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Uno de los fracasos más grandes a escala global ha sido el combate al narcotráfico por vía de la prohibición al consumo y represión a la comercialización. Mientras los narcos gozan de buena salud, los Estados padecen de altos gastos, corrupción, chantajes y muertes. ¿Hasta cuándo?
Los argumentos para prohibir y reprimir el consumo de drogas son los mismos hoy que los que hace cien años se utilizaron para imponer la “ley seca” en Estados Unidos y así pretender terminar con los daños que causaba el consumo de alcohol: ausentismo laboral, violencia doméstica o pobreza.
En 1919, el senador Andrew Volstead (promotor de la ley junto a Wayne Wheeler), decía: “Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del Infierno”.
Ni la ley ni la represión lograron curar esta “enfermedad”, pero sí diseminaron otras mucho peores. La gente empezó a fabricar sus propios licores, muchos de ellos de pésima calidad, lo que provocó enfermedades más dañinas que una borrachera. Al igual que hoy proliferan las “bocas” de venta de pasta base, durante la “ley seca” proliferaron los bares clandestinos: se estima que en 1925 había unos 100.000 por todo EE.UU.
Para “controlar” la aplicación de la ley, se destinaron millonarios recursos financieros y humanos que fracasaron en su vano intento. Más de 1.500 agentes federales (con el famoso Eliot Ness y sus “intocables”) arrestaban desde simples bebedores a fabricantes y distribuidores clandestinos, pero apenas confiscaron el 5% de las importaciones. Hoy sucede lo mismo con la cocaína: celebran descubrir un contenedor con 4.500 kilos, pero el grueso se escurre como arena entre las manos.
La “ley seca” no logró ninguno de sus altruistas propósitos, sino todo lo contrario: no bajó el consumo de alcohol, ni la cantidad de bebedores; los homicidios aumentaron casi un 80%; los presos federales se multiplicaron por siete y la corrupción empezó en el policía de la esquina, siguió con el comisario, el alcalde, el juez, el congresista y pudo llegar hasta la Casa Blanca. Mucho peor el remedio que la enfermedad.
Esto no debería llamar a sorpresa. Todos los mercados restringidos o limitados tienen estas consecuencias: aumento de precios, baja de calidad, escasez, mercados paralelos, corrupción, menor recaudación impositiva, violencia y pérdida del control del Estado.
Al aumentar los riesgos en la producción y comercialización, aumentan enormemente las ganancias de los narcos, quienes pueden formar un Estado paralelo, como ya sucedió en Colombia y México. Pablo Emilio Escobar Gaviria (el mayor narcotraficante de todos los tiempos) quería hacer de Colombia un “narco-Estado”, infiltrándose en todas las esferas del poder mediante su simple y efectiva propuesta: “plata o plomo”.
Ahora el expresidente José Mujica (promotor de la regulación del consumo de cannabis), propone regular también el consumo de las llamadas “drogas duras”. Antes de morir, el expresidente Jorge Batlle se mostró afín a la regulación, y actualmente lo han hecho el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y, paradójicamente, John Jairo Velázquez Vázquez (alias Popeye), el principal sicario de Pablo Escobar, quien sostiene que si quieren terminar con “su” negocio, deben despenalizar el consumo y la comercialización.
Permitir la venta de cocaína en farmacias, con productos elaborados por laboratorios bajo controles de calidad (y no fabricados en medio de una selva), no solo tiene un argumento práctico sino moral: y es que cada individuo adulto, en uso de sus facultades y asumiendo las consecuencias de sus actos, decida si quiere consumir agua pura, vino, whisky, tabaco, marihuana, dulce de leche o cocaína.
En una sociedad libre, debemos partir de la presunción de que son los individuos, no el Estado, quienes deciden lo que les conviene hacer con sus propias vidas. Y para tomar buenas decisiones, el Estado sí deberá informar, sí deberá educar, sí deberá prevenir, pero no debería prohibir.
