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Quien afirme que desde la restauración democrática nada ha cambiado en el sistema carcelario se equivoca. Desde 1985 ha empeorado y ningún gobierno, colorado, blanco o frenteamplista, ha tomado medidas drásticas para revertir una situación degradante e inhumana. Seguramente no rinde para captar votos, entonces, ¿para qué gastar pólvora en chimangos? Políticos y organizaciones sociales denuncian violaciones locales diversas a los derechos humanos; incluso apuntan contra algunos gobiernos, como el presidente Luis Lacalle Pou en la reunión de la izquierdista Celac. Pero son tan graves esas violaciones que hay que mirarse al espejo. Tan graves como las de miles de reclusos cuya única certeza es la degradación moral, física y sanitaria.
Se han colocado algunos parches materiales. También uno demagógico. En 2005, para descongestionar las cárceles, Tabaré Vázquez impulsó la Ley N° 17.897, de humanización del sistema carcelario: liberar por única vez a procesados y condenados que no hubieran cometido delitos graves. Salieron 872 personas y 18% reincidió. Pero a la policía le consta que otros liberados delinquieron sin ser detenidos mientras los pistoleros crecían. También se redimió un día de condena por cada dos jornadas de estudio (cada una de 6 horas) o por cada dos jornadas de trabajo (cada una de 8 horas). En fin.
En 1999 había 4.000 reclusos en todo el país, en 2005 la cifra trepó a 6.211, 2015 cerró con 10.416, en 2019 llegó a 11.700 y a fines de 2021 oscilará en más de 13.000. Uruguay está entre los países con mayor tasa de personas presas de la región. Vázquez también había prometido “encarar los problemas de hacinamiento, alimentación y salud de los establecimientos carcelarios”. Mintió.
Esta gravedad medieval ha sido destacada por el excomisionado parlamentario penitenciario Álvaro Garcé (2005-2014) y desde 2015 por el actual, Juan Miguel Petit. Las únicas voces permanentes en tocar en el timbre de la conciencia. Casi nadie les abrió la puerta. Para quien pretenda una opinión imparcial que lea la del austríaco Manfred Nowak, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
Estuvo aquí entre el 21 y el 27 de marzo de 2009 e inspeccionó los centros de reclusión. Constató degradaciones sanitarias y físicas, reclamó “asegurar que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen minuciosamente y sin demora…”. Desnudó discriminación, violencia interna y externa, hacinamiento en condiciones “infrahumanas”, violaciones “a gran escala” de los derechos humanos y reclusos a quienes “se los trata peor que a animales”. Varios “tienen restringido el acceso al agua, lo que los obliga a beber del retrete (…), y para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico”. Escalofriante.
En julio de 2011, durante la presidencia de José Mujica, la Organización de Estado Americanos (OEA) realizó una nueva inspección. Nada había cambiado. Los gobernantes miraron para el costado. O evitaron mirar.
Aunque farragoso, vale el repaso. Doce años después de Nowak, el 13 de julio pasado, se presentó el informe Muerte bajo custodia en el sistema penitenciario, Uruguay 2020, del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el comisionado parlamentario penitenciario. Durante 2020 se reportaron 48 fallecimientos, 96% hombres y 4% mujeres; todas las personas eran cisgénero, tenían entre 18 y 81 años y un promedio de edad de 38 años.
La mayoría de las muertes (34%) ocurrieron durante el primer año de reclusión. El 71% fueron violentas, 10% naturales y en 8% de ellas no fue posible determinar la causa. Dentro de las violentas, 50% fueron de etiología homicida y 50% de etiología suicida. Se constató que la mayoría de los homicidios ocurrieron en espacios comunes y que la violencia más empleada (76% de los casos) fueron heridas penetrantes de arma blanca. ¿Tiene usted padres, hijos, amigos o vecinos presos? Tiemble.
Si leyó hasta aquí y no se erizó ni conmovió, está entre quienes creen que se debe someter a los reclusos a padecimientos y que si violan sus derechos humanos, se lo merecen: revancha o venganza. Aunque fuera solo por egoísmo deberían considerar una advertencia de Petit: “Lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Sus problemas y violencias, lejos de disiparse, volverán a reventar en las calles…”. Como dicen los filósofos populares, todo vuelve porque la rueda no deja de girar.
Aunque se considere ocioso, vale recordar el artículo 26 de la Constitución: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
Como corresponde a un periodista profesional, Gabriel Pereyra denunció en Twitter violaciones morales, sexuales y torturas a un preso en el ex-Comcar. Fue secuestrado en una celda por otros reclusos para extorsionarlo y utilizarlo sexualmente. Publicó su foto de espaldas. Petit dijo que presenta las características de un náufrago: estuvo entre 40 y 60 días olvidado y a la deriva. Nadie se enteró. ¡Insólito y terrible! Observar su espalda consumida, huesos salientes y marcas de torturas con clavos o quemaduras obliga a un esfuerzo para que al nudo que se forma en la garganta no corte la respiración.
Sin embargo, el asesor del ministro del Interior Luis Aberto Heber, Santiago González (Alianza Nacional), director de Convivencia y Seguridad Ciudadana (¡convivencia y seguridad, vaya ironía!) pretendió identificar a quien filtró la foto. Buscó al mensajero para “matarlo” en lugar de asumir lo ocurrido, de lo que también es responsable. Seguro que se lo ordenaron. ¡Y se jacta de haber estudiado periodismo! Repudiable.
