Zancadillas a Lacalle y a la coalición

La columna de Raúl Ronzoni

6 minutos

Nº 2082 - 30 de Julio al 5 de Agosto de 2020

¿Cuál fue el objetivo real de los legisladores de Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Lust, para solicitarle al presidente Luis Lacalle Pou que destituyera al fiscal de Corte, Jorge Díaz, por ordenar una investigación administrativa a la fiscal Natalia Charquero?

Charquero y su colega Paola Nebot —ambas subrogantes de la fiscal de Colonia, Eliana Travers— ratificaron el archivo que esta había dispuesto en el caso del exintendente blanco de Colonia, Carlos Moreira, denunciado por abuso de poder. Tres fiscales coincidentes: no hay delito y debe archivarse.

Las presunciones sobre la intención de Domenech y Lust pueden ser varias. Pero lo indiscutibles es que como experimentados abogados tenían claro que la destitución jamás ocurriría, tanto por razones formales como políticas y sin embargo optaron por inducir en error a los electores.

Para cesar a Díaz el camino constitucional requiere los tres quintos de votos del Senado. La coalición de gobierno tiene 18 y se necesitan 19. Imposible. Quizá ni siquiera 18.

Al cacareo del dúo se sumaron algunos legisladores blancos y colorados para cuestionar la medida. Con ingenuidad le hicieron el caldo gordo a los cabildantes.

Domenech y Lust también sabían que si se produjera la destitución tampoco alcanzarían los tres quintos de votos para el sustituto de Díaz, que debe ser propuesto por el presidente de la República (artículo 168 de la Carta). Esa situación le originaría al gobierno un debate político de improbable solución que se extendería a todo el sistema. Bien lo sabían.

En 2012 el presidente José Mujica propuso a Díaz y lo votaron todos los partidos. Díaz cesa el 17 de abril de 2022 y Lacalle Pou deberá sudar para alcanzar los tres quintos para un nuevo fiscal. O no. De repente opta por un triunvirato, una fiscalía colegiada como propone el exfiscal penal y diputado colorado Gustavo Zubía. Para esa insólita propuesta también se requieren votos o una repartija política de los cargos. ¡Vaya garantía!

¿Fue el pedido de destitución una zancadilla al presidente y a la coalición multicolor? Así parece. Alguien puede suponer que Domenech y Lust desarrollaron una estrategia para desgastar al gobierno y a sus compañeros de ruta. ¿El objetivo?: captar votos radicales de derecha, blancos y colorados, vendiéndoles espejitos de colores. Lust sostiene que Cabildo Abierto debería dejar la coalición si no se produce la remoción de Díaz. Baladronada de guapo de barrio sin posibilidades ni fundamento.

“Si alguien no está interesado en que este gobierno termine bien, es Cabildo Abierto. Esa es su movida y este es un aviso muy claro”, advirtió Esteban Valenti la semana pasada en su columna de Montevideo Portal que tituló La política de la caverna.

¿Acaso en esa “movida” intervino “El Consejo”, un grupo clandestino de oficiales que controla las riendas de Cabildo Abierto? Su existencia la denunciaron algunos de sus integrantes la semana pasada en Búsqueda en una nota de Juan Pablo Mosteiro.

Pero vayamos al meollo del escandalete para conocer los fundamentos legales sin que importe el resultado final.

¿Qué es una investigación administrativa? El Decreto 500/91 habilita ese procedimiento para determinar actos o hechos irregulares o ilícitos. El instructor sumariante, el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, tiene 60 días corridos para terminarla y solicitar una sanción si cree que corresponde. Terminará mucho antes.

¿Qué trata de determinar? El periodista Carlos Peláez publicó en su cuenta de Facebook que en 2014 Charquero formó parte de un grupo de asesores en seguridad del presidente Lacalle Pou, que también integró Moreira. Peláez publicó una foto del equipo de seguridad en la que están Charquero y Moreira.

La investigación no busca establecer si el fondo de la resolución del archivo está bien o mal. Lo que busca determinar es si la fiscal debió excusarse de intervenir en el caso. Según la ley un fiscal debe excusarse cuando exista interés personal en el proceso, afecto, parentesco o enemistad. También puede abstenerse por razones de decoro o delicadeza. Esa omisión constituye una falta grave.

¿En 2014, cuando Charquero integró el grupo de asesores de Lacalle, era fiscal? No. Ingresó al Ministerio Público en junio de 2019. ¿Su eventual interés personal o partidario caducó con el paso de los años? La respuesta la dio la propia Charquero el 30 de marzo de 2019. En un eufórico posteo en Instagram que publicó El País admitió haberse “erizado” durante el acto de lanzamiento de la campaña de Lacalle Pou. “Seguiré luchando por mi Partido, por mi sector y por mi 404 desde donde sea…, sostuvo”. Ya sabía que en 2017 había ganado un cargo de fiscal en un concurso de oposición y méritos. Tres meses después del posteo su venia fue votada por el senado y asumió en junio.

Más tarde la diaria informó que el 30 de junio el padre de la fiscal, José Charquero, fue designado director de Gestión Humana del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) de UTU, y el 10 de marzo su madre, Adriana Martínez, fue designada directora del Registro de Estado Civil. Efectos colaterales.

¿Existe alguna posibilidad de que la investigación anule el dictamen sobre Moreira? De ninguna manera. Está firme y el caso se archivará. Por otra parte está también firmado por la fiscal Nebot, limpia de cualquier salpicadura.

Si Díaz no hubiera dispuesto la investigación administrativa habría cometido una falta grave o, ante la publicidad del hecho, le habrían imputado proteger a Charquero.

El coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, admitió que Charquero “tuvo en el año 2014 participación en la militancia de un partido político. Una vez que ingresó a la Fiscalía, desapareció esa militancia política y hoy no está militando en ningún partido porque si lo hiciera sería incorrecto”.

¿Qué se entiende por militancia? ¿Refiere a la actividad pública en favor de un partido político? El diccionario de la Real Academia tiene la repuesta: es la “Pertenencia de una persona a un grupo o una organización, especialmente a un partido político”, pero también es la “Adhesión a determinadas ideas y defensa de las mismas”.