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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un lapidario informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El texto, que hace hincapié en los últimos dos años del gobierno de Nicolás Maduro, habla de un “profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela”.
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La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su informe, titulado Situación de los derechos humanos en Venezuela, sostiene que en ese país “quienes disienten con el gobierno sufren serias represalias”.
“La Comisión identificó la existencia de serias restricciones y actos estatales que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y libertad de expresión, lo que la lleva a afirmar la existencia de un serio deterioro en la vigencia de estos derechos”, agrega la comisión.
En otro pasaje sostiene: “es inaceptable para la CIDH el número de personas muertas y detenciones producidas en el marco de operativos para reprimirlas arbitrariamente. Miles de personas fueron detenidas por manifestarse públicamente. La mayoría de estas detenciones se realizaron sin orden judicial ni flagrancia, de camino, durante o luego de una manifestación, o incluso sin participar en ellas, por el simple hecho de ser consideradas como partidarias de la oposición”.
Para el organismo de la OEA “resulta alarmante” que personas detenidas “hayan sido sometidas a actos de tortura, otros malos tratos y violencia sexual”. Además, señala que en las manifestaciones de 2017 murieron “cientos de personas” a manos, en su mayor parte, de las fuerzas represivas del Estado.
El informe es un duro golpe para Maduro y su gobierno, que lo rechazaron, por considerarlo parcial y “poco objetivo”, ya que no tomó en cuenta “la gran mayoría de la información oficial” que presentó el Estado venezolano ante el pedido de la Corte.
Cuatro ejes.
El informe está organizado en torno a cuatro ejes principales, que representan las preocupaciones centrales de la CIDH respecto del país: institucionalidad democrática; protesta social y libertad de expresión; violencia y seguridad ciudadana; y derechos económicos sociales, culturales y ambientales
“Desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017. La crisis que atravesó Venezuela durante este año se debe a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo”, señala el documento.
Para la CIDH, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela “se relaciona estrechamente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, adoptadas en abierta contradicción con el orden constitucional”.
“Dichas decisiones representan injerencias en la Asamblea Nacional y afectan el principio de separación de poderes. Asimismo, los altos niveles de corrupción en Venezuela debilitan aún más la institucionalidad estatal”, agrega.
Según el organismo y su investigación, toda esta situación impacta profundamente en los ciudadanos de Venezuela, “quienes enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública”.
El informe registra el aumento de la violencia y la criminalidad en los últimos años. “Esto afecta la vida diaria de toda la población e impacta principalmente a personas y grupos históricamente discriminados y en situación de especial vulnerabilidad. Preocupa a la CIDH que la respuesta estatal ante este fenómeno ha estado marcada por la militarización de la seguridad ciudadana y el involucramiento de civiles en tareas de seguridad”, sostiene sobre este punto el organismo.
Crisis económica.
“A la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, se le suma una crisis socioeconómica caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos. También se registran serias afectaciones al derecho a la educación y a la vivienda. Los índices de pobreza y pobreza extrema en Venezuela son alarmantes”, señala el texto.
Y la CIDH sigue insistiendo sobre el punto del accionar represivo y totalitario del Estado venezolano: “quienes han buscado actuar para cambiar la crítica situación que vive Venezuela han encontrado como respuesta un Estado que reprime fuertemente las manifestaciones públicas y protestas sociales, con total falta de tolerancia y respeto a los derechos humanos”.
Para estos comentarios, la OEA se basa en la evidencia de las más recientes protestas sociales, donde “como ha pasado anteriormente”, cientos de militares “dominaron las calles” y se utilizaron armas de fuego directamente contra ciudadanos y “se permitió y alentó el involucramiento de personas civiles en los actos de represión”.
La Comisión nota que, en términos generales, “los referidos actos muestran un desprecio por el estado democrático de derecho y valores consustanciales a este, como el pluralismo político, el respeto por la dignidad de la persona humana y el principio de legalidad en la actuación estatal que brinda su propia Constitución”.
“Garantizar los derechos y libertades de una sociedad democrática requiere un orden legal e institucional en el que la ley prevalezca sobre la voluntad de los gobernantes de turno, y en el que existan controles judiciales de la constitucionalidad y legalidad de la acción del poder público. La Comisión Interamericana considera que, por más noble que sea la misión que se propone alcanzar un gobierno, debe respetar estos límites”, sentencia.
