Vivir del narcotráfico es una “cuestión natural” en algunos barrios

Es “un problema social realmente importante” y para evitar que siga creciendo “el Estado debe tener una intervención social importante”, advirtió el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez.

Por esa razón, dijo que el artículo que más le inquieta es el que vuelve “inexcarcelable el suministro” de drogas. “Me preocupa que el impacto de este proyecto sea un aumento de la población carcelaria de mujeres por microtráfico, con todo el impacto que eso tiene, pues se trata de mujeres pobres y, en general, ahí la tasa de fecundidad es más alta y hay más niños involucrados en todo esto”, dijo. “Se trata de una pregunta sobre el impacto de esta legislación para ese fenómeno que ya tenemos instalado”.

 El artículo 9º del proyecto a estudio del Senado dice que el Mides y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “deberán evaluar” si a raíz de un procesamiento “estuvieren siendo afectados derechos de terceros que mantengan vínculos familiares, afectivos o de dependencia económica con los imputados”. El artículo 10º dispone que en caso de que fuera constatada la situación prevista, el Mides y el INAU “deberán brindarles atención y seguimiento a los terceros afectados, integrándolos a los planes sociales específicos, de acuerdo a sus respectivas competencias”.

“Mi mamá tiene que vender droga”. 

Vázquez advirtió que en algunas zonas “la venta de drogas no es (vista como) un delito”, sino como “una cuestión habitual”.

Entre el 1º de enero y el 31 de julio del 2015, la Justicia procesó a 8.014 personas, según datos de la Dirección Nacional de Policía Científica divulgados por el Ministerio del Interior. Del total, 90,6% son hombres y 9,4% mujeres. Sin embargo, en el caso de los procesamientos por delitos vinculados al narcotráfico (819), el 76,4% son hombres y el 23,6% mujeres.

El 23,6% de los procesados por delitos de narcotráfico (193) son mujeres. En el caso de las rapiñas, las mujeres representan el 4,3% de los 608 procesados, mientras que en el caso de los hurtos son el 6,2% de los 2.499.

“Voy a contarles algunas experiencias”, prosiguió el subsecretario. “Algunas maestras de escuelas de contexto crítico nos dicen que después de que los niños tienen confianza con ellas les dicen, por ejemplo: Maestra: me tengo que ir a las cinco de la tarde. No me puedo quedar ni un ratito más porque mi mamá tiene que vender droga y mi hermana hace la prostitución, y tengo que cuidar a mis hermanos menores. Eso se ha incorporado como una cuestión natural en la vida de las familias involucradas en este problema. Por tanto, entendemos que la participación del Ministerio de Desarrollo Social en lo que hace a la protección social de las mujeres, niños y adolescentes va a permitir cortar este mecanismo de reproducción ampliada de gente vinculada a las drogas, sobre todo, niños y mujeres”. 

Para el jerarca, “es sumamente importante que se aplique un mecanismo de protección social para evitar que el fenómeno de las bocas de venta de drogas siga reproduciéndose en forma ampliada y, sobre todo, a expensas de las mujeres y de los niños y adolescentes. Por cierto, los niños también son utilizados para transportar drogas; a veces, vestidos de escolares y con sus mochilas, pasan droga de un barrio para otro”, expresó.