El trabajo de los técnicos del INIA indica que en un mercado de este tipo “no es posible determinar a priori el precio de equilibrio”, que surge de una “negociación entre las partes”. El desarrollo de las negociaciones y la posibilidad de alcanzar un acuerdo pueden analizarse mediante la “teoría de juegos”, plantea.
Estrategia de fidelización
El informe señala que el APP se limita exclusivamente a la “fijación del precio base”, sobre el cual opera una “tabla de premios y descuentos por calidad”, además de una “prima” para ciertas variedades (Olimar y Tacuarí).
Además, los aspectos específicos que definen la relación anual entre cada arrocero y el molino al que remite son asuntos que conciernen de manera exclusiva al “contrato individual” que vincula a ambas partes, según el informe.
Como parte de una “estrategia de fidelización”, advierte, “muchos molinos” arroceros ofrecen diversos servicios técnicos y financieros a sus productores asociados.
Sostiene a su vez que los resultados presentados en el trabajo de la Unidad de Economía Aplicada del INIA representan la “mejor estimación posible a partir de información de carácter privado, no disponible”. Si bien “no reflejan situaciones particulares de los productores, permiten extraer algunas conclusiones generales”, reconoce el trabajo.
Plantea también que el acuerdo de un precio negociado implica “un toma y daca en el que ambas partes procuran reducir sus costos de transacción”. Por un lado, la ACA aspira a “garantizar la comercialización de su arroz en el mercado externo a un precio satisfactorio”; por otro, la GMA busca “asegurar el suministro de su materia prima esencial de forma rentable”, se indica.
Al valorar la vigencia del acuerdo, el informe advierte que “ningún sistema de precios negociados funciona a largo plazo si los márgenes económicos se vuelven persistentemente negativos para alguna de las partes, salvo que intervenga una variable externa”.
La “principal fortaleza” del APP ha sido su flexibilidad”, no solo por contar con su propio “sistema de arbitraje”, sino también por su “capacidad de recurrir a nuevas e innovadoras herramientas”, como el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA), sostiene.
El análisis y el proceso
La mecánica del proceso anual de negociación implica que el precio pagado al arrocero (PA) es lo que queda después de restar el precio de exportación (PM), que constituye su ingreso bruto, los costos de la industria (CM) y un margen para el molino (MM), en principio prestablecido en 3% del precio de exportación, según el trabajo del INIA.
Señala que, a su vez, el margen del arrocero (MA) es la diferencia entre el ingreso total (PA) y el costo total de producción (CA).
Si el precio medio de exportación es suficiente para que los arroceros y los molinos cubran al menos sus costos medios y, mejor aún, si los márgenes de ganancia de ambos resultan positivos, el acuerdo entre la ACA y la GMA es altamente probable, plantea el documento.
Y considera que, de lo contrario, hay que verificar si el mecanismo de arbitraje previsto en el PPS fue suficiente para destrabar las negociaciones o si debió recurrirse a herramientas alternativas, como el FFRAA.
El estudio de los investigadores abarcó las últimas 30 campañas arroceras, desde 1995-1996 hasta la última con información completa (2024-2025), e incluyó dos instancias.
La primera consistió en estimar numéricamente las soluciones obtenidas del PPS para cada zafra del período. A partir de las series anuales de PM y PA, y tras reconstruir CM y CA año tras año, fue posible determinar en qué condiciones los resultados del PPS permitieron una distribución satisfactoria de los márgenes positivos MM y MA entre ambas partes.
La segunda implicó estimar un modelo autorregresivo, con rezagos distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta que el precio al productor (PA) depende del precio de exportación (PM), el modelo ARDL permite determinar si dicha relación ha sido estable a lo largo del tiempo o, por el contrario, si se han producido alteraciones en las estructuras de costos de unos u otros que la hayan alterado, de acuerdo con el informe.
El trabajo reconoce que una limitación del estudio es que la información utilizada por la ACA y la GMA en sus negociaciones anuales es privada y no está disponible públicamente, salvo el valor de PA acordado, expresado en dólares por bolsa de arroz paddy.
Aunque las estadísticas de exportación de arroz están disponibles, para expresar el valor de PM de la misma forma (dólares por bolsa), el valor monetario exportado de cada producto (paddy, integral, blanco y quebrado) debe transformarse en bolsas de “paddy equivalente”, según los rendimientos promedio de molienda, aclara el informe.
