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Nada cambió. La Ley de Urgente Consideración (LUC) sigue vigente —ahora con un respaldo popular más explícito— después de varios meses de perorata sobre temas no muy transcendentes y un buen dinero gastado. Habíamos concluido en esta página editorial que un referéndum de este tipo no sería fácil de superar para el gobierno. Sin embargo, lo consiguió sin demasiado sobresaltos, con una votación similar a la de noviembre del 2019, que ubicó a Luis Lacalle Pou al frente de la presidencia de la República. De hecho, el presidente confirmó en esta instancia electoral la fuerza de su popularidad después de dos años de gestión y habiendo atravesado con buena nota la crisis sanitaria.
El mensaje de la ciudadanía parece ser como una bofetada a esta forma de abusar de la “democracia directa” y muestra a su vez que la mayoría cree en la democracia representativa y por lo tanto en sus representantes. El votante, ante lo intrincado del planteo y lo inconveniente de la propuesta de trasladar el trabajo legislativo a manos de la población en general, decidió no cambiar demasiado su voto respecto a las últimas elecciones. Algo así como: “Nosotros seguiremos votando lo mismo y ustedes sigan con el trabajo encomendado”.
En estos días, la oposición y también algunos politólogos que se adhieren a una corriente “políticamente correcta” instalaron la idea de que hay un cambio en la correlación de fuerzas entre oficialistas y opositores y que por lo tanto el gobierno deberá manejarse de otra manera. No es lo que dicen los números: el porcentaje que consiguió la fórmula del Frente Amplio en la última elección presidencial es casi igual al del Sí, nada que justifique una necesidad nueva para el gobierno.
Lacalle Pou por su parte finaliza esta instancia con casi el mismo porcentaje de votación que en noviembre de 2019, después de dos años del desgaste, algo inevitable para cualquier gobierno y con una sorpresiva pandemia desde el primer minuto. Esto, enfrentando una campaña que recurría mucho a una idiosincrasia no muy propensa al cambio que prevalece en nuestro país y que en el pasado hizo triunfar a otros referéndum con un tono político similar.
Con este apoyo a la LUC queda consolidado un camino distinto al que proponía la izquierda en materia de educación, seguridad y justicia. También se confirman otros artículos importantes, como los que desactivan los piquetes, ocupaciones y garantizan la libre circulación de empresarios y empleados, los que relativizan la bancarización obligatoria y los que permiten la portabilidad numérica, alquileres sin garantía y la racionalización de las adopciones.
Arranca hoy una nueva etapa del gobierno, habiendo convalidado las herramientas que entiende que necesita para alcanzar una buena parte de sus objetivos en los años que restan de mandato. Habrá otro tipo de desafíos, como una inflación internacional ahora agravada por la guerra en Ucrania, que la actual administración deberá enfrentar con la indeseable carga de un Estado muy pesado. Se acercan momentos en que muchos desearán haberse tomado más en serio los recortes y ajustes estatales.
Contrariamente a lo que también aseguran algunos politólogos —en la línea de considerar a la votación del Sí como especialmente buena—, da la impresión de que los que lideraron la campaña prorreferéndum perdieron peso y comenzarán a desdibujarse con el tiempo y los candidatos naturales del Frente Amplio, que en esta ocasión no arriesgaron mucho, irán tomando las riendas.
Tendrán, eso sí, la desafiante tarea de recuperar a su colectividad política del control del PIT-CNT para volver a ser una opción de gobierno.
En todo caso, quedó demostrado que la ciudadanía tiene más inteligencia que sus dirigentes políticos para transitar estos momentos. El mensaje de la mayoría se podría leer así: “Ya votamos y votamos por un cambio a lo que se venía haciendo en los 15 años de administraciones de izquierda. Le quedan casi tres años al gobierno para mostrar si merece nuestra confianza. Les devolvemos las herramientas que pidieron: adelante”.
