el Estado o en empresas privadas para dedicar al menos un mínimo del tiempo de su día en emprender o innovar?
No parece algo plausible, menos probable. Pero no imposible.
El modelo del Estado interventor del siglo XX debe terminarse. La reinvención del modelo keynesiano —que fue un avance espectacular en su época, ya que solucionó la crisis del 29— necesita reinterpretarse para lograr ese cometido de paz económica que pretendía con los pueblos que impusieron aquella corriente económica.
La intervención estatal del siglo XXI debe concentrarse en la ciencia, tecnología, cultura y desarrollo humano, sin descuidar ninguna de ellas, para generar las innovaciones necesarias que permitan al país salir de su letargo económico de políticos atornillados por un cargo.
Siempre se habla de las pérdidas que tiene Uruguay en el sector público, pero nadie hace absolutamente nada para achicar esos funcionarios acomodados, sino todo lo contrario: cada gobierno —no importa su color— coloca a sus amiguetes dentro del Estado, porque como todos lo hacen, ellos también.
En la actualidad, Uruguay tiene una plantilla de empleados públicos que se conforman con ese carguito de por vida, porque piensan, muy a la uruguaya, que como se aseguran un puestito para toda la vida ya no tienen nada más de qué preocuparse. Y este es un problema que inculcó ese período de vacas gordas que influyó demasiado en la construcción de la idiosincrasia nacional.
La sociedad uruguaya debe despertarse para ver cuán cascoteado está el país: población muy envejecida —con un índice demográfico igual al europeo, caso único en América— baja natalidad y un gran porcentaje de jóvenes que se van o juntan plata de forma desesperada para poder hacerlo sin mirar atrás.
Y ante eso, no se hace nada con el elefante.
No se puede dejar más la innovación de forma exclusiva al servicio del empresariado, porque se sabe que arrasa con todos los resultados para su propio beneficio sin dejar casi nada en el país. La innovación y desarrollo tecnológico también debe estar en manos del Estado, ya que el riesgo de que se pierda fuera de sus fronteras es menor o nulo.
La economista italiana Mariana Mazzucato es una de las máximas exponentes de este modelo económico para este siglo, que requiere de avances acelerados que no se sostienen con el modelo clásico de Keynes.
Para ella, el foco de los Estados debe centrarse en entender el proceso colectivo de aprendizaje y difusión, en el que lo que importa es la relación ejercida por los distintos actores —económicos, universitarios e investigativos— y los incentivos que genera este proceso en la búsqueda del mejor desempeño.
El Estado debe ser capaz de asumir los riesgos relacionados con la inversión en tecnologías disruptivas, con la acción pública presente desde la fase de invención hasta la producción, sin descuidar la rentabilidad económica.
También, se debe utilizar toda la maquinaria política estatal para fomentar el trabajo innovador que favorezca un empuje social y económico de gran envergadura; esto llevará al país hacia adelante en materia tecnológica y de divisas, ya que los bienes de exportación de mayor ganancia en la actualidad son aquellos intangibles.
Uruguay se encuentra actualmente dentro del siglo XXI con una infraestructura de la época del expresidente Luis Batlle Berres.
Eso debe cambiar.
El desafío nacional hacia mitad de siglo deberá ser remodelar el Estado hacia un país exportador de servicios antes de que los privados sigan entrando de forma sigilosa —Google y Facebook continúan asomándose con sus centros de desarrollo, mientras los gobiernos, sin importar el color político, les abren las puertas de par en par por unos mangos— y terminen de arruinar esta antigua Suiza de América cascoteada que en la actualidad parece Rumania.
Un cambio tecnológico e innovador facilitará el crecimiento que tanto se espera para salir del tercer mundo e ir a jugar en las grandes ligas, para que el pueblo deje de añorar esos años dorados en los que el uruguayo promedio se creía europeo. Los que quedan, seguro recordarán ese país de los paseos por el London París y caminatas por la clásica Ciudad Vieja del neón y edificios neoclásicos.
Pero claro, dejar el paradigma del elefante y salir a la cancha para volver a esa senda no está dentro de la mentalidad uruguaya.
Hasta ahora y por lo que se sabe, la mentalidad de la chiquita del uruguayo no cambiará. Por eso, mientras alguien decida leer esto, seguro que en algún ente público comienza la rueda del mate o dos funcionarios de carrera habrán salido a comprar bizcochos a la panadería 25 de Mayo.
Pablo Furtado
Estudiante de Comunicación Social