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Recurrentes en el error. Un informe de un medio de prensa publicado a comienzos del año menciona aspectos que no se ajustan a la realidad vinculados a la vivienda de interés social; destaca sus falencias y omite sus cuantiosas virtudes.
Ya ha sucedido con otros medios de prensa.
Pero, sustancialmente, dice que el Estado dejó de cobrar 696 millones de dólares por incentivar la vivienda de interés social. Y este dato es absolutamente reñido con la realidad.
Ya lo hemos dicho reiteradamente. La vivienda de interés social (VIS) se ha construido donde antes no se construía. Es un dato de la realidad y no pretendan distorsionarlo. El promotor privado invertía, diseñaba el proyecto y construía en la rambla y adyacencias de la costa. Ese era su nicho. Pero sucede que dicho nicho venía languideciendo; mucha oferta, poca demanda. Y fue precisamente la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) la que le entregó al presidente electo en aquel momento, José Mujica Cordano, una serie de ideas que fueron el germen de lo que hoy es la VIS. Va de suyo que el gobierno de aquella época se movió diligentemente y la Agencia Nacional de Vivienda nos convocó reiteradamente para ir puliendo el proyecto de ley, primó el diálogo sin duda y luego los cuatro partidos políticos de la época votaron por unanimidad la citada ley.
Retomemos el punto de partida. ¿Cómo va a perder el Estado si nadie iba a construir en el Cordón, La Blanqueada, Parque Rodó, La Figurita, Unión, Aguada, etc.? Y, precisamente, para que los promotores fueran, hubo de otorgarse ciertas exoneraciones fiscales; y el resultado fue óptimo. O sea que el Estado no solamente no perdió la cifra que se menciona sino que ha venido ganando en múltiples aspectos. Genera trabajo, leyes sociales, más y mejores viviendas.
Además los monoambientes y locales comerciales pagan todos los impuestos. Pagan impuestos, además de las leyes sociales, las empresas constructoras, subcontratistas, barracas, profesionales, etc., vinculados a la construcción de las citadas viviendas. Entre IRAE e Impuesto al Patrimonio para 10.000 viviendas de interés social, se puede estimar que se recaudan más de 40 millones de dólares en el período de construcción.
La construcción de las VIS ha empleado a más de 10.000 obreros, no menos de 1.300 millones de dólares de inversión, retribuciones salariales de 433 millones de dólares y más de 250 millones de dólares en leyes sociales.
Además, y fuera de los números, redensifica las ciudades, usando infraestructura subutilizada y se evitan costosas acciones de regularización de viviendas informales.
Tiende a paliar la saturación del segmento alto; amplía la oferta de viviendas para alquilar.
Estos aspectos, entre tantos otros que por razones de espacio debo omitir.
Finalmente, el 100% de la inversión y el riesgo de las nuevas construcciones ha dejado de ser público para ser ahora privado y ello permite al Estado redireccionar sus recursos hacia los sectores más vulnerables.
Los asesores de APPCU, Julio Villamide y Cr. Alfredo Kaplán, han enriquecido esta prosa con datos.
La ley es perfectible y APPCU está en contacto con el presidente y el Directorio de la ANV para tender a ello.
Pero sin duda, es la ley en vivienda más virtuosa en los últimos 40 años. Negarlo luciría extraño.
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