Describe además que, siguiendo un método de costeo ya utilizado en diversos trabajos de investigación del equipo de Economía Aplicada del INIA, las estructuras de costos correspondientes (CX y CM) se estimaron mediante el modelado del sector primario como un “productor arrocero” a escala nacional, que refleja las condiciones tecnológicas del cultivo en el país.
Asimismo, el sector industrial se representó mediante un “molino agrícola” (GMA) representativo, considerando las condiciones tecnológicas vigentes para el procesamiento del cereal, indica el texto. Y señala que en ambos casos todos los valores se expresaron en dólares por bolsa de arroz paddy sano, seco y limpio.
Para una “mejor interpretación” de los resultados, el análisis consideró otra información relevante: número de productores, superficie cultivada, producción y rendimientos, nivel de concentración industrial y cuota de mercado de los molinos signatarios de la GMA, zafras definidas mediante arbitraje y períodos en los que se aplicaron descuentos derivados de cada una de las cuatro ediciones del FFRAA, explican.
Sube y baja en 30 zafras
En un cuadro incluido en el estudio se presentan datos en columnas de producción y exportación en miles de toneladas de arroz paddy y de paddy equivalente, respectivamente. Durante el período analizado, de la zafra 1995-1996 a la 2024-2025, ambas columnas crecieron alrededor del 70%.
En promedio, Uruguay exportó el 92% de su producción anual. Si bien el modelo utilizado asume que todo el arroz exportado durante el año comercial proviene de la producción de la zafra correspondiente, en la práctica no siempre ocurre así, y existe cierto traslado entre zafras, según el informe.
Respecto al resultado del APP, el estudio señala que, al deducir el costo de producción (CA) del arrocero del precio final acordado (PA), se advierte que “el margen del arrocero (MA) fue negativo en siete de las 30 zafras” analizadas.
La primera fue en 1999-2000, año en el que el precio se determinó mediante arbitraje. Tanto en la zafra anterior como en las dos siguientes, el margen fue “muy escaso”, considera.
El informe recuerda que este período se caracterizó por los “bajos” precios internacionales del arroz y la “debilidad” del dólar, lo que elevó los costos no comercializables pagados en moneda nacional.
Adicionalmente, la crisis financiera de los primeros años de este siglo dejó al sector arrocero “fuertemente endeudado”, lo que derivó en la creación del primer FFRAA, indica el estudio.
Repasa a su vez que durante este período los precios internacionales aumentaron en los primeros años, alcanzaron un “máximo histórico” en 2007-2008 (US$ 22,96 por bolsa) durante el auge de los precios de las materias primas, y luego comenzaron a disminuir.
Con “gran esfuerzo” los productores arroceros hicieron frente al repago de las cuatro ediciones que, en forma superpuesta, se extendieron hasta la cancelación definitiva del FFRAA IV en 2023, advierte.
El trabajo del INIA señala que en 2010-2011 se produjo el segundo arbitraje del período y, en 2018-2019 el tercero, y que este no siempre se originó como consecuencia de un precio de exportación “bajo”, sino por “diferencias en la distribución de excedentes”.
Los FFRAA, por el contrario, surgieron de márgenes “negativos” y del “endeudamiento resultante”, sostiene el documento.
Y plantea que de 2014-2015 a 2018-2019, inclusive, los márgenes estimados fueron, en promedio, “negativos”. Tras un período de recuperación, a partir de 2019-2020, la importante caída de los precios de exportación volvió a determinar un margen “negativo” en la última zafra con precio final establecido (2024-2025).
Otros resultados significativos de la evaluación del período de 30 zafras por el INIA muestran que “la concentración de la industria molinera no registró cambios sustanciales”, pero el “peso de los costos no transables”, mano de obra (26% a 32%) y energía y combustibles (17% a 26%), “creció del 40% al 60%” en 30 años.
Para el productor arrocero el costo de la mano de obra no se estimó por separado, sino dentro de los rubros restantes, se aclara en el trabajo.
Y se detalla que el peso de los costos de insumos aumentó en el período, de 36% a 42%, y los costos de riego disminuyeron levemente (2%), mientras que el uso de maquinaria y los trabajos agrícolas disminuyeron apenas 1%.
Otros costos, incluidos los fijos, se mantuvieron relativamente “estables”, en tanto que el rendimiento nacional creció de manera “constante” (46%) durante el período, de 6,4 a 9,4 toneladas por hectárea, destaca el estudio.
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