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Como primer punto, planteó implementar la regulación de distribución aprobada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y “bloqueada en 2024”, que “generaría una reducción estimada del 40% en los costos de distribución (aproximadamente $ 4 por litro)”.
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Se considera que su implementación progresiva, con períodos de transición negociados pero vinculantes, “es la medida de mayor impacto inmediato sobre el precio al consumidor”.
La gremial también propone “eliminar subsidios cruzados en Ancap y hacerlos explícitos”. El punto refiere a los subsidios “actualmente embebidos en el precio de los combustibles (pórtland, bioetanol, supergás, Fideicomiso Transporte)”, que “deben ser identificados, cuantificados y trasladados al Presupuesto Nacional”.
Por otra parte, se plantea “restaurar las competencias originales de la Ursea”, con el “mandato explícito de velar por tarifas alineadas a costos económicos eficientes, permanencia de directores desvinculada del ciclo político y poder efectivo de fijar precios máximos”.
Además, la Federación Rural sostiene que Ancap “debería concentrarse en las actividades de importación, refinación y distribución mayorista de combustibles” y que las actividades no energéticas, como “pórtland y bioetanol, a pérdida, deberían cerrarse” o pasar al sector privado.
También se planteó “establecer criterios técnicos para la designación de directorios y gerencias de Ancap, con incompatibilidades respecto a cargos políticos”. Y “transparentar la información financiera y de gestión, separando contablemente los negocios energéticos de los no energéticos”. Así como “evaluar la apertura parcial del capital accionario como mecanismo de disciplina de mercado”.
El sexto punto plantea evaluar la apertura a la libre importación de combustibles, que “permitiría la formación competitiva de precios y eliminaría la posibilidad de renta monopólica”.
Por otra parte, “eliminar las restricciones artificiales a la entrada de nuevas estaciones de servicio (distancias mínimas, sellos exclusivos), permitir que distribuidores y minoristas establezcan contratos libremente y habilitar la competencia de precios a nivel minorista con fijación de precios máximos como salvaguarda transitoria”. Y agrega que el desarrollo del transporte eléctrico y a gas natural “mejora las condiciones para esta liberalización”.
Por último, en el documento elaborado por la Federación Rural se propone “revisar la obligación de mezcla con biodiesel (5%) y etanol (hasta 9,8% en naftas) a precios superiores a la paridad internacional”, que representa un “subsidio implícito a Alur, cuyo costo se traslada a todos los consumidores de combustibles”.
