El financiamiento de la política es cada vez más un serio problema para la vida democrática de las naciones. Alcanza con prestar atención a las investigaciones judiciales en Argentina y Brasil sobre las tramas de corrupción desarrolladas por los gobiernos “progresistas” de ambos países.
Comportamientos corruptos tanto para disponer de cuantiosos recursos para enriquecerse y atrincherarse en el poder (el caso argentino), como para financiar la compra de voluntades en el Congreso o para bancar campañas y actividades políticas (el caso brasileño).
Resulta obvio que el conocimiento de este modus operandi político, asociado al fracaso de sus políticas económicas, fueron causas principales de la derrota electoral del kirchnerismo y de la crisis que tiene contra las cuerdas y al borde del knock out al gobierno petista encabezado por Dilma, al que Lula procura apuntalar en un esfuerzo por salvar su propio pellejo y su futuro político.
El aprovechamiento de las posiciones de poder, el empleo de recursos públicos para construir “hegemonía política”, supone el abuso en las funciones delegadas por los ciudadanos. Hegemonía que se pretende justificar, como en el pasado, bajo la premisa de que todo fin superior justifica los medios a emplear.
¡Y vaya si, para quienes se han propuesto refundar un país desde una proclamada superioridad moral, enarbolando nuevos valores, constituye un fin superior la defensa de los intereses de los más desprotegidos y carenciados en regiones que registran más altos índices de desigualdad social!
La experiencia histórica, desatendida por quienes así piensan y actúan, demuestra que los proyectos de ingeniería social que desconocen la condición humana fracasan estrepitosamente cuando se toma el atajo de aceptar que fines supuestamente loables justifican cualquier procedimiento o conducta.
Los comportamientos corruptos expuestos por las investigaciones judiciales en curso en Brasil son un factor que contribuye al descreimiento y desánimo de los ciudadanos, al debilitamiento de las lealtades y adhesiones partidarias, a una suerte de nihilismo que da pie a la gritería que expresa la demanda del talud: “que se vayan todos”.
Tanto el kirchnerismo como el petismo llegaron al poder, como suelen hacerlo las fuerzas de izquierda, aprovechando situaciones de crisis e insatisfacción popular. Lo hicieron proclamándose defensores de los intereses del pueblo, presentándose como adalides de la ética política y la justicia social, generando la ilusión de que sus gobiernos barrerían la corrupción y los privilegios, que construirían un tiempo de prosperidad y felicidad.
Mientras pudieron aprovecharon la década de valorización de las materias primas y el ingreso de capitales, expandieron el gasto público y aplicaron políticas redistributivas que lograron temporalmente sacar de la pobreza a millones de sus compatriotas. El error fue creer que la coyuntura económica, que tanto les benefició durante una década y les permitió construir “hegemonía de poder” con recursos públicos, no tenía reversa.
Creer que la ola “progresista” instalada en la región y la “solidaridad bolivariana” tenían asegurado el futuro, que habían llegado para quedarse y que por tanto no importaban los procedimientos con tal de lograr los objetivos proclamados, fue su gran error.
En su delirio de convertirse en líder de la izquierda regional en el poniente de la vida política de Fidel Castro, la generosa chequera de Hugo Chávez, cuyo liderazgo político surgió paradójicamente a partir de un fallido intento de golpe de Estado, construyó una red de influencia política basada en prácticas corruptas.
En la madrugada del 4 de agosto de 2007 una inesperada inspección aduanera en Aeroparque (Buenos Aires) dio una pista de la trama corruptora e intervencionista del chavismo. Un empresario venezolano, llegado a Buenos Aires desde Caracas en un avión contratado por jerarcas de Enarsa y PDVSA, pretendió ingresar sin previa declaración aduanera una maleta con U$S 800.000. Otras cinco maletas del grupo viajero pasaron sin ser inspeccionadas. Tiempo después, Guido Antonini Wilson, el maletero, declaró en una investigación del FBI que el dinero era para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández. Dos días más tarde, Chávez aterrizó en Ezeiza para suscribir varios acuerdos bilaterales y adquirir bonos de deuda argentina por U$S 1.000 millones, un balón de oxígeno para contribuir al triunfo un par de meses después, del oficialismo.
En estos días la prensa española ha vuelto a informar sobre los contratos de asesoramiento, millonarios en euros, que el gobierno venezolano suscribió desde 2002 con una fundación cuyos directores son Pablo Iglesias y los principales dirigentes de Podemos, nueva formación de la izquierda marxista española.
Por aquí y por allí, el chavismo ha ido comprando amistades y lealtades políticas. Prácticas aceptadas en nombre de una real politik que se les cuestiona a otros.
En nombre del pragmatismo político, de necesidades impuestas por la acción de gobierno y del objetivo de mantener el favor de los electores, el idealismo proclamado y la ética política son dejados de lado.
El “mensalão” y el “lava jato” son consecuencia de la justificación de medios y procedimientos por fines supuestamente “loables”. Pero para nada desinteresados en el objetivo político de mantenerse en el poder.
Ahora, como testigo protegido, Leonardo Fariña acaba de revelar ante la Justicia argentina cómo operaba la trama de lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Baez, una sociedad que funcionó desde los tiempos de Néstor Kirchner al frente de la gobernación de Santa Cruz. Aludió a un sistema sencillo que tenía cinco fases: 1) sobreprecio en la obra pública; 2) adelantamiento financiero de obra; 3) facturación apócrifa; 4) cohecho; 5) lavado de activos.
Una operación fácil, ingeniosa, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los contribuyentes.
La operación “lava jato” en Brasil era bastante similar.
Y por casa, ¿cómo andamos? ¿No hay aquí construcción de hegemonía política?
¿Buena parte de las comisiones de los negocios con Venezuela no son, por vía indirecta, un aporte al financiamiento de actividades políticas?
¿El descontrol en los gastos y las pérdidas registradas en los últimos años por Ancap, las “irregularidades” denunciadas por la oposición sobre la gestión del ente estatal, que investigará la Justicia, no están relacionadas con la promoción de candidaturas políticas?
Estas tramas no son patrimonio de los gobiernos progresistas. Una investigación que se lleva adelante en Chile investiga los aportes ilegales efectuados por un grupo financiero y una empresa minera a candidatos de la derecha y de la izquierda durante la campaña electoral de 2014.
Es curioso que políticos que suelen esmerarse en regular y controlar todo tipo de actividades privadas actúen con tanta liberalidad a la hora de impedir abusos de poder, mejorar la vida política del país y la calidad de sus instituciones democráticas.
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